Reinicio de los diálogos en el Caso Majaz

Por: Julia Cuadros
Fuente: El Tiempo
11/03/2009

Los permisos legales y los vacíos en la normatividad.

Han hecho falta 2 comuneros fallecidos, 28 torturados, 35 acusados de terrorismo y más de 300 dirigentes, autoridades, funcionarios municipales, especialistas, miembros del equipo técnico, defensores del medio ambiente, procesados judicialmente, dos procesos de diálogo frustrados, una exitosa consulta vecinal y luego 4 meses de gestiones ante la Presidencia del Consejo de Ministros, para que se abran nuevamente las puertas de diálogo entre el Estado y el Frente para el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP) que agrupa a las comunidades campesinas, gobiernos locales y organizaciones defensoras del medio ambiente y que encabeza la lucha por el derechos de las poblaciones involucradas a decidir sobre su propio modelo de desarrollo.

En una loable actitud, el Presidente del Consejo de Ministros, Dr. Yehude Simon, recibió a los dirigentes del Frente que asistieron acompañados por el equipo técnico.

Uno de los acuerdos principales de la reunión fue la presencia de una comisión de la Unidad de Conflictos de la PCM, quien visitará en los próximos días las provincias de Ayavaca y Huancabamba en Piura, y San Ignacio en Cajamarca, para entrevistar a los actores directamente afectados por el conflicto alrededor del proyecto minero Río Blanco y las intenciones de implementar un distrito minero en la sierra de Piura y en la provincia de San Ignacio en Cajamarca.

El Presidente del Consejo de Ministros ha señalado que si se demuestra que la empresa minera no cuenta con los permisos legales de las comunidades campesinas, no habrá nada que discutir con ella. Como recordamos, tanto la Defensoría del Pueblo (noviembre 2006), como la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afrodescendientes, Ecología y Medio Ambiente del Congreso de la República (2008) emitieron sendos informes que dan cuenta que la empresa minera no cuenta con los permisos legales de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas de Huancabamba y Yanta de Ayavaca.

Incluso las dos comunidades afectadas han denunciado penalmente a los funcionarios de la empresa por el delito de usurpación de tierras; en el caso de la comunidad de Yanta, el proceso judicial se ha iniciado luego que el Fiscal acusara por delito de usurpación agravada contra la comunidad de Yanta, fraude procesal contra la Administración Pública y delito contra la ecología en agravio del Estado; y en el caso de la comunidad de Segunda y Cajas, se encuentra en proceso de investigación fiscal, estando por realizarse la inspección ocular en los próximos días.

Esta situación también ha sido considerada por el Ministerio de Energía y Minas – MINEM, con motivo de las dos últimas solicitudes para ampliar la etapa de exploración presentadas por la Empresa Minera Majaz en el 2007 y luego por la Empresa Minera Río Blanco en septiembre de 2008. La empresa minera desistió de ambas solicitudes, debido a que no ha podido levantar las observaciones señaladas por el MINEM, entre las que se encuentran justamente la observación presentada tanto por las autoridades y comunidades como por la Red Muqui y expertos internacionales, de que esta empresa minera, ahora en manos del consorcio chino Zijin no cuenta con la autorización según la legislación peruana para realizar actividades en los territorios de las comunidades.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones de los funcionarios de la empresa chino-británica de que no realizarán actividades en la zona, el procedimiento administrativo continúa su curso, ya que existe un serio vacío en la legislación minera, al no existir una instancia del Estado que verifique si la documentación presentada, donde supuestamente las comunidades dan su autorización a la empresa minera para realizar operaciones en su territorio, se ajusta a la ley.
Solamente está lo dispuesto en el “Art. 7° del Reglamento Ambiental para Actividades de Exploración Minera, aprobado por DS N° 020-2008-EM que señala que el titular tendrá que contar con los permisos de Uso del Terreno Superficial para iniciar actividades de exploración”; tal como lo señala el Informe N° 1417-2008/MEM-AAM/WBF/WAL/JPF, referido al Estudio de Impacto Ambiental Semi detallado presentado por la empresa minera Río Blanco para la ampliación de la fase de exploración.

Igualmente este informe señala que la empresa debe tomar “en consideración que el Art. 15° del mencionado Reglamento y literal c) del artículo 23° del Reglamento de Procedimientos Mineros de la Ley General de Minería, establecen la obligación del titular minero a contar con la autorización de uso del terreno superficial, además de la certificación ambiental, para el inicio de sus operaciones, ya que de darse el caso, si la DGAAM emitiera una resolución que aprobara el EIAsd del proyecto de exploración minera Río Blanco Programa de exploración 2008-2010, esta no otorgaría al titular minero el derecho a usar, poseer, disfrutar, disponer o ejercer cualquier otro derecho sobre terrenos superficiales de propiedad de terceros, los cuales se rigen por la legislación de la materia. El incumplimiento de dicha obligación es materia de sanción…”

¿Quién verifica si la empresa cuenta con los permisos legales, y quién sanciona? Son preguntas clave que deben responderse. ¿En qué momento del trámite administrativo el MINEM se da “cuenta” que la empresa no está cumpliendo con la legislación?

¿Quién tiene que demostrar que la empresa cuenta o no cuenta con los permisos de los propietarios de los terrenos superficiales, para que en caso de incumplimiento sea motivo de sanción, según lo señalado por el propio ministerio?

Esta situación que se aprecia en el caso del proyecto minero Río Blanco trasciende el caso de Majaz y tiene serias implicancias a nivel nacional. Muchos de los conflictos socioambientales en curso tienen este tema como una de sus causas más visibles.

Se requiere modificar sustancialmente la legislación, y para ser coherentes transferir las funciones de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y fiscalización a la autoridad ambiental.

¿Qué pasa con el proyecto Río Blanco?

Por: José De Echave
Fuente: Coordinadora Nacional de Radio
03/02/2009

La semana pasada una noticia, sobre el cuestionado proyecto Río Blanco, ha llamado la atención. La empresa de origen chino, Río Blanco Copper S.A., se desistió del procedimiento de aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd), ante la imposibilidad de levantar las observaciones hechas al mismo y cuyo plazo vencía el 23 de enero de 2009.

Cabe recordar que la empresa había presentado esta solicitud para ampliar sus actividades de exploración hasta el año 2,010. Ante la solicitud, un informe de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía Minas (informe 1417-2008-MEM/AAM/WBF/WAL/SPF), emitió una serie de observaciones que la empresa debía levantar.

Entre las observaciones presentadas figuraban el cuestionamiento a la titularidad de Río Blanco sobre las concesiones Cirrosis I, II y V, así como la validez de los permisos de uso de terreno superficial. Es decir, que hasta la fecha, la minera no ha pedido acreditar la legalidad de su presencia en la zona.

No debemos olvidar que la Dirección General de Asuntos Ambientales emitió un autodirectorial la 0032-2009/MEMAAM-, donde negó el pedido de prórroga de 70 días que había solicitado la empresa minera para poder levantar las observaciones.

El desistimiento planteado por la empresa nuevamente pone en evidencia las irregularidades del proyecto, así como su incapacidad para aclarar todas las dudas que existen en torno a la viabilidad del proyecto. Hay que tener en cuenta que esta situación se presenta precisamente cuando se ha mostrado que el grupo chino Zijin -titular de las concesiones de Río Blanco y Mayarí S.A.C.- intenta crear un distrito minero de carácter transfronterizo.

Debemos tener en cuenta que este es el segundo intento que hace la empresa Río Blanco de ampliar sus exploraciones. El 12 de junio de 2006, Minera Majaz (ahora Minera Río Blanco Copper S.A.), también solicitó la modificación del Estudio o Evaluación Ambiental (EA), para ampliar el plazo de la Evaluación Ambiental, de noviembre de 2006 a junio de 2008, así como ampliar sus actividades. En esa ocasión también se desistió frente a los cuestionamientos que se presentaron.

Ahora, en el actual contexto, ¿qué significa un nuevo desistimiento? Quizás que la empresa ha decidido sacar el pie del acelerador y cambiar de estrategia. Ante los embates de la crisis internacional, pero también por la férrea oposición al proyecto de las poblaciones vecinas, el escándalo de las fotos que confirman las torturas a pobladores, ronderos y hasta periodistas; la estrategia de la empresa china parece ser que apuntase a esperar mejores tiempos y que “las aguas se calmen”. Habrá que ver como se diseñan los próximos capítulos de este conflicto minero emblemático.

Majaz: Se confirma interés gubernamental por promover un Distrito Minero

Por: Fernando Romero
Fuente: Diario El Tiempo
28/01/2009

¿Y el impacto en el desarrollo regional y la institucionalizad democrática?

El 27 de diciembre del 2008 se publicó en El Peruano el Decreto Supremo 024-2008-DE, declarando de interés público la inversión privada en actividades mineras en la zona de frontera en la región Piura, autorizando por este medio 35 concesiones mineras al Consorcio Zijin. Con esta disposición no solo se haría más evidente la decisión del Ejecutivo por fortalecer su alianza estratégica con las inversiones y el gobierno chinos para la explotación de recursos mineros, sino que se confirmaría, de concretarse estos proyectos en Piura, la conformación de un gran Distrito Minero, que tendría además conexión con inversiones similares en territorio ecuatoriano. Por la envergadura del mismo, sus posibles impactos en las demás actividades económicas de la región, en la biodiversidad, en la provisión de los recursos hídricos y en el ambiente no habrían sido debidamente analizados por el Estado peruano.

Hace ya cerca de dos años el Peru Support Group (PSG), una organización británica de ciudadanos interesados en el Perú, elaboró un informe sobre el proyecto Río Blanco , a través de una delegación de profesionales de alto nivel que visitó Carmen de la Frontera y entrevistó en Piura y Lima a una serie de personas involucradas con el mismo. El informe cobra actualidad en la medida que uno de sus aspectos más saltantes fue su llamada de alerta respecto a la posibilidad del establecimiento de un distrito minero en las provincias de Huancabamba y Ayabaca.

A continuación buscaré hacer una síntesis de algunos de los temás más importantes del informe, relacionados con la decisión del gobierno peruano de autorizar estas 35 concesiones.

1. La decisión que se tome sobre el Proyecto Río Blanco tendrá un impacto de largo plazo en el desarrollo regional de Piura y de regiones colindantes

El informe del PSG sostiene que, a diferencia de Cajamarca donde las decisiones más importantes relacionadas respecto al rol de la minería en la economía regional ya habían sido tomadas, en el caso de Piura aún existía la oportunidad de considerar diversas opciones de desarrollo y considerar previamente sobre el posible impacto futuro de esas decisiones.

El informe sostenía que “Sea que el Proyecto Río Blanco siga adelante o no, y cómo lo haga, influirá mucho en la definición de la naturaleza que tendrá desarrollo regional en Piura. Sea que el proyecto Río Blanco siga adelante o no, tendrá una influencia significativa en cuánto y cuán rápidamente el MINEM (Ministerio de Energía y Minas) y el sector minero podrán abrir una frontera de expansión en el norte del Perú” (p.67).

Parte del impacto identificado, y al cuál se debió prestar mayor atención antes de tomar la decisión contemplada en el DS 024-2008 esta relacionado a los recursos hídricos. El informe del PSG al respecto sostiene que si el proyecto Río Blanco “y otras concesiones adyacentes son efectivamente convertidas en proyectos, esto afectaría la cabecera de las aguas que se dirigen tanto hacia el Pacífico como hacia el Atlántico..” afectando a un número de poblaciones mucho mayor que aquellas circundantes al original Proyecto Majaz.

El informe añade, “Si la empresa (en ese entonces Monterrico Metals) tiene razón en que el proyecto (Río Blanco) liderará un desarrollo minero mucho más amplio en la región, el impacto ambiental será mucho más grande y es extremadamente probable que afecte la calidad y cantidad del agua que llega a la vertiente occidental de los Andes de Piura. La delegación no está en posibilidad de evaluar los efectos probables de tal distrito minero dado que no existe un diseño respecto al cual evaluarlos. Sin embargo, existen razones para creer que podrían ser reales y potencialmente significativos.” (p. 71)

Sugiere además que esto impactos deberían ser examinados “...desde una perspectiva estratégica, con calma, tiempo y sobre la base de muchas más información (y más legítima) de la que existe actualmente. Se trata de una decisión que debe ser tomada con cuidado y humildad...”


2. La población afectada constata la inoperancia de los mecanismos democráticos y desconfía de las instituciones públicas

El informe plantea, luego de describir las diversas acciones tomadas por las comunidades de Segunda y Cajas y de Yanta para hacer respetar sus derechos, que el caso Majaz muestra, “dramáticamente- cómo la protesta no violenta y el proceso democrático han decepcionado completamente a las poblaciones locales. Las quejas formales presentadas por las comunidades de Segunda y Cajas y Yanta, en las que insistieron en que sus asambleas no otorgaron su permiso a al empresa para estar en sus tierras, no dio lugar a un cambio o a una respuesta alguna por parte de la compañía o del MINEM (...). Las fuerzas de la ley y el orden y el sistema judicial han defendido los intereses de la empresa, pero no los de la población local. Y la población local ha sido mantenida durante mucho tiempo a oscuras respecto a un proyecto que está desarrollándose en sus tierras y que es presentado por la propia empresa en círculos nacionales e internacionales como, potencialmente, la más grande mina de cobre del Perú y la segunda de América Latina”.

Lo acontecido durante estos dos años no ha hecho sino confirmar varias de las preocupaciones expuestas por las comunidades y autoridades locales, por la delegación de profesionales británicos y por expertos peruanos. Podríamos concluir ante esta evidencia que la cerrazón gubernamental es inmune a las diversas señales y manifestaciones de preocupación, alarma y protesta. Sin embargo, el nuevo escenario internacional abre una opción para revisar nuestros paradigmas y relativizar el argumento que coloca el motor de le economía en la exportación y en la venta a cualquier costo de nuestros recursos. Ese mismo escenario puede ayudarnos a darle un lugar más estratégico a nuestra biodiversidad y nuestros ecosistemas en el desarrollo regional y en la reproducción de la vida en el planeta. Aun es posible decidir de manera democrática qué tipo de desarrollo regional es el que Piura desea.