Entrevistado: Abogado Alberto Barandiarán
El Poder Ejecutivo emitió 99 Decretos Legislativos para la Implementación del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. De ellos, 2 fueron derogados, el Decreto 1015 y 1073, por las constantes protestas de la amazonía. Sin embargo hay muchos otros decretos legislativos que vienen siendo cuestionados por diversos especialistas de la materia, por ejemplo el Decreto Legislativo 1064, que deroga la Ley de tierras, que también modifica la Ley 26505, que en su artículo 7 señalaba que "la utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario o la culminación del procedimiento de servidumbre…".
Con ello se ha derogado el acuerdo previo, conservando solamente la figura jurídica de la servidumbre. De esta manera, a las comunidades y productores rurales se les resta poder de negociación en sus relaciones con las empresas, quienes ya no necesitan el acuerdo previo con los propietarios para iniciar sus actividades.
Nosotros creemos importante hablar sobre este decreto, por los antecedentes que tenemos acá en Piura por la actividad minera. Como es un tema que nos preocupa, hemos considerado importante poder ahondar sobre ello y para eso hemos invitado en esta ocasión al abogado Alberto Barandiarán.
El Poder Ejecutivo emitió 99 Decretos Legislativos para la Implementación del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. De ellos, 2 fueron derogados, el Decreto 1015 y 1073, por las constantes protestas de la amazonía. Sin embargo hay muchos otros decretos legislativos que vienen siendo cuestionados por diversos especialistas de la materia, por ejemplo el Decreto Legislativo 1064, que deroga la Ley de tierras, que también modifica la Ley 26505, que en su artículo 7 señalaba que "la utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario o la culminación del procedimiento de servidumbre…".Con ello se ha derogado el acuerdo previo, conservando solamente la figura jurídica de la servidumbre. De esta manera, a las comunidades y productores rurales se les resta poder de negociación en sus relaciones con las empresas, quienes ya no necesitan el acuerdo previo con los propietarios para iniciar sus actividades.
Nosotros creemos importante hablar sobre este decreto, por los antecedentes que tenemos acá en Piura por la actividad minera. Como es un tema que nos preocupa, hemos considerado importante poder ahondar sobre ello y para eso hemos invitado en esta ocasión al abogado Alberto Barandiarán.
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Escuche aquí toda la entrevista:
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