Felizmente que no hemos perdido la capacidad de indignarnos

Julia Cuadros Falla
Sub Directora de CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo

Cuando en marzo pasado nos enteramos de la denuncia que por supuesto delito de “terrorismo” había presentado una organización de Huancabamba contra un grupo de personas entre las que me encuentro, mi primer sentimiento fue de frustración que, poco a poco, con el transcurso de los días, se transformó en indignación y ahora es de determinación para continuar el trabajo que desde hace muchos años vengo realizando.

Frustración porque nos habíamos enterado por los diarios que teníamos esa denuncia, también porque rápidamente la denuncia fue enviada a la dirección contra el terrorismo para su investigación, aunque luego la Fiscalía reafirmó sus competencias y la denuncia regresó a sus fueros. Ese fin de semana tuve que reunir alrededor de la mesa a mi pequeña hija y al resto de mi familia para informarles de esta situación y explicarles que como era una denuncia infundada, era posible que algunas personas buscaran inventar pruebas en mi contra y que teníamos que estar alertas. La sola palabra “terrorismo” asustó a las niñas y mujeres que allí estábamos. Felizmente que en algunas ocasiones había tenido que llevar a mi hija en mis viajes de trabajo, por lo que fue relativamente sencillo tranquilizarla, recordando juntas el trabajo que hago en El Carmen de la Frontera, Huancabamba o Tambogrande, orientado al fortalecimiento de capacidades de las comunidades campesinas de la zona.

Fue allí que mi frustración se convirtió en indignación, ¿con qué derecho, me pregunté, personas a las que no conozco ni de nombre, se atreven a mentir y poner en peligro algo tan sagrado para los seres humanos como la vida y la libertad?

Sin embargo, gracias a la amplia solidaridad que recibí tanto yo como el resto de colegas denunciados, solidaridad que vino desde países tan lejanos como Filipinas, hasta de las comunidades campesinas de Las Bambas donde también como Sub Directora de CooperAcción hago una labor de fortalecimiento de capacidades, hoy me siento reafirmada en el trabajo que realizo.

La reflexión que me motiva esta desagradable situación es la utilización de métodos vedados y un escenario en el que se percibe intolerancia de algunos sectores frente a opiniones discrepantes, el uso de la violencia y los intentos de utilizar la fuerza pública frente a la orfandad de argumentos.
No se quiere reconocer que a la base de estos conflictos se encuentran una serie de demandas de las poblaciones, comunidades y autoridades sobre el desconocimiento o violación de sus derechos. La existencia de esta situación se ha puesto de manifiesto en la protesta de los pueblos amazónicos que ha conseguido la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073.Sin embargo, es preocupante constatar la situación que viven comunidades y autoridades locales en sus territorios y sus circunscripciones.

La presencia de fuerzas externas con mucho poder, como es el caso de las empresas mineras, desarticula el ya debilitado tejido social, y lo que es más grave debilita aún más la frágil institucionalidad gubernamental. Esta situación seguirá agravándose si es que todos los actores que estamos involucrados no asumimos una actitud responsable, tolerante y propositiva frente a los conflictos y aportamos desde nuestras propias perspectivas al fortalecimiento de la gobernabilidad y la democracia, también desde los rincones más alejados de nuestro país.

Podemos constatar que las relaciones entre los actores locales y los que vienen de fuera son desiguales. Las comunidades y poblaciones han sido marginadas durante siglos. La presencia de empresas mineras, en muchos casos está siendo vista como una oportunidad para incluir a estos sectores en los beneficios del desarrollo. Sin embargo, también existen poblaciones que no están de acuerdo con la realización de operaciones mineras en sus territorios.

En el Perú, donde la minería juega un rol de primera importancia, no pueden realizarse actividades extractivas en cualquier lugar, en particular en zonas ambientalmente frágiles, como es el caso de los distritos de El Carmen de la Frontera y Ayavaca. Tampoco se debería contravenir la legislación nacional que señala que estas operaciones deben contar con la autorización legal de los propietarios de las tierras, en este caso las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas.

CooperAcción, a través de su equipo de trabajo, viene trabajando desde hace muchos años en Piura, apoyando el fortalecimiento de las capacidades humanas y de gestión de comunidades campesinas, de gobiernos locales y de sus líderes, varones y mujeres, con la finalidad de reducir las asimetrías de poder existentes, pero también realizando investigación, análisis y estudios técnicos, cuyos resultados vienen respaldando los acuerdos de las comunidades y municipalidades y sus propuestas de desarrollo.

En el caso del distrito de El Carmen de la Frontera, estamos brindando asesoría técnica a la elaboración de su Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) como una herramienta clave de la planificación de su desarrollo equitativo y sostenible. La ZEE y el Ordenamiento Territorial se constituyen en instrumentos de gestión que permiten prevenir y evitar conflictos por el uso de recursos naturales como el agua y la tierra.

Un caso preocupante es el del proyecto minero Río Blanco, que a pesar de no contar con los permisos legales de las comunidades campesinas, ha continuado con los trámites para ampliar la fase de exploración. Esa es una muestra clara de la asimetría de poder, que termina permitiendo que las leyes nacionales sean acomodadas según los intereses de algunos grupos de interés. En ese sentido es ofensivo que la empresa haga una solicitud de ampliación de la exploración, cuando no existen evidencias que se haya implementado el Plan de Rehabilitación luego que OSINERGMIN les impusiera una multa de S/. 350,000 nuevos soles por haber incumplido compromisos ambientales en la fase de exploración. Con ello no han hecho sino ahondar aún más la desconfianza de las comunidades respecto al cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de compromisos.

Felizmente que no hemos perdido la capacidad de indignarnos, y ello nos impulsa aún más a continuar trabajando en defensa de los derechos de las comunidades, en la protección del medio ambiente y en la promoción de un desarrollo sostenible que incluya a todos, en especial a las poblaciones menos favorecidas.