Por: José De Echave C.
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El 16 de septiembre se cumple un año de la consulta organizada por tres distritos de la sierra de Piura: Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa. En los últimos doce meses, el caso del proyecto Río Blanco se ha convertido en un capítulo determinante para entender lo que viene ocurriendo con la minería en el país.
Sobre la situación del proyecto, no está demás recordar que luego de un año ha quedado demostrado que la empresa no había cumplido con lo que mandaban las leyes peruanas: las mineras estaban obligadas a solicitar autorización a la asamblea de las comunidades campesinas y este requisito no fue cumplido, como lo demuestra un informe del Congreso de La República y de la propia Defensoría del Pueblo. Además, la empresa ha sido denunciada por haber usurpado las tierras comunales y por si fuera poco, ha sido multada por el organismo regulador por contaminar en sus labores de exploración. Con esos antecedentes hay motivos suficientes para preocuparse.
Como ya habíamos señalado hace un año, este caso resume muy bien el contexto y los principales cuellos de botella que se presentan en la mayoría de conflictos mineros en los últimos años en todo el país. No se debe perder de vista que hoy en día estamos en un nuevo momento en el que la minería y otras actividades extractivas, buscan consolidar un escenario de crecimiento en el mediano y largo plazo. Sin embargo, en este escenario es evidente que en muchas zonas las poblaciones muestran su rechazo a un crecimiento que carece mecanismos de protección social y ambiental.
Por lo tanto, los conflictos pueden ser leídos al mismo tiempo como causa y consecuencia: si bien las empresas y el gobierno prefieren verlos exclusivamente como la principal causa del estancamiento de los ritmos de crecimiento, estos también deberían ser vistos como consecuencia de lo que no viene funcionando adecuadamente: por ejemplo en el marco de las regulaciones y/o en los mecanismos institucionales vinculados a este sector. En este escenario, cabe preguntarse si es posible pensar seriamente en una nueva etapa de expansión de la minería, sin cambios sustantivos en las reglas de juego.
En este contexto se deberían retomar los principales puntos pendientes de la agenda minera; sobre todo los relacionados con los aspectos sociales y ambientales, que no resistirán una nueva expansión acelerada de la minería, sin mecanismos efectivos de regulación y control y sin una agenda que la vincule de manera clara y efectiva al desarrollo sostenible en las zonas donde se implanta. Por lo tanto, reforma institucional, desarrollo de nuevos instrumentos de gestión para los temas sociales y ambientales, mejora de los procesos de participación ciudadana, gestión óptima de los beneficios económicos que genera la minería; son algunos de los temas que aparecen en la agenda de debate hoy en día.
No debemos olvidar que la evolución reciente de la minería y la de los propios conflictos, muestran serios problemas de gobernabilidad en el país. El desafío por lo tanto es como recuperar gobernabilidad y sobre todo como recuperar gobernabilidad democrática. Ello significa construir una institucionalidad que tenga una real capacidad para responder a las demandas que se presentan y gestionar la dimensión social y ambiental del desarrollo sostenible en el país.
El fortalecimiento de la gestión pública vinculada a la minería es un aspecto determinante para la construcción de una gobernabilidad democrática. El reto es generar una gestión equilibrada e independiente, que propicie la participación ciudadana oportuna e informada. Es solo de esta manera que los organismos del Estado peruano, encargados de la gestión minera, podrán recuperar la confianza de las poblaciones y superar la percepción que su actuación no es neutral y/o incompetente.
La reforma de la gestión pública vinculada a la minería debe partir de un buen diagnóstico integral sobre cómo funciona para luego definir su rediseño. Este es un tema que genera debate y serias resistencias, como lo prueba la reciente creación de un Ministerio del Ambiente que finalmente nació con funciones recortadas. Una nueva institucionalidad, que genere mecanismos confiables para tramitar demandas de poblaciones diversas y de las propias autoridades locales, será de suma utilidad para la gestión de conflictos y la mejora de las relaciones entre los diversos grupos de interés en las zonas de influencia de la actividad minera.
Pero en el último año el escenario se ha vuelto más complejo y se ha ido en la dirección opuesta. No podemos olvidar que en el marco de las facultades otorgadas al Ejecutivo para la implementación del TLC con los Estados Unidos se han publicado casi un centenar de decretos que buscan promover la inversión privada, al mismo tiempo que se debilitan los estándares de protección social y ambiental.
El paquete de decretos legislativos ha causado preocupación, como lo demuestran las recientes movilizaciones en la Selva peruana, en tanto que se afectan derechos de las comunidades campesinas y nativas del país. Un tema clave para el caso Río Blanco: a la reducción del nivel de votación para tomar decisiones sobre actos de disposición de la tierra comunal, se suma la derogación de la Ley Nº 26505, dejando de lado la norma que propiciaba el acuerdo y por ende, la negociación entre los titulares de la actividad minera o de hidrocarburos y los propietarios de los terrenos superficiales. Estos cambios normativos no han tomado en cuenta la Resolución Legislativa 26253, que aprobó el Convenio Nº 169 de OIT, que establece en su artículo 6º que los gobiernos deberán: consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Sobre la situación del proyecto, no está demás recordar que luego de un año ha quedado demostrado que la empresa no había cumplido con lo que mandaban las leyes peruanas: las mineras estaban obligadas a solicitar autorización a la asamblea de las comunidades campesinas y este requisito no fue cumplido, como lo demuestra un informe del Congreso de La República y de la propia Defensoría del Pueblo. Además, la empresa ha sido denunciada por haber usurpado las tierras comunales y por si fuera poco, ha sido multada por el organismo regulador por contaminar en sus labores de exploración. Con esos antecedentes hay motivos suficientes para preocuparse.
Como ya habíamos señalado hace un año, este caso resume muy bien el contexto y los principales cuellos de botella que se presentan en la mayoría de conflictos mineros en los últimos años en todo el país. No se debe perder de vista que hoy en día estamos en un nuevo momento en el que la minería y otras actividades extractivas, buscan consolidar un escenario de crecimiento en el mediano y largo plazo. Sin embargo, en este escenario es evidente que en muchas zonas las poblaciones muestran su rechazo a un crecimiento que carece mecanismos de protección social y ambiental.
Por lo tanto, los conflictos pueden ser leídos al mismo tiempo como causa y consecuencia: si bien las empresas y el gobierno prefieren verlos exclusivamente como la principal causa del estancamiento de los ritmos de crecimiento, estos también deberían ser vistos como consecuencia de lo que no viene funcionando adecuadamente: por ejemplo en el marco de las regulaciones y/o en los mecanismos institucionales vinculados a este sector. En este escenario, cabe preguntarse si es posible pensar seriamente en una nueva etapa de expansión de la minería, sin cambios sustantivos en las reglas de juego.
En este contexto se deberían retomar los principales puntos pendientes de la agenda minera; sobre todo los relacionados con los aspectos sociales y ambientales, que no resistirán una nueva expansión acelerada de la minería, sin mecanismos efectivos de regulación y control y sin una agenda que la vincule de manera clara y efectiva al desarrollo sostenible en las zonas donde se implanta. Por lo tanto, reforma institucional, desarrollo de nuevos instrumentos de gestión para los temas sociales y ambientales, mejora de los procesos de participación ciudadana, gestión óptima de los beneficios económicos que genera la minería; son algunos de los temas que aparecen en la agenda de debate hoy en día.
No debemos olvidar que la evolución reciente de la minería y la de los propios conflictos, muestran serios problemas de gobernabilidad en el país. El desafío por lo tanto es como recuperar gobernabilidad y sobre todo como recuperar gobernabilidad democrática. Ello significa construir una institucionalidad que tenga una real capacidad para responder a las demandas que se presentan y gestionar la dimensión social y ambiental del desarrollo sostenible en el país.
El fortalecimiento de la gestión pública vinculada a la minería es un aspecto determinante para la construcción de una gobernabilidad democrática. El reto es generar una gestión equilibrada e independiente, que propicie la participación ciudadana oportuna e informada. Es solo de esta manera que los organismos del Estado peruano, encargados de la gestión minera, podrán recuperar la confianza de las poblaciones y superar la percepción que su actuación no es neutral y/o incompetente.
La reforma de la gestión pública vinculada a la minería debe partir de un buen diagnóstico integral sobre cómo funciona para luego definir su rediseño. Este es un tema que genera debate y serias resistencias, como lo prueba la reciente creación de un Ministerio del Ambiente que finalmente nació con funciones recortadas. Una nueva institucionalidad, que genere mecanismos confiables para tramitar demandas de poblaciones diversas y de las propias autoridades locales, será de suma utilidad para la gestión de conflictos y la mejora de las relaciones entre los diversos grupos de interés en las zonas de influencia de la actividad minera.
Pero en el último año el escenario se ha vuelto más complejo y se ha ido en la dirección opuesta. No podemos olvidar que en el marco de las facultades otorgadas al Ejecutivo para la implementación del TLC con los Estados Unidos se han publicado casi un centenar de decretos que buscan promover la inversión privada, al mismo tiempo que se debilitan los estándares de protección social y ambiental.
El paquete de decretos legislativos ha causado preocupación, como lo demuestran las recientes movilizaciones en la Selva peruana, en tanto que se afectan derechos de las comunidades campesinas y nativas del país. Un tema clave para el caso Río Blanco: a la reducción del nivel de votación para tomar decisiones sobre actos de disposición de la tierra comunal, se suma la derogación de la Ley Nº 26505, dejando de lado la norma que propiciaba el acuerdo y por ende, la negociación entre los titulares de la actividad minera o de hidrocarburos y los propietarios de los terrenos superficiales. Estos cambios normativos no han tomado en cuenta la Resolución Legislativa 26253, que aprobó el Convenio Nº 169 de OIT, que establece en su artículo 6º que los gobiernos deberán: consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Por lo tanto, en un contexto como el descrito no es difícil suponer que se seguirán presentando escenarios complejos y que será necesario seguir haciendo esfuerzos para enrumbar y transformar estos conflictos por canales democráticos y pacíficos que aporten a la construcción de una verdadera gobernabilidad democrática en el país. A un año de la consulta en Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa, esta sigue siendo una tarea pendiente.
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