Por: Julia Cuadros
Fuente: El Tiempo
04/05/2009
El Perú está considerado como el tercer país más vulnerable del mundo frente al cambio climático, luego de Bangladesh y Honduras. El cambio climático ya no es una posibilidad, sino una realidad palpable. El aumento de la temperatura mundial se debe principalmente a la producción y consumo de combustibles fósiles como el petróleo, actividades y procesos industriales que emiten gases de efecto invernadero, por ejemplo dióxido de carbono, metano y óxido nitroso; prácticas agropecuarias que erosionan el suelo, también el cambio de uso del suelo y deforestación. El Perú aporta el 0.4% de emisiones de gas de efecto invernadero, de los cuales el 47% se da por el uso del suelo y el cambio de uso, 19% por prácticas agrícolas inadecuadas, 21% por producción de energía, 7% por procesos industriales y 6% por disposición inadecuada de desechos.La actividad minera, en particular la de tajo abierto, es una de las actividades económicas que más insumos, energía y materiales requiere. Asimismo es una de las industrias que mayor cantidad de desechos produce. La actividad minero metalúrgica es responsable del 13% de las emisiones de dióxido de azufre, consume entre el 7 y 10 % de la energía mundial, mucha de la cual es de origen termoeléctrica, mientras que aporta menos del 1% del producto bruto mundial y emplea a menos del 0.5 % de la mano de obra del planeta.
Los impactos del cambio climático los estamos viviendo los últimos años; se han producido eventos climáticos extremo como olas de frío, heladas intensas, olas de calor, inundaciones, han variado los regímenes de lluvias, se han producido sequías prolongadas, el Fenómeno El Niño se presenta en forma más recurrente y severa, están retrocediendo los glaciales. Si a ello agregamos actividades humanas como el drenaje de humedales, ya sea por acción de la población o por acción de las empresas mineras, prácticas inadecuadas como sobre pastoreo, quema de pastizales, deforestación, ampliación de fronteras agrícolas; así como aspectos como el fraccionamiento de la propiedad y debilidad de las organizaciones sociales.
Esta situación está llevando a que el agua escasee, se erosionen los suelos y se incremente la desertificación.
Sin embargo al interior de nuestro país existente regiones que son más vulnerables que otras al Cambio Climático, como lo es Piura.
Es sumamente preocupante que un contexto como el descrito, se tomen medidas que son insuficientes y se diseñen políticas públicas que no abordan los temas de fondo. Si revisamos el catastro de concesiones mineras a nivel nacional, podremos darnos cuenta que la minería se encuentra mayoritariamente asentada en cabeceras de cuenca, en zonas productoras de agua, lagunas altoandinas y valles trasandinos, presionando sobre ecosistemas frágiles que producen, recolectan y distribuyen el agua como son los páramos andinos ubicados en los departamentos de Piura y Cajamarca.
Entre los efectos concretos que el cambio climático viene produciendo tenemos el aumento de la inseguridad alimentaria, la degradación de la bio y agro diversidad, la presencia de nuevas plagas y enfermedades que afectan los cultivos, el incremento de los conflictos por el uso del agua, entre otros.
Frente a los desafíos, riesgos y vulnerabilidad existentes, los instrumentos de evaluación de impactos ambientales y las políticas de protección y prevención de riesgos en minería no están actualizados dado que no se diseñan políticas, objetivos y estrategias específicas que aborden los temas de fondo.
Así lo podemos constatar en el documento de la Política Nacional del Ambiente que estuvo en consulta pública hasta marzo pasado; al caracterizar inadecuadamente la situación ambiental del país y el rol que la minería viene desempeñando en la degradación, por ejemplo, de las cuencas hidrográficas. Otro instrumento clave para enfrentar el cambio climático es el ordenamiento del territorio, normativa que estos momentos se encuentra en debate en el Ministerio del Ambiente.
Asimismo, luego de promulgada la nueva Ley de Recursos Hídricos, cuyo reglamento debe aprobarse en los próximos días, nos preocupa si se incorporará la protección de las fuentes de agua, así como la inclusión en las prioridades de uso a la naturaleza como usuaria de agua para su reproducción y sostenibilidad.
Los páramos andinos son ecosistemas de importancia estratégica ya que prestan imprescindibles servicios ambientales en particular de captación y distribución de agua. En el Perú los páramos se encuentran en los departamentos de Piura y Cajamarca. Los páramos prestan servicios ambientales estratégicos no sólo a las comunidades o poblaciones rurales aledañas, sino también a los habitantes de las ciudades que utilizan sus aguas. Ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Quito, Cuenca, Loja, Cajamarca y Piura se abastecen del agua que producen los páramos.
El páramo brinda servicios hidrológicos a las zonas bajas de las cuencas. El volumen total producido por el páramo es alto, resultado de la lluvia, de contar con una vegetación que capta neblina y que consume poco agua. En el caso de Piura los páramos están ubicados en las cumbres de la Cordillera de los Andes, en los distritos de El Carmen de la Frontera (Huancabamba) y Ayavaca y Pacaipampa (Ayavaca)
La expansión de la minería en Perú viene comprometiendo el ecosistema páramo – jalca (como también se le conoce). En Piura el 44.5% de los páramos está bajo concesión minera. De darse la actividad minera, se vería comprometida tanto la calidad como la cantidad y disponibilidad del agua. La costa de Piura bebe el agua que se produce en los páramos y las alturas.
Sin importar la escala de intervención, sea una sola gran mina, o muchas minas pequeñas, la minería es una actividad de grandes y delicados impactos. Se podría apelar a balance costo/beneficio; sin embargo este balance es deficitario. Los costos ambientales, sociales e incluso económicos pueden ser mayores en comparación a los beneficios coyunturales en términos de las variables macroeconómicas del país en el largo plazo.
La minería no debe darse en el páramo; por el contrario se debe promover políticas públicas y normativa específica que excluya la minería de estos ecosistemas estratégicos y vulnerables.
Ello implica que debe formar parte de la política de Estado definir en qué zonas se puede hacer minería y qué zonas no se debe hacer minería. En concordancia con ello deberá modificarse la política de concesiones, que sólo restringe la autorización de concesiones en áreas naturales protegidas del Sistema Nacional, obviando que existen espacios como los páramos, de interés regional y local que también deben ser protegidos; y por ello, la aprobación de concesiones no debe darse en forma automática.
Así, como tareas más precisas proponemos zonificar y georeferenciar los ecosistemas frágiles, en particular los páramos. Implementar la Zonificación Ecológica Económica – ZEE y Planes de Ordenamiento Territorial que con sustento técnico formen parte de los procesos de planificación y presupuestos participativos; incluir en los planes de desarrollo, locales, regionales y nacionales, la protección e intangibilidad de los páramos, en atención al carácter estratégico y de servicios ambientales que los ecosistemas prestan.
Desde la sociedad civil organizada debemos fortalecer las organizaciones y las capacidades de los actores locales, gobiernos locales, comunidades campesinas, mujeres y jóvenes, brindándoles información oportuna y confiable para la mejor toma de decisiones, promover la zonificación desde el nivel comunal y distrital; generar participativamente y difundir información como son los inventarios de recursos naturales, inventarios de recursos hídricos (calidad y cantidad), entre otros.