Por: CooperAcción
La empresa minera Río Blanco Copper S.A. (ex Minera Majaz), se ha caracterizado, desde el inicio de sus operaciones, por presentar claras vulneraciones de los derechos humanos, como es el caso de la tortura a 28 campesinos que participaron en la primera marcha al campamento minero. La empresa ocupa tierras comunales ilegalmente y no tiene permiso legal para que se realice cualquier operación en su territorio . El Estado lejos de contribuir con el diálogo viene promoviendo la criminalización de las protestas y facilitando el proceso minero con medidas administrativas.
Sobre el caso de torturas en el año 2005, inflingidas a 28 campesinos que participaron en una marcha pacífica al campamento de la empresa minera, ante la pasividad de las autoridades en el Perú, el año pasado la Alta Corte del Reino Unido, inició un proceso en Londres sobre el caso, habiéndose congelado los activos en resguardo de las indemnizaciones a las víctimas.
Los días 1º de noviembre y 2º de diciembre de 2009 en los distritos de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba, y Ayavaca, en la provincia del mismo nombre en la región Piura, fallecieron cinco personas. Desde el inicio de las operaciones de la empresa minera ya se han registrado 7 muertos, 28 comuneros torturados y más de 300 denuncias en contra de ambientalistas y comuneros.
A continuación presentamos la cronología del caso Majaz.
1994:
La empresa australiana Newcrest con su subsidiaria en el Perú Minera Coripacha S.A, descubrió el yacimiento de cobre a través de afloramientos mineralizados en las quebradas afluentes del Río Blanco; línea fronteriza natural entre las Repúblicas de Perú y Ecuador.
Mientras Cyprus Antacori adquiere concesiones Mojica 1 a la 16, en el distrito El Carmen de la Frontera en la provincia Huancabamba del departamento de Piura, dichas concesiones son las predecesoras de Cirrosis 1 a la 8 (ver año 2001-2003).
1996:
Bajo las Leyes de Colorado EE.UU., fue constituida la empresa Río Blanco LLC, con dos accionistas: Newcrest International Pty. Limited (50%) y Minera Cyprus Antacori (50%).
1997:
En Octubre, el entonces presidente de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas y algunos comuneros de Yanta, ubicados en el distrito El Carmen de la Frontera, Huancabamba, suscribieron unos “permisos de uso de tierras superficiales” con Minera Coripacha S.A. (antecesora de la Minera Majaz). Pero, los permisos adolecen de dos irregularidades; primero no fueron aprobados por los 2/3 de los miembros de las comunidades, como exige la ley; y segundo tal licencia caducó inmediatamente después de ser concedida porque los titulares no abonaron ningún derecho de licencia al Estado.
1999:
La empresa canadiense Gitennes Exploration Inc. Adquirió todos los activos de la empresa Newcrest en Perú, y la empresa Phelps Dodge Corp. adquirió todos los intereses de Cyprus Amax en Río Blanco LLC, sin embargo, posteriormente se disolvería esta alianza, siendo la empresa Gitennes la que tomó posesión del Proyecto Río Blanco.
2001:
En diciembre, la empresa minera Majaz subsidiaria de Monterrico Metals Plc. adquirió las concesiones Cirrosis 1, 2,3, 4, 5 y 6; área que comprenden las comunidades campesinas de Yanta (situada en la provincia de Ayavaca) y de Segunda y Cajas (en la provincia de Huancabamba).
2003:
En febrero, Minera Majaz adquirió las concesiones Cirrosis 7 y 8, en el distrito El Carmen de la Frontera en Huancabamba. Con ello se vuelve posesionario de Cirrosis 1,2,3,4,5,6,7 y 8.
El 7 de abril, la empresa Gitennes Exploration Perú S.A. termina de transferir todos sus derechos e intereses de la propiedad de Río Blanco a Minera Majaz S.A., subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals Plc. Ya había iniciado la transferencia desde junio del 2002.
El 18 de mayo, la Comunidad de Segunda y Cajas acordó por unanimidad en Asamblea Comunal, no permitir ninguna actividad minera en el territorio comunal.
El 27 de junio, se emitió el Decreto Supremo Nº 023-2003-EM, mediante el cual se declaraba de necesidad pública e interés nacional el Proyecto Minero Río Blanco.
El 28 de noviembre, se emitió la Resolución Ministerial Nº 478-2003-EM/DGAA mediante la cual el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó la Evaluación Ambiental (EA) del Proyecto Minero Río Blanco y se habilitó a la empresa a realizar las actividades de exploración, entre Noviembre de 2003 y Noviembre de 2006.
2004:
El 10 de enero, la Asamblea General de la Comunidad de Yanta acordó por unanimidad no dar permiso para el desarrollo de la actividad minera en su territorio.
El 23 de abril, se realizó la primera marcha al campamento minero para manifestarse en contra de la presencia de la empresa minera en los distritos de El Carmen de la Frontera, movilización en la que perdió la vida el rondero Reemberto Herrera Racho.
El 23 de julio, se instaló la Mesa de Diálogo Río Blanco, promovida por el Gobierno Regional de Piura, en la que no participaron representantes de las organizaciones sociales y comunales.
En noviembre, en Huancabamba, un grupo de pobladores defensores de la empresa minera (pro mineros) destruyen la emisora ambientalista “La Poderosa”, dirigida por el periodista Federico Ibáñez.
En diciembre, nuevamente otro grupo golpea y somete a diversas vejaciones a Federico Ibáñez y a la dirigenta campesina Josefa Adrianzén. Posteriormente, la policía detiene a Ibáñez y Adrianzén durante dos meses, sin tomar ninguna medida contra sus agresores.
2005:
El 25 de julio, los comuneros de Yanta iniciaron una segunda marcha hacia el campamento minero, a la que se sumaron comuneros y ronderos de Segunda y Cajas (Piura), Namballe y San Ignacio (Cajamarca).
En agosto, un conjunto de autoridades Provinciales y Distritales conformaron en
Jaén, la Coordinadora de Alcaldes por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú.
El 1° de agosto, durante la marcha al campamento, producto de la acción represiva de la PNP y de miembros de la empresa de seguridad “Forza” que brindaba servicios a la Empresa Minera Majaz, falleció el rondero Melanio García Gonzáles cuando fue detenido junto a 28 comuneros. Posteriormente se descubriría que estos comuneros también habían sido torturados.
El 2 de agosto, se frustra el proceso de diálogo -al no llegarse a acuerdos- y luego se produce una agresión al Vice Ministro Rómulo Mucho.
El 24 de septiembre, se constituyó el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), en el que participaron los gobiernos locales de las provincias de San Ignacio y Jaén de Cajamarca y de Ayavaca y Huancabamba de Piura, así como las comunidades y rondas campesinas de las 4 provincias y distintas organizaciones regionales y sociales.
El 15 de noviembre, el FDSFNP presentó al MINEM una propuesta para iniciar el Diálogo.
2006:
Entre enero y abril se realizaron tres reuniones entre el FDSFNP y el MINEM.
El 25 de mayo, el MINEM suspendió el diálogo unilateralmente.
El 12 de junio, la empresa Minera Majaz solicitó la modificación de la Evaluación Ambiental (EA) del proyecto Río Blanco, en el sentido de ampliar el plazo de la exploración de noviembre 2006 a junio 2008.
En julio, el FDSFN, a través de una delegación, se movilizó a Lima para plantear a las autoridades la necesidad de retomar el diálogo, sin éxito.
El 26 de julio, El grupo de apoyo de la Red Muqui presentó un conjunto de observaciones a la solicitud de modificación de la EA. Donde se dio cuenta a la autoridad que varias de las ampliaciones solicitadas ya habían sido ejecutadas por Minera Majaz sin la autorización correspondiente. Además, se insistió en señalar que las actividades de exploración no contaban con el permiso de los propietarios.
El 11 de agosto, la Defensoría del Pueblo emitió un oficio dirigido a la Vice Ministra de Minas, Rosario Padilla, en el que identifica varias irregularidades en el procedimiento administrativo de autorización de exploración minera del Proyecto Río Blanco.
El 2 de noviembre, ronderos y campesinos de Hormigueros, caserío del distrito de El Carmen de la Frontera, denunciaron que fueron agredidos y heridos de bala y perdigones por personal de Minera Majaz.
El 14 de noviembre, la Defensoría del Pueblo emitió el Informe Nº 001 -2006/ASPMA-MA que señala la ilegalidad de la presencia de Minera Majaz en tierras comunales.
El 24 de noviembre, el MINEM a través del Auto Directoral N° 752-2006-MEM/AAM requirió a Minera Majaz absolver las observaciones, entre las que se contaban las presentadas por Red Muqui, ya que no habían sido subsanadas hasta esa fecha y también adherirse a las nuevas observaciones formuladas en el Informe N° 292-2006-MINEM/AAM de la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros, acerca del EA del Proyecto de exploración Río Blanco.
El 21 de diciembre, Minera Majaz comunicó al Ministerio de Energía y Minas su desestimiento del procedimiento de ampliación del EA, este desestimiento fue aprobado a través del Auto Directoral N° 009-2007-MINEM/AAM.
2007:
El 22 y 28 de febrero, respectivamente, las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas presentaron ante el Ministerio Público, una denuncia contra funcionarios de Minera Majaz S.A. por delito de usurpación de tierras.
El 30 de marzo, la Municipalidad de Pacaipampa publicó la Ordenanza Municipal que crea el mecanismo de Consulta Vecinal. También se sumaron las municipalidades de El Carmen de la Frontera y Ayavaca con sendas ordenanzas el 18 de abril.
El 08 de mayo, el Ministerio Público realizó la inspección fiscal en el campamento Río Blanco por la denuncia por usurpación presentada por las comunidades.
En mayo, el consorcio chino Zijin adquirió el 79.9% de las acciones de Monterrico Metals; su empresa subsidiaria Minera Majaz en Perú cambió su denominación a Empresa Minera Río Blanco Copper.
El 4 de agosto, se publica la Resolución Ministerial Nº 361-2007-MEM/DM, donde el MINEM autorizó al Director General de Minería a suscribir un convenio de estabilidad jurídica con la empresa Majaz. El Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República el proyecto de Ley 1640-2007-PE, que proponía declarar de interés nacional la ejecución preferente de 20 proyectos de inversión en minería, entre los que se encontraba el proyecto minero Río Blanco.
El 11 de septiembre, ante la inminencia de la realización de la Consulta Vecinal, se realizó una reunión de diálogo en Piura convocada por el Primer Ministro Jorge Del Castillo. No asisten los alcaldes, ni las organizaciones sociales del Frente porque el gobierno ya había manifestado su rechazo a la consulta.
El 16 de septiembre, se realiza la consulta vecinal en los distritos de Pacaimpampa y Ayavaca ( provincia de Ayavaca) y en el distrito de El Carmen de la Frontera (Huancabamba). Los resultados de la consulta vecinal fueron contundentes: 8,873 pobladores de Ayavaca participaron de este evento cívico; de ellos el 93.47% expresó su desacuerdo con la actividad minera. En el caso de Pacaipampa participaron 6,091 pobladores, de ellos el 97.09% expresó la misma inconformidad. Mientras que aproximadamente 3,100 pobladores que participaron en el distrito de El Carmen de la Frontera, el 92,53% le dijo no a la actividad minera. Cabe destacar que en estos tres distritos se registró una asistencia similar y superior a los comicios electorales que en el Perú tienen carácter obligatorio.
El 8 de noviembre, el Ministerio Público formalizó la denuncia por usurpación de tierras, presentada en Febrero por la comunidad de Yanta.
El 6 de diciembre, la Mesa de Diálogo realizada en Ayavaca se frustró, por la negativa del Primer Ministro Del Castillo a incluir en la agenda los resultados de la consulta vecinal como un tema a ser tomado en cuenta.
2008:
El 7 de febrero, mediante Resolución de Gerencia General Nº 444-2008-1-OS/GFM, el Organismo supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) sanciona a Río Blanco Copper S.A. (ex Minera Majaz) con una multa ascendente a 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por incumplir las Normas de Seguridad e Higiene Minera y de Conservación y Protección del Ambiente, y exige a la empresa minera efectuar la rehabilitación de todos los daños causados, para ello deberá presentar a 45 días calendarios un Plan de Rehabilitación a la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) del MINEM para que se le otorgue la opinión técnica favorable.
El 01 de febrero, en conferencia de prensa, se presenta la nueva razón social de Minera Majaz S.A, ahora denominada Río Blanco Copper S.A, su gerente adjunto Guobin Hu plantea restablecer el diálogo con los comuneros de la zona.
En marzo, 35 personas entre autoridades municipales, dirigentes comunales, dirigentes de rondas campesinas y miembros del Equipo Técnico del FDSFNP, convocantes de la Consulta Vecinal, fueron denunciados por terrorismo. En primera instancia el caso fue archivado por el Ministerio Público.
El 14 de abril, mediante Resolución de Gerencia General Nº 1032-2008-1-OS/GFM, se le otorga a la empresa Río Blanco Copper un plazo único para que presente el Plan de Remediación a la DGAAM del MINEM; la prórroga se establece a el 31 de julio de 2008.
El 6 de junio, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) denunciaron por tortura y homicidio a efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) y a funcionarios de la ex minera Majaz; torturas realizadas en el campamento minero, contra 28 campesinos de Huancabamba y Ayavaca y el homicidio de uno de ellos, en agosto del 2005.
El 17 de junio, la Comisión de Pueblos Andinos, y Ambiente y Ecología, del Congreso de la República, aprobó por unanimidad el informe "Legalidad y Problemática de la Empresa Minera Majaz en los Territorios de las Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas y Yanta en las Provincias de Huancabamba y Ayavaca en la Región Piura".
El 9 de julio, acatando el Paro Nacional, más de 10 mil comuneros, acompañados de organizaciones sociales y sindicales marcharon por las calles de la ciudad de Huancabamba (Piura), en rechazo de los Decretos Legislativos (DL) 1015 y 1064, decretos ya derogados por la tragedia de Bagua. D.L 1015 “Que unifica los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y selva con las de la costa, para mejorar su producción y productividad” y el D. L. 1064 “Que aprueba el régimen Jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario”.
El 12 de julio, el Presidente del FDSFNP, Carlos Martínez Solano, manifestó que "el frente no ha cerrado las puertas al diálogo con el gobierno”, en espera de respuesta del premier para un diálogo “no censurado” y “sin imposiciones”.
En julio, se inicia el interrogatorio a las 35 personas (dirigentes, defensores y autoridades) denunciadas por terrorismo y otros delitos, ante la 5º Fiscalía Provincial Penal de Piura, la primera persona en declarar es Julia Cuadros Sub Directora de CooperAcción y el 21 de Julio, declaran Javier Jahncke miembro de Fedepaz y Carlos Martínez, alcalde de San Ignacio (Cajamarca) y presidente del FDSFNP.
En julio, no ha hecho de conocimiento público la aprobación técnica del Plan de Remediación que Río Blanco Copper, dado que el plazo de entrega vencía el 31 de julio, así mismo como el contenido del plan como la cronología y plazos a realizarse.
El 20 de agosto, los alcaldes de la sierra de Piura que conforman la Mancomunidad Señor Cautivo de Ayavaca, reafirman su apuesta por el actual modelo de desarrollo regional (agro exportación).
El 22 de agosto, se iniciaron formalmente las declaraciones de las personas que fueron detenidas y torturas en el año 2005, por participar en una marcha de protesta en contra de la “ilegal presencia” de la empresa Minera Río Blanco Copper (ex Minera Majaz S.A.), en sus tierras.
El 13 de septiembre, El abogado de Fedepaz, David Velazco, reveló que los integrantes de la “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad de Segunda y Cajas”, autores de la denuncia por terrorismo a 35 líderes y autoridades, admitieron ante la V Fiscalía Penal de Piura, que recibían financiamiento de la empresa minera Río Blanco Copper S.A.
El 16 de septiembre, los habitantes de los distritos de Ayavaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera, celebraron el primer aniversario de la Consulta Vecinal, organizaron una marcha pacífica con alusión a los resultados de la consulta y el derecho a ser consultados.
El 1º de octubre, el presidente de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas (Huancabamba), Servando Aponte Guerrero, denunció un operativo de seguimiento organizado por miembros de la Policía Nacional en situación de retiro.
El 1º de octubre, la empresa Monterrico Metals Plc., accionista principal de la minera Río Blanco Copper S.A, aprobó la venta de hasta el 20% de sus acciones a Agropecuaria Las Huaringas S.A, de propiedad del Grupo Romero.
El 10 de octubre, El ex presidente de la Central de Rondas Campesinas de Huancabamba, Arcenio Guevara Ojeda, denunció haber sido agredido por un grupo de personas allegadas a la empresa minera Río Blanco Copper S.A.C, cuando se dirigía a Pariamarca Alto con el propósito de reactivar la central de rondas de ese lugar.
El 29 de octubre, Río Blanco Copper presentó un nuevo Estudio de Impacto Ambiental semi detallado (EIAsd), para actividades de exploración Minera – Categoría II, del Proyecto "Río Blanco - Programa de Exploraciones 2008-2010", al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), sin antes haber concretado el plan de rehabilitación por los daños causados en la zona durante la primera etapa de exploración. Y a partir de esa fecha corrió un plazo de 25 días calendario para que los interesados puedan presentar observaciones al citado EIAsd.
En noviembre, aparece en la ciudad de Huancabamba, la Organización No Gubernamental Asociación “Integrando”, cuyas actividades han demostrado favorecer a la empresa Río Blanco, desde entonces se vienen generado enfrentamientos a nivel local entre sus trabajadores y los miembros de la comunidad. Su accionar estaría relacionado con los intereses de la empresa minera.
El 19 de noviembre, El equipo técnico de apoyo del FDSFNP con el alcalde provincial de Huancabamba, Lázaro Toro, y el alcalde distrital de El Carmen de la Frontera, Ismael Huayama, en representación de la población y las comunidades campesinas de sus respectivas zonas, hicieron entrega de sus observaciones al Estudio de Impacto Ambiental semi detallado (EIAsd) presentado por la empresa minera Río Blanco Cooper S.A. (ex Minera Majaz) para la ampliación de su etapa de exploración, ante la dirección Regional de Energía y Minas de Piura y ante la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINEM.
El 27 de diciembre, el diario Oficial El Peruano publica el Decreto Supremo 024-2008 del sector defensa, que declara de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras, a fin que la empresa minera Zijin pueda adquirir y poseer concesiones y derechos sobre minas y recursos complementarios dentro de los 50 kilómetros de la frontera norte del Perú.
2009:
El 6 de enero, en conferencia de prensa realizada en Piura, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Fedepaz, mostraron un conjunto de fotografías que comprueban que pobladores de Huancabamba, Pacaipampa y Ayavaca fueron agredidos y torturados (agosto de 2005) por policías y personal de seguridad del campamento de la Minera Majaz.
El 7 de enero, El Fiscal Superior, Luis Dorador de la tercera Fiscalía Superior mixta de Piura, resolvió ampliar la investigación por terrorismo que se sigue contra 35 dirigentes y defensores de derechos humanos y medio ambiente, la realización de las diligencias a cargo de la Policía Nacional ( DIVCOTE-PIURA Nacional).
El 09 de enero, El FDSFNP en conferencia de prensa y con una carta presentada formalmente, solicitó al gobierno el retomar el diálogo sobre el conflicto existente en sus localidades con la empresa minera Río Blanco Copper (ex Minera Majaz).
El 26 de enero, la DGAAM encargada de revisar el EIAsd presentado por Río Blanco Copper S.A. para la ampliación de sus actividades de exploración, emitió una Resolución Autodirectorial (0032-2009/MEMAAM), a través de la cual se archivó el procedimiento administrativo. Ello se produjo luego que, el viernes 23 de enero se cumpliera el plazo para que la empresa levante las observaciones realizadas a su EIAsd.
El 29 de enero, la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura aprobó ampliar por 30 días las investigaciones por secuestro agravado y torturas que sufrieron 28 comuneros y un periodista en las instalaciones de la empresa Minera Majaz S.A. (hoy Río Blanco Copper S.A.), en junio de 2005.
El 30 de enero, La DGAAM del MINEM dio a conocer que la empresa Río Blanco Copper S.A. (ex Minera Majaz) se desistió de la solicitud presentada para obtener la certificación ambiental en el procedimiento de aprobación de su EIAsd para la fase de exploración.
El 02 de marzo, Yehude Simon, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se reunió con los representantes del FPDSFNP, quienes le solicitaron retomar el proceso de diálogo sobre el proyecto Río Blanco y la pretensión de establecer un distrito minero en sus localidades.
El 17 de marzo, Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura decidió formular denuncia contra miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) que participaron directamente en las torturas ocurridas dentro del campamento de la Minera Majaz.
El 24 de abril, la delegación del área de conflictos de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), presidida por Juan Manuel Figueroa, suspendió la reunión prevista con los alcaldes, dirigentes y representantes de organizaciones de Huancabamba.
En junio, se inicia proceso judicial en la Alta Corte inglesa sobre los hechos de tortura en el 2005; impulsado por el estudio británico Leigh Day & Co Solicitors, que en representación de las víctimas solicitó una indemnización por Monterrico Metals y su subsidiaria peruana Río Blanco Copper SA.
El 10 de agosto, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) dio a conocer que la ONG Asociación Integrando no figura dentro de sus registros institucionales.
El 11 de agosto, la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura resolvió archivar la ampliación de investigación por delito de terrorismo en contra de 35 personas vinculadas a la defensa de los derechos de las poblaciones. Transcurrieron 18 meses para que esta denuncia infundada fuera archivada definitivamente.
El 11 de septiembre, el Reino Unido emitió una orden judicial de congelamiento de activos contra la empresa minera multinacional, Monterrico Metals Plc, mediante la cual se obliga a la empresa a mantener por lo menos 5 millones de libras de sus activos en el Reino Unido; como una medida para que la empresa no eludiera su responsabilidad de indemnizar a los piuranos secuestrados y torturados en agosto de 2005. Se basaron en el estudio de británico Leigh Day & Co Solicitors.
El 16 de octubre, la jueza Gloster de la Alta Corte de Londres ordenó el congelamiento definitivo de casi 8 millones de dólares de la empresa multinacional Monterrico Metals; para salvaguardar la reparación civil pendiente la empresa con agraviados de agosto de 2005.
El 1° de noviembre, el gerente general de la empresa Río Blanco Copper, Jian Wu, informó la intromisión violenta de alrededor de 20 personas armadas en las instalaciones del campamento Henry´s Hills de su empresa, estos hechos provocaron la muerte de tres personas, (dos guardias: Luis Gómez Vilchez y José Severino Zapata, y el administrador del campamento: Eduardo Ramírez); y dos desaparecidos. Los directivos de la empresa se reúnen con el gobierno y el Primer Ministro Javier Velásquez señala que será militarizada la zona.
El 2 de diciembre, en una intervención policial en el caserío de Cajas Canchaque en el distrito El Carmen de la Frontera, en una intervención de la Policía Nacional mueren dos ronderos (Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama) por impactos de bala y seis personas son heridas, con armas de fuego; 18 horas después, recién la Fiscalía y su equipo técnico subieron a la zona para el levantamiento de los cadáveres.
El 5 de diciembre, con la participación de más de dos mil personas se realizó la misa y el entierro de los dos comuneros fallecidos en el atentado del 2 de diciembre.
El 13 de diciembre, peritos del Ministerio Público revelaron que los dos comuneros fueron baleados por la espalda y de arriba hacia abajo, conclusiones según la necropsia.
El 16 de diciembre, la Defensoría del Pueblo avala los resultados de la necropsia y pide que la Fiscalía investigue el caso.
2010:
En Enero, distintas organizaciones de sociedad civil y FDSFNP expresaron, a través de comunicados y pronunciamientos, la condena por la muerte de los dos comuneros del caserío Cajas Canchaque, con la exigencia que se aborde una profunda e imparcial investigación del caso.
