Publicado por el diario La Primera el 19 de julio de 2010.
El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú , formado por las ONG CooperAcción, Grufides y Fedepaz, dio a conocer hace unos días su sexto informe, en el que se examina la situación de la minería en cinco regiones: Piura, Cajamarca, Junín, Cusco y Apurímac. José de Echave, economista y responsable del Programa Derechos Colectivos e Industrias Extractivas de CooperAcción, analiza en la siguiente entrevista la situación de la minería en el país, los conflictos sociales y ambientales que la rodean y la política del gobierno en este tema.
¿Los conflictos sociales y ambientales producidos por la minería además de haber aumentado en número, también se están incrementando en intensidad?
Sí, sin ninguna duda. Hay un crecimiento en el número y especialmente en la intensidad de estos conflictos, que se van convirtiendo en conflictos que apuntan a cambios en políticas públicas. Hay una ausencia absoluta de estrategia para enfrentar los conflictos…
¿O hay una estrategia del gobierno que se centra en desacreditar las protestas y en la represión?
Se busca criminalizar la protesta. Esa es una lógica que agudiza los conflictos. Se ha afirmado una visión profundamente autoritaria. El gobierno no reconoce las razones objetivas de los conflictos sociales y los caricaturiza. Los conflictos están planteando la necesidad de modificar las reglas de juego para que la situación sea más equilibrada…
¿La razón central de los conflictos entre las poblaciones y las empresas mineras es la exigencia por una mayor participación en las ganancias que tienen estas empresas, o el rechazo a la minería como una opción de desarrollo?
Los conflictos no son uniformes. Hay zonas, como Piura, algunas provincias de Cajamarca, algunas zonas de Cusco, donde hay un rechazo a la minería, que no forma parte de la visión de desarrollo que tienen esas poblaciones y que, por el contrario, la perciben como una actividad que los va a afectar. Sin embargo, hay poblaciones, como las de Moquegua o Tacna, que coexisten con la actividad minera y en esos escenarios la población apunta a tratar de conseguir nuevos acuerdos sociales con la minería, lo que implica mayores recursos económicos y empleo local. No todos los conflictos vinculados a la minería tienen la misma agenda.
¿Los proyectos mineros en el cumplen los estándares ambientales mínimos aceptados internacionalmente?
Nuestra legislación es sumamente laxa en este aspecto. Nuestros límites máximos de emisión de fundiciones y otras operaciones mineras son demasiado permisibles. Los estudios de impacto ambiental son totalmente obsoletos…
¿Son obsoletos o están parcializados con los intereses de las empresas?
Las dos cosas. Los estudios de impacto ambiental son hechos por una consultora que es elegida y pagada por la empresa minera, y responden a los intereses de la empresa que los encarga. Y los procesos de implementación del estudio de impacto ambiental con las audiencias públicas están totalmente controlados por las empresas. Además de responder a los intereses de las empresas, estos estudios de impacto ambiental también son obsoletos, porque sus estándares están muy por debajo de los estándares internacionales mínimos planteados por organismos como el Banco mundial y el BID. Este instrumento, que es prácticamente el que decide qué proyecto minero se aprueba y cuál no, está seriamente cuestionado.
¿Cómo ve la ordenanza del Gobierno Regional del Cusco que prohíbe las concesiones mineras?
Esa decisión expresa una preocupación legítima de las autoridades regionales por el avance caótico de la minería. Por ejemplo, casi un 90% de Chumbivilcas está concesionado a la minería. Sin embargo, los gobiernos regionales no tienen facultades sobre la mediana y gran minería, y las concesiones se otorgan en Lima. Este caso del Cusco abre una interesante discusión sobre las concesiones mineras y cómo involucramos en la toma de decisiones a las autoridades regionales para buscar un desarrollo más armónico. El incremento de las concesiones mineras, ahora estamos bordeando los 20 millones de hectáreas, plantea un debate importante de cómo ordenamos el territorio para definir en qué zonas puede haber minería y en cuáles no…
¿Deben suspenderse las concesiones mineras hasta que se produzca ese ordenamiento del territorio?
Eso ayudaría a que el crecimiento de la minería sea menos caótico. Hoy en día basta que una empresa minera pida operar en un territorio que no esté concesionado para que éste se le entregue, sin tomar en cuenta si este territorio es un ecosistema sensible o si hay poblaciones en ese lugar.
¿Para desarrollar un proyecto minero, una ley de consulta debe incluir la obligación de tener el consentimiento de la población que va a ser afectada, o basta con el procedimiento de consulta?
Sin duda que se requiere el consentimiento de la población. Si no es así, el gobierno puede decir ya consulté y ahora decido qué hacer. El reto para quienes quieren hacer minería es convencer a la población, y si no lo logran deben aceptar que no hay condiciones para desarrollar la minería en esa zona y dar un paso atrás.
¿Qué efectos tendría la no promulgación de la ley de consulta o la aprobación de una ley mediatizada con las observaciones hechas por el Ejecutivo?
Las observaciones que ha planteado el gobierno, una de las cuales es no reconocer a las comunidades campesinas de la sierra y de la costa como pueblos indígenas, desnaturalizan la ley de consulta. Una ley con esas observaciones estaría muy por debajo de lo que plantea el Convenio 169 de la OIT. Sería una caricatura de consulta ciudadana que sin duda provocaría una reacción muy fuerte de las poblaciones que tenían mucha expectativa con una ley de consulta. Cuando haya más información y más consulta a la población, entonces habrá menos conflictos.
El informe del Observatorio de Conflictos Mineros señala que hay una ausencia del Estado que permite abusos de las empresas mineras. ¿El problema es una ausencia del Estado o la existencia de una política estatal que defiende los intereses de las empresas mineras sobre los derechos de las poblaciones afectadas?
Existen ambos componentes. El PNUD ha trabajado un mapa que muestra dónde está presente el Estado y dónde no lo está, y si uno cruza esa información con las zonas de las operaciones de las empresas extractivas, de minería e Hidrocarburos, en la gran mayoría de casos hay una coincidencia de esas operaciones con las zonas de ausencia del Estado. Ese es un primer problema. Pero el otro elemento es que cuando el Estado interviene, esa intervención es parcializada con la empresa y no se percibe un Estado que busque contribuir a eliminar las asimetrías (entre las empresas y las comunidades). La opción del Estado es apostar a que las industrias extractivas sigan creciendo. El problema es que estas actividades siguen creciendo sin mecanismos de control, fiscalización y regulación.
El gobierno ha anunciado para este año inversiones en minería por tres mil millones de dólares. Como están las cosas, ¿esa es una buena o una mala noticia?
Nadie dice que el país se cierre a las inversiones, pero como están las cosas, con un Estado que deja hacer, que no interviene y que cuando interviene lo hace en forma parcializada con las empresas, y viendo la evolución de los conflictos vinculados a las industrias extractivas, lo evidente es que más inversiones mineras traerán más conflictos sociales y ambientales.
¿Es un error apostar a la minería como la locomotora del desarrollo económico del país?
El Perú es un país mega diverso y se debe apuntar a tener una economía diversificada respetuosa de la diversidad del país. Dentro de eso la minería puede tener un espacio, yo no creo que se deban cerrar todas las minas o que no se puedan aprobar nuevos proyectos mineros, pero no creo que la minería deba ser el núcleo central del desarrollo. Apostar a un modelo profundamente extractivista es un error.
“El TLC protege a Doe Run”
Hace un año el gobierno amplió por segunda vez el plazo a Doe Run para que cumpla con el Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) de la fundición de La Oroya y este 27 de julio se vence el plazo para que la empresa reanude sus operaciones. Pero hasta ahora Doe Run ha incumplido sus compromisos. ¿Qué puede pasar en La Oroya?
La opción de darle a Doe Run mayor tiempo para que cumpla con el PAMA ha sido un error, de este gobierno y del anterior. Hemos llegado a una situación límite y aparentemente la empresa no va a reiniciar sus operaciones. En ese escenario, el gobierno va a tener que tomar la opción del retiro de la empresa. Eso abre una discusión complicada sobre lo que el contrato permite. Hoy en día, a causa del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, la empresa tiene mayores herramientas que antes para defenderse…
¿El TLC amarra al gobierno para actuar frente a una empresa como Doe Run que reiteradamente ha incumplido sus compromisos?
El TLC le pone restricciones al gobierno. No me parecería extraño que la empresa utilice el TLC para demandar al estado peruano en tribunales internacionales. El argumento, que se lo he escuchado al ex ministro Ferrero, de que el TLC no protege a la empresa no es cierto. Le recomendaría al ex ministro Ferrero que revise el artículo 10.71 del capítulo de inversiones del TLC, en el que claramente hay varios elementos que esta empresa puede utilizar a su favor. El TLC protege a las inversiones, a las buenas y a las malas.
¿La Oroya es un caso emblemático de la parcialización del Estado con las empresas y su desinterés por el medio ambiente y la población?
Sin duda. Es una evidencia de esa parcialización y también de la incapacidad del Estado.
“Islay, Cajamarca y Piura son las zonas de mayor conflictividad por la minería”
¿Cuáles son las zonas del país en las que en este momento existe una mayor conflictividad social a causa de la minería?
En Islay (Arequipa), por el proyecto minero de Tía María que está en una zona en la que hay una actividad agrícola muy intensa. El 61% de Islay, que es una provincia costeña profundamente agrícola, está concesionado a la minería. En Islay hay un conflicto muy claro entre minería y agricultura. Cajamarca, donde hay un nuevo proceso de expansión minera muy fuerte sin consulta a la población. Ahí hay conflictos con varias empresas, como Yanacocha por el proyecto Conga, Gold Fields, Anglo American. Piura es otra zona de conflicto latente.
En Piura el rechazo mayoritario a las operaciones de la empresa Río Blanco ya ha dejado varios muertos. ¿Hay una salida a la vista a este conflicto?
Hay un entrampamiento muy fuerte. Las autoridades locales y la población han pedido reinstalar la mesa de diálogo, pero aparentemente para el gobierno el diálogo está cerrado y ha respondido a las protestas anunciado la instalación de una base militar en la zona. Este es un caso emblemático donde las instancias democráticas de diálogo retroceden frente a la vocación autoritaria del gobierno.
¿Por qué Río Blanco genera tanto rechazo?
En Piura hay un rechazo mayoritario no solamente al proyecto minero de Río Blanco, sino a que esa zona, que es agrícola, se convierta en un distrito minero. Es claro que ahí la gente no quiere que haya minería. Forzar el ingreso de la minería genera una situación de mucha tensión. La población rechaza la minería porque esta zona donde está Río Blanco tiene un ecosistema muy especial, donde hay un sistema de lagunas, de páramos que recogen y distribuyen agua. Es una zona donde la población está muy vinculada a actividades de agricultura orgánica, como café. La población sabe que en esa misma zona se están intentando desarrollar otros cuatro o cinco proyectos mineros de envergadura, y que el proyecto de Río Blanco sería el primero en entrar a esa zona para convertirla en un distrito minero.
¿Un modelo de desarrollo agrícola sería más sostenible y rentable para la población de esa zona que la minería?
Sin duda que en esa zona un desarrollo basado en la agricultura y en el ecoturismo es una alternativa más viable y sostenible que la minería, y en perspectiva es económicamente más rentable para la población. Hay que generar las condiciones para desarrollar esta alternativa.
El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú , formado por las ONG CooperAcción, Grufides y Fedepaz, dio a conocer hace unos días su sexto informe, en el que se examina la situación de la minería en cinco regiones: Piura, Cajamarca, Junín, Cusco y Apurímac. José de Echave, economista y responsable del Programa Derechos Colectivos e Industrias Extractivas de CooperAcción, analiza en la siguiente entrevista la situación de la minería en el país, los conflictos sociales y ambientales que la rodean y la política del gobierno en este tema.
¿Los conflictos sociales y ambientales producidos por la minería además de haber aumentado en número, también se están incrementando en intensidad?
Sí, sin ninguna duda. Hay un crecimiento en el número y especialmente en la intensidad de estos conflictos, que se van convirtiendo en conflictos que apuntan a cambios en políticas públicas. Hay una ausencia absoluta de estrategia para enfrentar los conflictos…
¿O hay una estrategia del gobierno que se centra en desacreditar las protestas y en la represión?
Se busca criminalizar la protesta. Esa es una lógica que agudiza los conflictos. Se ha afirmado una visión profundamente autoritaria. El gobierno no reconoce las razones objetivas de los conflictos sociales y los caricaturiza. Los conflictos están planteando la necesidad de modificar las reglas de juego para que la situación sea más equilibrada…
¿La razón central de los conflictos entre las poblaciones y las empresas mineras es la exigencia por una mayor participación en las ganancias que tienen estas empresas, o el rechazo a la minería como una opción de desarrollo?
Los conflictos no son uniformes. Hay zonas, como Piura, algunas provincias de Cajamarca, algunas zonas de Cusco, donde hay un rechazo a la minería, que no forma parte de la visión de desarrollo que tienen esas poblaciones y que, por el contrario, la perciben como una actividad que los va a afectar. Sin embargo, hay poblaciones, como las de Moquegua o Tacna, que coexisten con la actividad minera y en esos escenarios la población apunta a tratar de conseguir nuevos acuerdos sociales con la minería, lo que implica mayores recursos económicos y empleo local. No todos los conflictos vinculados a la minería tienen la misma agenda.
¿Los proyectos mineros en el cumplen los estándares ambientales mínimos aceptados internacionalmente?
Nuestra legislación es sumamente laxa en este aspecto. Nuestros límites máximos de emisión de fundiciones y otras operaciones mineras son demasiado permisibles. Los estudios de impacto ambiental son totalmente obsoletos…
¿Son obsoletos o están parcializados con los intereses de las empresas?
Las dos cosas. Los estudios de impacto ambiental son hechos por una consultora que es elegida y pagada por la empresa minera, y responden a los intereses de la empresa que los encarga. Y los procesos de implementación del estudio de impacto ambiental con las audiencias públicas están totalmente controlados por las empresas. Además de responder a los intereses de las empresas, estos estudios de impacto ambiental también son obsoletos, porque sus estándares están muy por debajo de los estándares internacionales mínimos planteados por organismos como el Banco mundial y el BID. Este instrumento, que es prácticamente el que decide qué proyecto minero se aprueba y cuál no, está seriamente cuestionado.
¿Cómo ve la ordenanza del Gobierno Regional del Cusco que prohíbe las concesiones mineras?
Esa decisión expresa una preocupación legítima de las autoridades regionales por el avance caótico de la minería. Por ejemplo, casi un 90% de Chumbivilcas está concesionado a la minería. Sin embargo, los gobiernos regionales no tienen facultades sobre la mediana y gran minería, y las concesiones se otorgan en Lima. Este caso del Cusco abre una interesante discusión sobre las concesiones mineras y cómo involucramos en la toma de decisiones a las autoridades regionales para buscar un desarrollo más armónico. El incremento de las concesiones mineras, ahora estamos bordeando los 20 millones de hectáreas, plantea un debate importante de cómo ordenamos el territorio para definir en qué zonas puede haber minería y en cuáles no…
¿Deben suspenderse las concesiones mineras hasta que se produzca ese ordenamiento del territorio?
Eso ayudaría a que el crecimiento de la minería sea menos caótico. Hoy en día basta que una empresa minera pida operar en un territorio que no esté concesionado para que éste se le entregue, sin tomar en cuenta si este territorio es un ecosistema sensible o si hay poblaciones en ese lugar.
¿Para desarrollar un proyecto minero, una ley de consulta debe incluir la obligación de tener el consentimiento de la población que va a ser afectada, o basta con el procedimiento de consulta?
Sin duda que se requiere el consentimiento de la población. Si no es así, el gobierno puede decir ya consulté y ahora decido qué hacer. El reto para quienes quieren hacer minería es convencer a la población, y si no lo logran deben aceptar que no hay condiciones para desarrollar la minería en esa zona y dar un paso atrás.
¿Qué efectos tendría la no promulgación de la ley de consulta o la aprobación de una ley mediatizada con las observaciones hechas por el Ejecutivo?
Las observaciones que ha planteado el gobierno, una de las cuales es no reconocer a las comunidades campesinas de la sierra y de la costa como pueblos indígenas, desnaturalizan la ley de consulta. Una ley con esas observaciones estaría muy por debajo de lo que plantea el Convenio 169 de la OIT. Sería una caricatura de consulta ciudadana que sin duda provocaría una reacción muy fuerte de las poblaciones que tenían mucha expectativa con una ley de consulta. Cuando haya más información y más consulta a la población, entonces habrá menos conflictos.
El informe del Observatorio de Conflictos Mineros señala que hay una ausencia del Estado que permite abusos de las empresas mineras. ¿El problema es una ausencia del Estado o la existencia de una política estatal que defiende los intereses de las empresas mineras sobre los derechos de las poblaciones afectadas?
Existen ambos componentes. El PNUD ha trabajado un mapa que muestra dónde está presente el Estado y dónde no lo está, y si uno cruza esa información con las zonas de las operaciones de las empresas extractivas, de minería e Hidrocarburos, en la gran mayoría de casos hay una coincidencia de esas operaciones con las zonas de ausencia del Estado. Ese es un primer problema. Pero el otro elemento es que cuando el Estado interviene, esa intervención es parcializada con la empresa y no se percibe un Estado que busque contribuir a eliminar las asimetrías (entre las empresas y las comunidades). La opción del Estado es apostar a que las industrias extractivas sigan creciendo. El problema es que estas actividades siguen creciendo sin mecanismos de control, fiscalización y regulación.
El gobierno ha anunciado para este año inversiones en minería por tres mil millones de dólares. Como están las cosas, ¿esa es una buena o una mala noticia?
Nadie dice que el país se cierre a las inversiones, pero como están las cosas, con un Estado que deja hacer, que no interviene y que cuando interviene lo hace en forma parcializada con las empresas, y viendo la evolución de los conflictos vinculados a las industrias extractivas, lo evidente es que más inversiones mineras traerán más conflictos sociales y ambientales.
¿Es un error apostar a la minería como la locomotora del desarrollo económico del país?
El Perú es un país mega diverso y se debe apuntar a tener una economía diversificada respetuosa de la diversidad del país. Dentro de eso la minería puede tener un espacio, yo no creo que se deban cerrar todas las minas o que no se puedan aprobar nuevos proyectos mineros, pero no creo que la minería deba ser el núcleo central del desarrollo. Apostar a un modelo profundamente extractivista es un error.
“El TLC protege a Doe Run”
Hace un año el gobierno amplió por segunda vez el plazo a Doe Run para que cumpla con el Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) de la fundición de La Oroya y este 27 de julio se vence el plazo para que la empresa reanude sus operaciones. Pero hasta ahora Doe Run ha incumplido sus compromisos. ¿Qué puede pasar en La Oroya?
La opción de darle a Doe Run mayor tiempo para que cumpla con el PAMA ha sido un error, de este gobierno y del anterior. Hemos llegado a una situación límite y aparentemente la empresa no va a reiniciar sus operaciones. En ese escenario, el gobierno va a tener que tomar la opción del retiro de la empresa. Eso abre una discusión complicada sobre lo que el contrato permite. Hoy en día, a causa del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, la empresa tiene mayores herramientas que antes para defenderse…
¿El TLC amarra al gobierno para actuar frente a una empresa como Doe Run que reiteradamente ha incumplido sus compromisos?
El TLC le pone restricciones al gobierno. No me parecería extraño que la empresa utilice el TLC para demandar al estado peruano en tribunales internacionales. El argumento, que se lo he escuchado al ex ministro Ferrero, de que el TLC no protege a la empresa no es cierto. Le recomendaría al ex ministro Ferrero que revise el artículo 10.71 del capítulo de inversiones del TLC, en el que claramente hay varios elementos que esta empresa puede utilizar a su favor. El TLC protege a las inversiones, a las buenas y a las malas.
¿La Oroya es un caso emblemático de la parcialización del Estado con las empresas y su desinterés por el medio ambiente y la población?
Sin duda. Es una evidencia de esa parcialización y también de la incapacidad del Estado.
“Islay, Cajamarca y Piura son las zonas de mayor conflictividad por la minería”
¿Cuáles son las zonas del país en las que en este momento existe una mayor conflictividad social a causa de la minería?
En Islay (Arequipa), por el proyecto minero de Tía María que está en una zona en la que hay una actividad agrícola muy intensa. El 61% de Islay, que es una provincia costeña profundamente agrícola, está concesionado a la minería. En Islay hay un conflicto muy claro entre minería y agricultura. Cajamarca, donde hay un nuevo proceso de expansión minera muy fuerte sin consulta a la población. Ahí hay conflictos con varias empresas, como Yanacocha por el proyecto Conga, Gold Fields, Anglo American. Piura es otra zona de conflicto latente.
En Piura el rechazo mayoritario a las operaciones de la empresa Río Blanco ya ha dejado varios muertos. ¿Hay una salida a la vista a este conflicto?
Hay un entrampamiento muy fuerte. Las autoridades locales y la población han pedido reinstalar la mesa de diálogo, pero aparentemente para el gobierno el diálogo está cerrado y ha respondido a las protestas anunciado la instalación de una base militar en la zona. Este es un caso emblemático donde las instancias democráticas de diálogo retroceden frente a la vocación autoritaria del gobierno.
¿Por qué Río Blanco genera tanto rechazo?
En Piura hay un rechazo mayoritario no solamente al proyecto minero de Río Blanco, sino a que esa zona, que es agrícola, se convierta en un distrito minero. Es claro que ahí la gente no quiere que haya minería. Forzar el ingreso de la minería genera una situación de mucha tensión. La población rechaza la minería porque esta zona donde está Río Blanco tiene un ecosistema muy especial, donde hay un sistema de lagunas, de páramos que recogen y distribuyen agua. Es una zona donde la población está muy vinculada a actividades de agricultura orgánica, como café. La población sabe que en esa misma zona se están intentando desarrollar otros cuatro o cinco proyectos mineros de envergadura, y que el proyecto de Río Blanco sería el primero en entrar a esa zona para convertirla en un distrito minero.
¿Un modelo de desarrollo agrícola sería más sostenible y rentable para la población de esa zona que la minería?
Sin duda que en esa zona un desarrollo basado en la agricultura y en el ecoturismo es una alternativa más viable y sostenible que la minería, y en perspectiva es económicamente más rentable para la población. Hay que generar las condiciones para desarrollar esta alternativa.
Entrevista:
Carlos Noriega
Enlace:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/entrevista/gobierno-esta-parcializado-con-mineras_66498.html