Recomendación de las Organizaciones No Gubernamentales
Por: Álvaro Gastañaduí. Publicado por El Comercio el 15 de julio de 2010
Junto con los US$16.000 millones que exportaron las mineras en el 2009 y los más de US$35.000 millones que invertirán en los próximos años aumentan los conflictos sociales derivados de esa actividad. Así lo hace notar el sexto informe del Observatorio de Conflictos Mineros, que fue presentado ayer por las ONG Cooperacción, Grufides y Fedepaz.
Según el responsable de ese estudio, José de Echave, la mitad de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo es de origen socioambiental y de ellos el 80% es causado por la actividad minera y de hidrocarburos. También alertó que el sistema regulatorio minero no estaba funcionando bien, pues favorecía a las empresas. En ese sentido, propuso mejorar los mecanismos de información y de evaluación ambiental, para que los proyectos mineros se vean de una manera integral y no de forma individual. “No es lo mismo apreciar el impacto que tendrá un proyecto minero en una zona si no se sabe que hay otros cinco o seis más en ese mismo lugar”, indicó.
Durante esa presentación, Paolo Sánchez, de Grufides, denunció no solo un aumento en la intensidad de los conflictos, sino también un uso cada vez más frecuente de la violencia y de la ley por parte de las empresas para enfrentar los conflictos sociales. Citó, por ejemplo, que más de diez personas han muerto en conflictos mineros y que más de 300 comuneros son procesados penalmente por diversos delitos. Uno de los casos de mayor violencia —agregó— ocurre en la sierra de Piura con el proyecto Río Blanco.
De forma coincidente, el abogado ambientalista Mariano Castro indicó que la tendencia en los conflictos mineros es que van en aumento. Criticó que las políticas de relación entre mineras y comunidades no funcionaran bien y demandó mejorarlas, especialmente en el control ambiental.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Hans Flury, negó que las empresas hubieran denunciado a sus comunidades para enfrentar los conflictos. Puso énfasis en que se analice cada conflicto, pues muchos de ellos no estaban relacionados con la actividad minera sino con otros problemas, como el tema del agua. Asimismo, manifestó su preocupación de que las ONG no informaran sobre la gestión de las autoridades ni sobre la minería informal. También refirió que los conflictos aumentarían por las elecciones municipales y generales, pero luego volvería la calma al país.
Enlace:
http://elcomercio.pe/impresa/notas/mayor-consulta-evitara-conflictos-sociales-causados-mineria/20100715/608623
Por: Álvaro Gastañaduí. Publicado por El Comercio el 15 de julio de 2010
Junto con los US$16.000 millones que exportaron las mineras en el 2009 y los más de US$35.000 millones que invertirán en los próximos años aumentan los conflictos sociales derivados de esa actividad. Así lo hace notar el sexto informe del Observatorio de Conflictos Mineros, que fue presentado ayer por las ONG Cooperacción, Grufides y Fedepaz.
Según el responsable de ese estudio, José de Echave, la mitad de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo es de origen socioambiental y de ellos el 80% es causado por la actividad minera y de hidrocarburos. También alertó que el sistema regulatorio minero no estaba funcionando bien, pues favorecía a las empresas. En ese sentido, propuso mejorar los mecanismos de información y de evaluación ambiental, para que los proyectos mineros se vean de una manera integral y no de forma individual. “No es lo mismo apreciar el impacto que tendrá un proyecto minero en una zona si no se sabe que hay otros cinco o seis más en ese mismo lugar”, indicó.
Durante esa presentación, Paolo Sánchez, de Grufides, denunció no solo un aumento en la intensidad de los conflictos, sino también un uso cada vez más frecuente de la violencia y de la ley por parte de las empresas para enfrentar los conflictos sociales. Citó, por ejemplo, que más de diez personas han muerto en conflictos mineros y que más de 300 comuneros son procesados penalmente por diversos delitos. Uno de los casos de mayor violencia —agregó— ocurre en la sierra de Piura con el proyecto Río Blanco.
De forma coincidente, el abogado ambientalista Mariano Castro indicó que la tendencia en los conflictos mineros es que van en aumento. Criticó que las políticas de relación entre mineras y comunidades no funcionaran bien y demandó mejorarlas, especialmente en el control ambiental.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Hans Flury, negó que las empresas hubieran denunciado a sus comunidades para enfrentar los conflictos. Puso énfasis en que se analice cada conflicto, pues muchos de ellos no estaban relacionados con la actividad minera sino con otros problemas, como el tema del agua. Asimismo, manifestó su preocupación de que las ONG no informaran sobre la gestión de las autoridades ni sobre la minería informal. También refirió que los conflictos aumentarían por las elecciones municipales y generales, pero luego volvería la calma al país.
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