“Agua, tierra y vida, promoviendo el desarrollo sostenible”

Conducción: Enrique Mauricio y Edward Gómez

“Agua, Tierra y Vida, promoviendo el desarrollo sostenible”, es un espacio independiente, que tiene como objetivo contribuir al diálogo sobre la protección de nuestro medio ambiente, promoviendo la conservación y el desarrollo sostenible de nuestra región, con opiniones diversas, que permitan abrir el debate y ser la tribuna de las organizaciones de la sociedad civil.

El proyecto tiene como fin promover el análisis crítico y la construcción y/o fortalecimiento de una visión integral del desarrollo, con todos sus componentes y con todas las herramientas como Ordenamiento Territorial, Zonificación Ecológica Económica, participación ciudadana, protección y valoración ambiental y cultural de los ecosistemas.

Asimismo, el programa viene abordando temas de coyunturales, como es el caso de los decretos legislativos en el marco de la implementación del TLC que vulneran derechos. Otros relacionados a minería, como es el caso de los conflictos mineros, degradación ambiental, sanciones a las empresas mineras por incumplimiento ambiental, seguimiento al cumplimiento de las PAMAs, oportunidad para construir una visión regional plural.

Para promover el análisis crítico y construcción y/o fortalecimiento de una visión integral de desarrollo, se viene convocando a reconocidos especialistas en el tema.

La dirección está a cargo de CooperAcción. Actualmente la emisión del programa es vía Radio Cutivalú en Piura, todos los miércoles de 11: 30 a.m. a 12 del mediodía.

Otra lucha contra la Inflación es posible

Por Pedro Francke

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Entre setiembre del 2007 y agosto del 2008, los precios han subido en Cusco en 12,5%, en Moyobamba 11,4%, en Huaraz 11,3%; en Chiclayo 10,3%, en Piura 8,4% y en Lima 6,3%. La inflación nacional ha saltado a 7%, si consideramos -como se debe- los precios de todo el país y no sólo los de Lima. Esa cifra duplica la meta tope de inflación fijada por el BCR.

Los más afectados por esta alza de precios han sido los trabajadores, cuyos sueldos y salarios siguen congelados; las familias pobres, que dedican la mayor parte de su presupuesto a alimentos que son los productos que más han subido; y las regiones del interior del país, donde la inflación ha sido mayor.

LAS CAUSAS DE LA INFLACION

La inflación es sobre todo un fenómeno macroeconómico. El problema no es el pollo; el alza de precios es generalizada, aunque algunos productos suban más que otros. Y las causas no son solamente externas, como dice el gobierno tratando de lavarse las manos, también la política económica actual es causante de la inflación.

La explicación más básica de una inflación como la que tenemos en el Perú de hoy, es que la demanda ha aumentado más que la oferta. Al mismo tiempo que hay mayor demanda por los diversos productos, la oferta no ha crecido al mismo ritmo, porque el gobierno no ha promocionado la agricultura.

Desde luego, decir que los peruanos estamos consumiendo demasiado, en un país con más de 40% de pobreza, o que hay mucho gasto público cuando los hospitales se caen a pedazos y los caminos rurales son un desastre, parece absurdo. Es que, efectivamente, ni el gasto de la enorme mayoría de peruanos ni el gasto público son excesivos. Todo lo contrario, son deficitarios en relación a las necesidades.

Lo que sucede es que, aunque la gran mayoría de los peruanos consume muy poco y el estado tiene bajos niveles de gasto e inversión social, por otro lado hay un grupo de peruanos y de empresas trasnacionales que concentran los ingresos y que gastan demasiado. Esto está generando la inflación.

Recordemos que en la economía, no vale el “una persona un voto”. Lo que cuenta son los soles. Más soles tienes, más vales y más impacto tienes en la economía. Así, los 11 millones de peruanos pobres, que según las cifras oficiales en tres años han aumentado su consumo en 75 céntimos diarios, suman 3 mil millones de soles adicionales. Esto no es ni el 1% del PBI, mientras en ese periodo el PBI ha crecido 25%. Es decir, los pobres no han recibido ni la veinteava parte del crecimiento. Podemos asegurar que no es por ellos que el consumo ha crecido mucho.

Por otro lado, los dueños de una veintena de empresas mineras aumentaron sus ingresos en 25 mil millones de soles: 8 veces más. También AFPs, bancos y grandes empresas en general han tenido utilidades récord.

DISTINTAS RECETAS

Frente a la inflación, la receta del ministro Valdivieso, siguiendo los tradicionales moldes del FMI es reducir el gasto público: menos gasto en educación, programas sociales e inversiones regionales. Nada de ajustar a “los de arriba”, nada de cobrar más impuestos a los que concentran la riqueza. ¡Si hasta mantiene cientos de millones de soles en subsidios de combustibles a las empresas mineras!

Dado el fuerte impacto de la inflación sobre los bolsillos populares, es necesario un plan alternativo al que está implementando el gobierno. Si se optara por una opción que redujera los ingresos de los de arriba, se podría al mismo tiempo reducir el acelerado crecimiento de la demanda macroeconómica que provoca inflación, y mantener e incluso ampliar el gasto social y en inversión regional. De esa manera, además, se podría ir mejorando las posibilidades de crecimiento económico en el mediano plazo, con mejor infraestructura y una población más educada y saludable.

Muchas otras políticas deben cambiarse en el Perú; las aquí propuestas solo contemplan aquellas relacionadas al objetivo de controlar la inflación.

En el terreno de la regulación de la moneda y el crédito, convendría reducir el acelerado crecimiento del crédito, mediante las siguientes medidas:

• Elevar los encajes a los préstamos que los bancos obtienen del exterior.
• Elevar las tasas de interés del BCR, hoy negativas en términos reales.
• Regular de manera más estricta los créditos de consumo (tarjetas de crédito, etc).

Por el lado del presupuesto público, se puede elevar el superávit fiscal para reducir la demanda agregada, pero sin los recortes al gasto social que va a hacer el gobierno, mediante:

• Un impuesto a las sobreganancias mineras y a las ganancias en bolsa de valores.
• Elevación de impuesto a la renta a los sectores de altos ingresos.
• Elevación de impuestos a productos de lujo (carros de lujo, yates, etc).
• Eliminación del subsidio a los combustibles que reciben las empresas mineras.
• Aumentar el gasto social, en infraestructura y en inversiones descentralizadas, financiado con estos ingresos adicionales, dentro de la mayor meta de superávit.

Esto debiera complementarse con políticas para sostener el crecimiento económico y reducir las presiones inflacionarias en el mediano plazo, como:

• Priorizar las inversiones públicas en infraestructura (carreteras y puertos).
• Asegurar un abastecimiento de energía (gas y electricidad) a precios competitivos.
• Priorizar las políticas de promoción agropecuaria, en particular hacia los pequeños productores y comunidades campesinas y nativas.
• Establecer una protección arancelaria adecuada para la industria nacional.

Finalmente, deben plantearse políticas sociales para defender a los pobres de la inflación y generar capital humano que sostenga un crecimiento futuro, tales como:

• Aumento del presupuesto de los programas sociales, para cubrir el alza de los precios y la ayuda adicional que debe darse a las familias.
• Avanzar hacia el aseguramiento universal en salud, para que las familias pobres no tengan que pagar cuando tienen un problema de salud.
• Aumento del salario mínimo.
• Reajuste de salarios mediante el restablecimiento de los derechos a la sindicalización y la negociación colectiva, negados en la práctica al permitirse los despidos de dirigentes y las services.

Con estas medidas se puede controlar la inflación, mantener el crecimiento y mejorar las condiciones de vida de los pobres. Es sólo cuestión de una decisión política de gobernar para las mayorías y no para el FMI.

¿Qué ha pasado en un año?

Por: José De Echave C.

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El 16 de septiembre se cumple un año de la consulta organizada por tres distritos de la sierra de Piura: Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa. En los últimos doce meses, el caso del proyecto Río Blanco se ha convertido en un capítulo determinante para entender lo que viene ocurriendo con la minería en el país.

Sobre la situación del proyecto, no está demás recordar que luego de un año ha quedado demostrado que la empresa no había cumplido con lo que mandaban las leyes peruanas: las mineras estaban obligadas a solicitar autorización a la asamblea de las comunidades campesinas y este requisito no fue cumplido, como lo demuestra un informe del Congreso de La República y de la propia Defensoría del Pueblo. Además, la empresa ha sido denunciada por haber usurpado las tierras comunales y por si fuera poco, ha sido multada por el organismo regulador por contaminar en sus labores de exploración. Con esos antecedentes hay motivos suficientes para preocuparse.

Como ya habíamos señalado hace un año, este caso resume muy bien el contexto y los principales cuellos de botella que se presentan en la mayoría de conflictos mineros en los últimos años en todo el país. No se debe perder de vista que hoy en día estamos en un nuevo momento en el que la minería y otras actividades extractivas, buscan consolidar un escenario de crecimiento en el mediano y largo plazo. Sin embargo, en este escenario es evidente que en muchas zonas las poblaciones muestran su rechazo a un crecimiento que carece mecanismos de protección social y ambiental.

Por lo tanto, los conflictos pueden ser leídos al mismo tiempo como causa y consecuencia: si bien las empresas y el gobierno prefieren verlos exclusivamente como la principal causa del estancamiento de los ritmos de crecimiento, estos también deberían ser vistos como consecuencia de lo que no viene funcionando adecuadamente: por ejemplo en el marco de las regulaciones y/o en los mecanismos institucionales vinculados a este sector. En este escenario, cabe preguntarse si es posible pensar seriamente en una nueva etapa de expansión de la minería, sin cambios sustantivos en las reglas de juego.

En este contexto se deberían retomar los principales puntos pendientes de la agenda minera; sobre todo los relacionados con los aspectos sociales y ambientales, que no resistirán una nueva expansión acelerada de la minería, sin mecanismos efectivos de regulación y control y sin una agenda que la vincule de manera clara y efectiva al desarrollo sostenible en las zonas donde se implanta. Por lo tanto, reforma institucional, desarrollo de nuevos instrumentos de gestión para los temas sociales y ambientales, mejora de los procesos de participación ciudadana, gestión óptima de los beneficios económicos que genera la minería; son algunos de los temas que aparecen en la agenda de debate hoy en día.

No debemos olvidar que la evolución reciente de la minería y la de los propios conflictos, muestran serios problemas de gobernabilidad en el país. El desafío por lo tanto es como recuperar gobernabilidad y sobre todo como recuperar gobernabilidad democrática. Ello significa construir una institucionalidad que tenga una real capacidad para responder a las demandas que se presentan y gestionar la dimensión social y ambiental del desarrollo sostenible en el país.

El fortalecimiento de la gestión pública vinculada a la minería es un aspecto determinante para la construcción de una gobernabilidad democrática. El reto es generar una gestión equilibrada e independiente, que propicie la participación ciudadana oportuna e informada. Es solo de esta manera que los organismos del Estado peruano, encargados de la gestión minera, podrán recuperar la confianza de las poblaciones y superar la percepción que su actuación no es neutral y/o incompetente.

La reforma de la gestión pública vinculada a la minería debe partir de un buen diagnóstico integral sobre cómo funciona para luego definir su rediseño. Este es un tema que genera debate y serias resistencias, como lo prueba la reciente creación de un Ministerio del Ambiente que finalmente nació con funciones recortadas. Una nueva institucionalidad, que genere mecanismos confiables para tramitar demandas de poblaciones diversas y de las propias autoridades locales, será de suma utilidad para la gestión de conflictos y la mejora de las relaciones entre los diversos grupos de interés en las zonas de influencia de la actividad minera.

Pero en el último año el escenario se ha vuelto más complejo y se ha ido en la dirección opuesta. No podemos olvidar que en el marco de las facultades otorgadas al Ejecutivo para la implementación del TLC con los Estados Unidos se han publicado casi un centenar de decretos que buscan promover la inversión privada, al mismo tiempo que se debilitan los estándares de protección social y ambiental.

El paquete de decretos legislativos ha causado preocupación, como lo demuestran las recientes movilizaciones en la Selva peruana, en tanto que se afectan derechos de las comunidades campesinas y nativas del país. Un tema clave para el caso Río Blanco: a la reducción del nivel de votación para tomar decisiones sobre actos de disposición de la tierra comunal, se suma la derogación de la Ley Nº 26505, dejando de lado la norma que propiciaba el acuerdo y por ende, la negociación entre los titulares de la actividad minera o de hidrocarburos y los propietarios de los terrenos superficiales. Estos cambios normativos no han tomado en cuenta la Resolución Legislativa 26253, que aprobó el Convenio Nº 169 de OIT, que establece en su artículo 6º que los gobiernos deberán: consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Por lo tanto, en un contexto como el descrito no es difícil suponer que se seguirán presentando escenarios complejos y que será necesario seguir haciendo esfuerzos para enrumbar y transformar estos conflictos por canales democráticos y pacíficos que aporten a la construcción de una verdadera gobernabilidad democrática en el país. A un año de la consulta en Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa, esta sigue siendo una tarea pendiente.

Felizmente que no hemos perdido la capacidad de indignarnos

Julia Cuadros Falla
Sub Directora de CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo

Cuando en marzo pasado nos enteramos de la denuncia que por supuesto delito de “terrorismo” había presentado una organización de Huancabamba contra un grupo de personas entre las que me encuentro, mi primer sentimiento fue de frustración que, poco a poco, con el transcurso de los días, se transformó en indignación y ahora es de determinación para continuar el trabajo que desde hace muchos años vengo realizando.

Frustración porque nos habíamos enterado por los diarios que teníamos esa denuncia, también porque rápidamente la denuncia fue enviada a la dirección contra el terrorismo para su investigación, aunque luego la Fiscalía reafirmó sus competencias y la denuncia regresó a sus fueros. Ese fin de semana tuve que reunir alrededor de la mesa a mi pequeña hija y al resto de mi familia para informarles de esta situación y explicarles que como era una denuncia infundada, era posible que algunas personas buscaran inventar pruebas en mi contra y que teníamos que estar alertas. La sola palabra “terrorismo” asustó a las niñas y mujeres que allí estábamos. Felizmente que en algunas ocasiones había tenido que llevar a mi hija en mis viajes de trabajo, por lo que fue relativamente sencillo tranquilizarla, recordando juntas el trabajo que hago en El Carmen de la Frontera, Huancabamba o Tambogrande, orientado al fortalecimiento de capacidades de las comunidades campesinas de la zona.

Fue allí que mi frustración se convirtió en indignación, ¿con qué derecho, me pregunté, personas a las que no conozco ni de nombre, se atreven a mentir y poner en peligro algo tan sagrado para los seres humanos como la vida y la libertad?

Sin embargo, gracias a la amplia solidaridad que recibí tanto yo como el resto de colegas denunciados, solidaridad que vino desde países tan lejanos como Filipinas, hasta de las comunidades campesinas de Las Bambas donde también como Sub Directora de CooperAcción hago una labor de fortalecimiento de capacidades, hoy me siento reafirmada en el trabajo que realizo.

La reflexión que me motiva esta desagradable situación es la utilización de métodos vedados y un escenario en el que se percibe intolerancia de algunos sectores frente a opiniones discrepantes, el uso de la violencia y los intentos de utilizar la fuerza pública frente a la orfandad de argumentos.
No se quiere reconocer que a la base de estos conflictos se encuentran una serie de demandas de las poblaciones, comunidades y autoridades sobre el desconocimiento o violación de sus derechos. La existencia de esta situación se ha puesto de manifiesto en la protesta de los pueblos amazónicos que ha conseguido la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073.Sin embargo, es preocupante constatar la situación que viven comunidades y autoridades locales en sus territorios y sus circunscripciones.

La presencia de fuerzas externas con mucho poder, como es el caso de las empresas mineras, desarticula el ya debilitado tejido social, y lo que es más grave debilita aún más la frágil institucionalidad gubernamental. Esta situación seguirá agravándose si es que todos los actores que estamos involucrados no asumimos una actitud responsable, tolerante y propositiva frente a los conflictos y aportamos desde nuestras propias perspectivas al fortalecimiento de la gobernabilidad y la democracia, también desde los rincones más alejados de nuestro país.

Podemos constatar que las relaciones entre los actores locales y los que vienen de fuera son desiguales. Las comunidades y poblaciones han sido marginadas durante siglos. La presencia de empresas mineras, en muchos casos está siendo vista como una oportunidad para incluir a estos sectores en los beneficios del desarrollo. Sin embargo, también existen poblaciones que no están de acuerdo con la realización de operaciones mineras en sus territorios.

En el Perú, donde la minería juega un rol de primera importancia, no pueden realizarse actividades extractivas en cualquier lugar, en particular en zonas ambientalmente frágiles, como es el caso de los distritos de El Carmen de la Frontera y Ayavaca. Tampoco se debería contravenir la legislación nacional que señala que estas operaciones deben contar con la autorización legal de los propietarios de las tierras, en este caso las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas.

CooperAcción, a través de su equipo de trabajo, viene trabajando desde hace muchos años en Piura, apoyando el fortalecimiento de las capacidades humanas y de gestión de comunidades campesinas, de gobiernos locales y de sus líderes, varones y mujeres, con la finalidad de reducir las asimetrías de poder existentes, pero también realizando investigación, análisis y estudios técnicos, cuyos resultados vienen respaldando los acuerdos de las comunidades y municipalidades y sus propuestas de desarrollo.

En el caso del distrito de El Carmen de la Frontera, estamos brindando asesoría técnica a la elaboración de su Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) como una herramienta clave de la planificación de su desarrollo equitativo y sostenible. La ZEE y el Ordenamiento Territorial se constituyen en instrumentos de gestión que permiten prevenir y evitar conflictos por el uso de recursos naturales como el agua y la tierra.

Un caso preocupante es el del proyecto minero Río Blanco, que a pesar de no contar con los permisos legales de las comunidades campesinas, ha continuado con los trámites para ampliar la fase de exploración. Esa es una muestra clara de la asimetría de poder, que termina permitiendo que las leyes nacionales sean acomodadas según los intereses de algunos grupos de interés. En ese sentido es ofensivo que la empresa haga una solicitud de ampliación de la exploración, cuando no existen evidencias que se haya implementado el Plan de Rehabilitación luego que OSINERGMIN les impusiera una multa de S/. 350,000 nuevos soles por haber incumplido compromisos ambientales en la fase de exploración. Con ello no han hecho sino ahondar aún más la desconfianza de las comunidades respecto al cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de compromisos.

Felizmente que no hemos perdido la capacidad de indignarnos, y ello nos impulsa aún más a continuar trabajando en defensa de los derechos de las comunidades, en la protección del medio ambiente y en la promoción de un desarrollo sostenible que incluya a todos, en especial a las poblaciones menos favorecidas.

En medio de un terremoto

Por: Pedro Francke

Publicado del domingo 26 de Octubre

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La actual crisis financiera internacional es como un terremoto: sabemos que estamos en medio de él, pero no sabemos si está por terminar o si vendrá un remezón peor. Tampoco sabemos cuántas casas y edificios se caerán. Menos todavía podemos saber cómo se reconstruirá la ciudad después del sismo.

Pero de lo que no cabe duda es que estamos en medio de uno de los más grandes terremotos que ha conocido la economía de mercado. Desde el crack de 1929, hace casi 80 años, el mundo no había vivido una crisis financiera de esta magnitud.

Recién estamos viendo las primeras consecuencias sobre nosotros: alza del dólar (con sus duros efectos sobre quienes tienen deudas en esa moneda), caída de la bolsa de valores (que afecta también a los afiliados a las AFPs), y aumento de tasas de interés y reducción del crédito. La recesión en Estados unidos y Europa hará mucho más difícil vender a las empresas exportadoras no tradicionales, en particular las textiles. Ha caído el precio del petróleo, el cobre y otras materias primas, lo que reducirá los ingresos fiscales y el canon que se distribuye a gobiernos regionales y municipios. Sin embargo, la inversión social en educación, salud y carreteras sólo se afectará si se aplica un ajuste fondomonetarista que reduzca indiscriminadamente el gasto público, como el preconizado por el ministro Valdivieso quien en el Presupuesto 2009 ya ha recortado 400 millones de soles a los municipios.

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El crecimiento económico del próximo año tendrá que ser bastante menor que el de este, y con ello habrá menos trabajo.

Alan García ha repetido que estamos “blindados” ante la crisis. Sin embargo, aunque tenemos bastantes reservas internacionales, la política neoliberal ha permitido a los bancos captar deudas del exterior de corto plazo, capitales golondrinos que se han ido rápidamente, lo que ha reducido el nivel de reservas propias del Banco Central. El BCR ha perdido 4,000 millones de dólares de reservas en un mes.

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Las importaciones han aumentado enormemente, pasando de US$ 1,200 millones mensuales al inicio del gobierno a US$ 2,500 millones mensuales ahora, lo que ante la caída de precios de las exportaciones producirán un serio déficit externo. La economía peruana está en una situación muy delicada, y lo peor que nos puede pasar es que el gobierno sea ciego ante ella, como lo fueron Bush y los europeos durante varios meses.

¿Que debiéramos hacer para enfrentarla?

En primer lugar, Yehude Simon tiene razón cuando insiste en que no se recorte el gasto público, como lo está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas. La educación, la salud y las inversiones regionales son prioritarias, y lo son más en tiempos de crisis. Para mantener ese gasto, no necesitamos que el estado se endeude más, como esa emisión de bonos de 600 millones de dólares que anuncia el ministro Valdivieso, cuyo costo en intereses será enorme. Más bien se debería establecer un impuesto a las sobreganancias que han obtenido las empresas mineras, petroleras y otras en los últimos años: si han sido los grandes ganadores en el crecimiento económico reciente, también deben ser los que “se mojen” ahora que las cosas se ponen difíciles. Sería totalmente injusto que, cuando las cosas iban bien, ellos ganaban y la mayoría de peruanos no, y ahora que las cosas van mal, los platos rotos lo paguemos todos.

Está bien que el BCR use sus reservas para amortiguar el impacto financiero de la crisis, aunque debe hacerlo con prudencia y límites. Pero esa es una salida temporal. Si los banqueros están en problemas, la solución no puede estar en usar el dinero de todos los peruanos para rescatarlos y que sigan haciendo sus negocios como antes. Es necesaria también una defensa de los usuarios de los bancos, ya que éstos están acostumbrados a abusar a su antojo. Las pequeñas empresas y el agro requieren un tratamiento especial para mantener su acceso al crédito.

El problema de mediano plazo más difícil es el desequilibrio externo. Hemos estado importando como locos, sustentados en exportaciones muy altas gracias a precios internacionales nunca antes vistos y en fuertes entradas de capitales externos. Con la crisis internacional, el cobre ya cayó de 4 a 2 dólares la libra, y los capitales se están yendo. Tenemos que reestablecer el equilibrio externo, promoviendo nuestras exportaciones no tradicionales al máximo y reduciendo las importaciones que no son tan necesarias o que podemos producir en el Perú. Dejar que entren fácil los productos chinos, con el TLC, es una mala idea.

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Una cierta alza del dólar es necesaria, pero debe ser complementada con reestablecimiento de aranceles e impuestos selectivos para los productos importados de lujo.Pasada la crisis, será necesaria una nueva mirada al desarrollo, una que deje de pensar que los capitales externos son la única alternativa. Hoy en el mundo es evidente que las grandes finanzas internacionales son más un problema que una solución.

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El camino al desarrollo tenemos que construirlo basados en nuestras propias capacidades, esfuerzo y ahorro, y en nuestra destreza por aprovechar la tecnología internacional sin convertirnos en dependientes de las trasnacionales.

Las Industrias Extractivas y su Discover Channel

Por. Jose De Echave

Diario El tiempo (Suplemento Semana)

Publicado el 12 de octubre de 2008

"¿A quién hay que aceitar?" Terrible frase que se escucha en una de las grabaciones en las que el ex ministro aprista, Rómulo León, le plantea la interrogante al vicepresidente de Perú-Petro, Alberto Quimper. El reciente escándalo que compromete a funcionarios del más alto nivel de empresas públicas del sector hidrocarburos, miembros del partido de gobierno y a una empresa petrolera, ha puesto nuevamente sobre la mesa la manera como operan algunos en el mundo de los negocios y las inversiones.

Este no es el primero y tampoco será el último caso: en los últimos años escándalos de corrupción han estallado en diferentes países en el mundo y en muchos de esos casos empresas mineras y petroleras han estado envueltas. En el Perú hasta ahora se recuerda un video de Vladimiro Montesinos pidiendo que se favorezca en un juicio a una empresa minera. De toda esta realidad han nacido iniciativas como la que busca promover una absoluta transparencia financiera (EITI por sus siglas en inglés) en las industrias extractivas.

¿Por qué tanto énfasis en las industrias extractivas? En primer lugar porque han estado en una fase expansiva y en una carrera sin precedentes. Lo que ha pasado en la última década en el sector minero no tiene antecedentes en los últimos 50 o 60 años. La minería creció en todo el mundo en regiones como Asia, África y por supuesto América Latina. Lo mismo viene ocurriendo con el sector de hidrocarburos.

En segundo lugar porque estas empresas usualmente actúan en países con sistemas de gobernabilidad y mecanismos de regulación extremadamente frágiles y en donde la institucionalidad democrática es incipiente. Los procesos de reformas estructurales que se aplicaron en la década del 90, terminaron por debilitar las posibilidades de control y regulación, en materia social y ambiental, por ejemplo, en las zonas de influencia de estas actividades.

Pero además, el proceso de concentración de la propiedad de industrias como la minería y los hidrocarburos, ha generado que enormes consorcios de talla mundial, con un gran poder económico, terminen negociando con Estados débiles, carentes de capacidades e institucionalidad adecuada.

Estas situaciones se pueden presentar con casos de corrupción abierta y descarada -como el reciente de la empresa noruega Discover-, pero también con casos muchos más sutiles.

Estos casos sutiles, lamentablemente aceptados hoy en día por los usos y costumbres en el mundo de los negocios y la política implican, por ejemplo, la cercanía permanente de funcionarios de las empresas privadas con los políticos de mayor influencia, la usual contratación en esas empresas de militantes de los partidos de gobierno, que jugarán un rol de bisagra entre el mundo de los negocios y el poder político, lo que implica toma de decisiones y pago de favores.

¿Esto se ve hoy en día en el Perú? Más de lo que se piensa y conoce. No estaría demás revisar los cuadros directivos y algunos operativos de un importante número de empresas mineras y de hidrocarburos para no sorprendernos cuando a uno le llega la información que tal o cual miembro del partido de gobierno está trabajando en una empresa importante y no siempre por méritos propios.

Más aun, hay empresas que traen consigo este tipo de cultura empresarial. Si bien las empresas occidentales no escapan a estas prácticas, como lo demuestra el caso de Discover, no se debe perder de vista el caso especial de por ejemplo las empresas chinas, país donde el poder político tiene una fuerte presencia directa en muchas de las empresas que vienen invirtiendo cada vez más en el Perú. Por lo tanto, no está demás ver lo que está pasando hoy en día con empresas como Zijing (proyecto Río Blanco) o Chinalco (proyecto Toromocho) y algunas inversiones chinas en el sector de hidrocarburos y sus prácticas de relaciones con el poder político.

Los gremios empresariales deberían zanjar con las prácticas de corrupción de sus miembros, tanto las abiertas como las más sutiles. La empresa Discover, como si fuese lo más normal, ha admitido que ha pagado por los favores al aprista Rómulo León y al vicepresidente de Perú-Petro, Alberto Quimper. A este último, nada menos que como abogado en materia tributaria y que al mismo tiempo tenía que darle la calificación, una suerte de visto bueno que dejaba a la empresa lista para obtener los lotes que buscaba. ¿Dónde quedan los códigos de conducta y los discursos de responsabilidad empresarial?

Frente a esta situación, el país necesita un verdadero shock de transparencia. Transparencia en los temas financieros, pero también en los contratos que se firman; en las concesiones mineras y de hidrocarburos que se entregan sin ningún tipo de control en todo el territorio nacional. Transparencia y acceso a la información para las autoridades locales, las comunidades y para la sociedad civil en general.

El destape de Discover muestra que la situación es más compleja de lo que usualmente se quiere ver y cada vez es más urgente que sea abordada de la manera más seria posible. Para lograr cambios sustantivos se necesitará una verdadera voluntad política de implementarlos. Voluntad política que no existe en el gobierno actual y que en la actualidad dependerá en gran medida de lo que puedan hacer sectores de la sociedad civil, que están realmente comprometidos con la tarea de generar cambios orientados a lograr una verdadera gobernabilidad democrática en el país.

http://www.eltiempo.com.pe/eltiempo/suplementos.html

A un año de la consulta de Majaz: Las lecciones de la protesta amazónica

Fernando Romero Bolaños

Suplemento Semana Diario El Tiempo de Piura

Publicado el 08 de Setiembre

El 16 de setiembre se cumple un año de la realización de la consulta vecinal en Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa. Una de las razones por las que se realizó la consulta fue demostrar que el gobierno nacional no podía tomar decisiones sin tener en cuenta la opinión y las opciones de desarrollo que la población de estos distritos viene promoviendo. No es coincidencia que, recientemente, las comunidades nativas de la amazonía peruana se hayan visto obligadas a expresar su desacuerdo con una serie de decretos legislativos que pone en riesgo la propiedad de sus tierras y la institucionalidad de sus organizaciones, consiguiendo que el Congreso de la República paralice la implementación de dos de las normas aprobadas por el Ejecutivo que atentan contra sus derechos, justamente porque no fueron consultadas ni con las comunidades ni con el Congreso antes de su aprobación.

En ambos casos, además, la respuesta del gobierno ha sido acusar que existían intereses ocultos, campañas desestabilizadoras y calificar a las personas que participaban en estas medidas de ser manipuladas. La convicción de los líderes comunales y nativos, de las autoridades locales involucradas y el respaldo que otros sectores les brindaron, hicieron que el gobierno tuviera que modificar su posición y aceptar a regañadientes que tenía que escuchar el punto de vista de las comunidades.

Pero hay que indicar también, que si bien la consulta sobre Majaz y la protesta amazónica han mostrado que las organizaciones campesinas y nativas tienen voz propia y capacidad para expresar sus intereses, en ninguna de estas situaciones se ha dicho aún la última palabra. Sin embargo, pienso que existen condiciones para que el resultado sea beneficioso para el país y las comunidades. ¿De qué depende?

Institucionalizar mecanismos de consulta y de participación reales

En este momento existe mayor conciencia en el país de que es necesario institucionalizar la consulta previa como una condición para la realización de cualquier proyecto que pueda afectar los recursos que los pobladores de áreas rurales requieren para asegurar y reproducir sus medios de vida.

Teniendo como base los avances existentes en la normativa internacional y las experiencias como las de Tambogrande y Majaz, se requiere avanzar en establecer los procedimientos y requisitos para que la consulta sea legítima y viable. Es necesario evitar, que sea sólo un mero formalismo que no garantiza los derechos de las comunidades y también que se convierta en un veto a toda iniciativa de inversión que provenga de fuera de ellas.

Se requiere además considerar los procedimientos adecuados para resolver situaciones en las cuales entran en conflicto los intereses de las comunidades con los proyectos que pueden generar reales beneficios a un número mayor de personas o al conjunto del país. En esos casos, es fundamental que las poblaciones afectadas perciban que cualquier cambio que pueda producirse en sus actuales condiciones sea para mejor y surja de un acuerdo y no sea fruto de una imposición. Para que ésto sea posible, creo que en la actualidad por el alto nivel de desconfianza que existe en el Estado se requeriría de la participación de organismos nacionales o internacionales con altos niveles de credibilidad.

Es importante tener en cuenta que, en un sector de las empresas mineras, existe una posición favorable hacia el establecimiento de estos mecanismos. Además, ve de manera positiva que la decisión de las comunidades sea tomada con el mayor número posible de sus miembros, porque es conciente de que una condición necesaria para la viabilidad de sus proyectos, en el largo plazo, es contar con la aceptación de las población al desarrollo de las actividades extractivas. Escenarios conflictivos o de alta incertidumbre no favorecen proyectos que requieren de muchos años para desarrollarse.

Reconocer que la modernidad y el combate a la pobreza no vienen de fuera de las comunidades.

La protesta amazónica y los medios de comunicación nos han permitido a muchos conocer a líderes sociales como Alberto Pizango, Presidente de AIDESEP y a través de sus declaraciones darnos cuenta que la mayoría de quienes habitamos en las ciudades y en la costa peruana no sabemos qué viene sucediendo en la sierra y selva rural. Hace un tiempo un piurano me decía que eran pocos los habitantes de la ciudad de Piura que conocían qué sucedía en Ayabaca o en Huacambamba, o aquellos que sabían que el departamento era uno de los principales productores de café orgánico de alta calidad, muy apreciado internacionalmente y que es producido por cientos de productores organizados en cooperativas y asociaciones – y que a la vez son ronderos-. Éste es un logro en el cual el Estado ha tenido poco que ver. Eso es en Piura, pero existen cientos de experiencias que muestran que la sierra y las comunidades son viables económica, social y ambientalmente si se parte de la construcción de una alianza sólida, basada en el reconocimiento y el respeto, con las poblaciones que en ellas habitan.

Más bien, es una pena que en estos tiempos sea desde el gobierno que nos transmitan la idea que en las comunidades solo hay atraso, pobreza y que la salvación viene de fuera de ellas. Mas aún, que su superación se relacione únicamente a la extracción y exportación de recursos y que para que esto sea posible, las comunidades deban subordinarse a la voluntad del Estado y de la gran empresa.

Sin embargo, gente como Gastón Acurio o el viajero Rafo León, nos vienen ayudando a tener una visión distinta del país y de los peruanos, a revalorizar el trabajo de domesticación de especies de los productores andinos, a apreciar nuestra comida, nuestra tierra y nuestra gente. Todos valen la pena de ser visitados y conocidos para que constatemos que pueden establecerse alianzas entre empresa privada y comunidades en las que ambas ganan.

(*) Licenciado en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

http://www.eltiempo.com.pe/semana/07-09-08/semana%2007-09-08.pdf

Primero La Gente

Por: Fernando Romero Bolaños

Hace unos días se presentó en Lima el libro “Primero la gente. Una mirada desde la ética del desarrollo a los principales problemas del mundo globalizado ”; de Amartya Sen, economista indio, premio Nobel de Economía de 1998 y Bernardo Klisberg, premio 2005 de la Fundación Empresarial por el Desarrollo Sostenible. Una publicación de total actualidad en la medida que nos permite salir de los tradicionales marcos que oponen como irreconciliables la ética y la economía, el Estado y el mercado, la democracia y la eficiencia; solo por mencionar algunas parejas de conceptos que en el Perú en las últimas décadas han supuesto largas, y muchas veces infructuosas, discusiones. En este artículo prestaremos atención a uno de los capítulos escritos por Amartya Sen.

La globalización ¿buena o mala?

El primer capítulo del libro, nos ayuda a abandonar algunas miradas caricaturizadas de la globalización. En primer lugar, nos muestra el error que cometen tanto los apologistas como sus opositores radicales al identificarla como una producción puramente “occidental”. Sen narra, de manera muy agradable y didáctica, una explicación acerca del origen de una serie de reflexiones y descubrimientos científicos que tuvieron origen en distintas culturas del Asia sin los cuales la llamada “cultura occidental” no existiría. Sen de este modo no hace sino ejemplificar el intenso intercambio y apropiación de conocimientos que a escala global se han venido produciendo a lo largo de la historia, existiendo en la actualidad lo que él denomina un “legado global”, al que sería equivocado, por decir lo menos, renunciar.

Por el contrario, señala que es un error el que cometen aquellos que califican de “occidental” un proceso que ha significado el aporte de diversas culturas del mundo, entre ellas las que florecieron en estas tierras, en la medida que se pierde de vista la importancia que han tenido en el proceso de creación científica y cultural mundial.

El economista indio, originario de un país que fue colonia británica, a la vez tiene en cuenta que el proceso no ha estado exento de prácticas imperialistas y colonizadoras, pero sostiene que seria un error ver el conjunto del proceso globalizador como un rasgo del imperialismo.

Sen afirma que “... no podemos revertir la difícil situación económica de los pobres del mundo impidiéndoles el acceso a las grandes ventajas de la tecnología contemporánea, a la eficiencia solidamente establecida del comercio e intercambio internacionales y a las ventajas sociales y económicas que brinda una sociedad abierta. De lo que se trata principalmente es de cómo dar un buen uso a los notables beneficios del intercambio económico y del progreso tecnológico en una forma que preste atención debida a los intereses de los desposeídos y desvalidos ” (p.18).

En segundo lugar, sobre la base de lo hasta aquí escrito, el cuestionamiento fundamental ha realizar es el relacionado al destino de los beneficios que este proceso trae. Al centro de la pregunta se halla el delicado, pero fundamental, tema de la desigualdad, que tiene una dimensión económica pero que viene acompañada de asimetrías culturales, políticas, de oportunidades económicas y de poder. Asimetrías que si nos proponemos resolver, necesitamos promover cambios en el proceso, tanto a escala global como nacional.

En ese sentido Sen plantea que “no es suficiente comprender que los pobres del mundo necesitan de la globalización tanto como los ricos; también es importante cerciorarse de que en realidad obtengan lo que necesitan. Para ello posiblemente se requieran reformas institucionales de gran alcance, aun en el marco de la defensa de la globalización” (p.19).

Desde esta perspectiva, es una discusión poco fructífera aquella que se centra en la definición de si los pobres se benefician o no de la globalización. Mas bien, se trata de preguntarse si la actual distribución de beneficios es la más equitativa; es decir si el actual arreglo distributivo es el único posible y el más beneficioso para los pobres. Para Sen existen otras opciones posibles en las cuales los pobres pueden salir mejor beneficiados.

Una condición para producir arreglos efectivamente más equitativos tiene que ver con establecer relaciones más equilibradas entre mercados y políticas públicas. En otras palabras, en casos como el peruano se requeriría prestar atención especial al fortalecimiento del Estado, y las políticas que este debe implementar tanto en el campo de la educación, salud, el crédito, etc.

Finalmente, Sen reconoce un papel fundamental a los llamados movimientos “anti-globalización”, en la medida que ellos hacen evidentes las asimetrías existentes y demandan cambios en la distribución de los beneficios que la globalización produce. Por ese motivo señala que “...no hay una contradicción real en el hecho de que las así llamadas protestas anti-globalización se hayan convertido en los eventos más globalizados del mundo contemporáneo” (p.21).

No queda si no reconocer que requerimos dejar de lado dicotomías estériles y centrarnos en la discusión respecto a cómo fortalecer el poder y las oportunidades de los pobres y excluidos para apropiarse de los beneficios del legado global.

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Pienso que en Piura tenemos varios ejemplos de cómo es posible avanzar en dar respuesta a esta interrogante

Tema: “El Ordenamiento territorial en el Perú”

Entrevistado: Luis Alban de Conservación & Naturaleza Internacional

Ustedes se preguntarán, ¿Y qué es ordenamiento territorial? empecemos por entender que cosa es ordenar. ¿Qué es ordenamiento?, ¿qué es ordenar? Simple: es poner las cosas en su lugar, en el lugar correcto. Verá usted: es como cuando uno ordena su casa. ¿Y que es territorial?, se refiere al territorio, a nuestros terrenos, al espacio en que vivimos.

¿Qué es, entonces, Ordenamiento Territorial? Es poner en su lugar nuestros recursos y saber dónde debemos hacer cada actividad sobre nuestros terrenos. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el lugar correcto? Bien. Para eso necesitamos conocer bien nuestro territorio, usted necesita conocer muy bien el lugar donde vive, saber que características tiene. Por ejemplo: ¿qué tan fértil es el terreno?, ¿es plano?, ¿cómo es la pendiente?, ¿aguantara muchos o pocos animales o será mejor hacer agricultura? ¿Qué zonas no se deben usar?

¿Sabe Ud. por qué a pesar de que muchas comunidades tienen diversidad de recursos no pueden lograr el desarrollo? ¿Sabe Ud. a veces los proyectos de inversión en la región no obtienen los resultados que se esperan? Precisamente por eso, porque no nos ordenamos.

El ordenamiento territorial nos ayudará a establecer cuáles son las zonas más adecuadas para cada actividad productiva que realicemos en nuestro territorio, logrando así el desarrollo integral y sostenible de nuestras actividades sin poner en peligro el agua, la tierra y el aire que todos respiramos. ¿Qué le parece? Es importante ¿no? Por ello es necesario que todos nos preocupemos por participar en el ordenamiento territorial y planificación de los recursos existentes en nuestro territorio.

Hay muchas respuestas, pero entre todas existe una realidad preocupante: En las regiones la ocupación del territorio es desordenada. El uso de los recursos naturales y nuestra biodiversidad no es responsable. Si a eso le sumamos los problemas en la comunidad, el desarrollo jamás llegará a las comunidades, aún cuando el gobierno central les construya una posta o un colegio.

El punto es este: ¿Cómo puedo planificar adecuadamente si no conozco cuales son las riqueza y las limitaciones que tiene mi territorio? Necesito estar informado, necesitamos conocer el lugar donde vivimos. Sin esta información no es posible planificar el desarrollo local.

Hoy, en “Agua, tierra y vida”, responderemos a esta y otras preguntas, por ello, contamos con la grata presencia de Luis Alban de Conservación & Naturaleza Internacional, quien nos explicará cómo aprovechar al máximo los recursos de nuestra región para poder hacer de nuestras comunidad una tierra más prospera.

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Tema: “Comunidades, recursos naturales y los Decretos Legislativos que vulneran derechos”

Entrevistado: Abogado Alberto Barandiarán

El Poder Ejecutivo emitió 99 Decretos Legislativos para la Implementación del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. De ellos, 2 fueron derogados, el Decreto 1015 y 1073, por las constantes protestas de la amazonía. Sin embargo hay muchos otros decretos legislativos que vienen siendo cuestionados por diversos especialistas de la materia, por ejemplo el Decreto Legislativo 1064, que deroga la Ley de tierras, que también modifica la Ley 26505, que en su artículo 7 señalaba que "la utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario o la culminación del procedimiento de servidumbre…".

Con ello se ha derogado el acuerdo previo, conservando solamente la figura jurídica de la servidumbre. De esta manera, a las comunidades y productores rurales se les resta poder de negociación en sus relaciones con las empresas, quienes ya no necesitan el acuerdo previo con los propietarios para iniciar sus actividades.

Nosotros creemos importante hablar sobre este decreto, por los antecedentes que tenemos acá en Piura por la actividad minera. Como es un tema que nos preocupa, hemos considerado importante poder ahondar sobre ello y para eso hemos invitado en esta ocasión al abogado Alberto Barandiarán.

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Tema: “Conservación de ecosistema frágiles a través del conocimiento y manejo sostenible de los recursos”

Entrevistada: Bióloga bióloga Tania Calle del proyecto páramo andino de Ecuador.

En este programa queremos motivar la conservación de ecosistemas frágiles a través del conocimiento y manejo sostenible de los recursos, queremos responder a diversas interrogantes que nos hacen llegar los oyentes, cómo hacer frente al cambio climático y la expansión económica basada en la extracción de los recursos naturales. Haremos un especial énfasis en la experiencia del manejo descentralizado del páramo del Parque Nacional de Cajas, fuente de agua para la cuenca de Ecuador, pues es ahí donde se vienen desarrollando diversas iniciativas locales de protección y conservación de áreas naturales protegidas.

La bióloga nos cuenta que en Ecuador la experiencia de la municipalidad de Cuenca en el manejo y conservación de un parque nacional de páramo, el Parque Nacional Cajas es el único parque nacional del Ecuador que está siendo manejado por una municipalidad principalmente porque la municipalidad, este municipio tiene una empresa de agua potable y alcantarillado y comunicaciones, y son quienes dan un manejo integrado al agua, que tiene que ver desde la conservación de las fuentes, el tratamiento de aguas para la potabilización , uso del agua en las casas y el tratamiento de las aguas hervidas, es decir, tienen un manejo integral del agua.

“Es muy importante la educación ambiental, basado en una educación en valores, los gobiernos deben prestar mucha atención en el tema de la educación ambiental, se deben tener estrategias mas a nivel estatal o a nivel de gobierno para tener educación ambiental desde las escuelas, desde los colegios, desde el municipio, las universidades también están inmersos en el tema de la conservación básicamente en estudios de biología, estudios de agua..” nos señala la bióloga.

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Tema: “Aniversario de la Consulta Vecinal entorno a la actividad minera Majaz”

Entrevistados: Los alcaldes de Ayabaca, Humberto Marchena y el alcalde de San Ignacio, Carlos Martínez.
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Tres municipios distritales de Piura: Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera convocaron a una consulta vecinal el 16 de septiembre del año pasado, ha transcurrido un año de este mecanismo de participación que permitió a la población de estos tres distritos expresar sus opiniones sobre asuntos de interés público, relativos a la planificación urbana y rural del distrito, al desarrollo comunal, a la definición de política ambiental, a la protección del medio ambiente.
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Esta consulta vecinal nos dio como resultados una participación masiva y contundente, donde la población decidió apostar por su modelo de desarrollo basado en la agricultura y gandería. Para ellos la presencia de la Minera Río Blanco (Majaz), pone en peligro las nacientes de la cuenca de los ríos Chinchipe y del Quiroz, cuyas aguas son utilizadas por las referidas localidades para su agricultura y ganadería, además de amenazar los ecosistemas de montaña donde se ubican los bosques de neblina y páramos. Según los especialistas los efectos contaminantes de la actividad minera alcanzarían, también, a las provincias de San Ignacio y Jaén, en Cajamarca.

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En la entrevista que le hicimos al alcalde de Ayabaca, Humberto Marchena sostuvo que los resultados de la consulta deben respetarse. "Hace un año, el gobierno de Alan García trató de evitar a cualquier precio la consulta vecinal convocadas por nuestras municipalidades distritales ante un pedido amplio de las comunidades y de la población, sin embargo poco o nada pudo hacer porque el pueblo unido se mantuvo firme e hizo respetar sus derechos, dijo.

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Tema: “Eco hidrología de los páramos andinos”

Entrevistado: Dr. Conrrado Tobón de la Universidad Nacional de Colombia

Los páramos son ecosistemas que se encuentran en la alta montaña, en la región andina y se definen así por la característica de la vegetación tienen una vegetación característica y un clima especial. Son proveedores del recurso hídrico y brindan varios servicios ambientales. Señala el experto en temas de ecosistemas páramos que “sí los listamos en un orden de importancia, pudiéramos decir que el primer servicio ambiental que ofrecen los páramos y los bosques salto andinos, o bosques nublados, bosques de niebla como quiera que la llamemos en los diferentes puntos de la de la tierra, el servicio ambiental más importante es el agua”.

Los páramos tienen una capacidad de almacenamiento de agua muy alta, eso hace que esos ecosistemas, tanto vegetación, suelos y la cantidad de agua que reciban, produzcan y regulen el recurso hídrico altamente, pero adicionalmente a la gran cantidad de agua que generan, está en la calidad de agua.

Para el especialista la promoción de políticas adecuadas de gestión de ecosistema páramo debería ser una prioridad de las autoridades, “debería ser prioridad para todos los pueblos del mundo conservar los ecosistemas que producen o que pierden el rendimiento hídrico, ya hay problemas por el agua alrededor del mundo, por ejemplo en Venezuela hubo un problema muy grande en el Estado porque han explotado, sobre explotado uno de los páramos, están totalmente destruido.

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Tema: “Valor del agua en nacientes y valles de cuencas”

Entrevistado: Economista Hugo Fano

El economista Hugo Fano, quien viene trabajando en las tarifas del agua, señaló que los recursos hídricos son fundamentales para cualquier país, porque el agua es uno de los bienes más importantes para el desarrollo de la humanidad, tanto en términos de bienestar como en términos de desarrollo productivo. Por lo tanto aquellas zonas, ecosistemas que son generadoras y reguladoras de agua son fundamentales para ese mantenimiento, como es el caso de los páramos en la sierra de Piura.

¿Cuál es el impacto de la actividad minera sobre los recursos hídricos?

Según Hugo Fano, el impacto de la actividad minera en la práctica genera dos aspectos, primero depende de la técnica de extracción minera, si la minería digamos está ubicada en zonas de nacientes de cuencas, las técnicas de extracción son fundamentales, si son técnicas como el tajo abierto, u otras técnicas de remoción de suelos, estos afectan fuertemente el ecosistema y por lo tanto hacen que estos ecosistemas sean menos eficiente en retención de agua, en regulación del agua, entonces ahí hay un problema de la cantidad del agua y del tiempo que se pueda disponer de esa agua.

En segundo lugar la minería también hace uso del agua y al hacer uso del agua uno de los problemas que genera la minería es que afecta directamente la calidad del agua, eso es en términos muy genéricos, pero siempre y cuando el ecosistema no esté intervenido, es decir, por ejemplo el páramo andino, no hay estado intervenido, el efecto puede ser mucho mayor, pero si ya está intervenido entonces hay que estudiar cómo es que otros problemas, u otro tipo de intervenciones u acciones humanas ya pueden haber afectado digamos la capacidad de este ecosistema para generar, para regular agua, y por lo tanto a eso, cuál sería digamos el efecto nocivo que podría tener la minería como un elemento adicional a una intervención ya original , ya generada.

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