Por: Fernando Romero
Publicado el 17/01/2010 en el Diario El Tiempo
Hace algunos días se entregaron los informes de las cuatro comisiones conformadas luego de los sucesos acaecidos en Bagua. Por razones que son de dominio público las expectativas se concentraron en el de la comisión encargada de explicar las razones de aquellos hechos. El contenido del mismo ha generado una serie de críticas y cuestionamientos. Más o menos por el mismo tiempo entró a la cartelera de los cines la película de James Cameron, AVATAR, congregando a miles de espectadores, y proponiendo una visión sobre las causas del conflicto entre el personal de una empresa del planeta Tierra y los nativos del planeta Pandora. ¿Cuál es la ficción y cuál la realidad?
Se esperaba que el mencionado informe pudiera ser un primer paso para establecer un nuevo tipo de relación entre Estado, comunidades nativas y sector privado, en la medida que fuera capaz de avanzar en dos asuntos.
El primero. Una adecuada explicación acerca de la desconfianza que los pueblos indígenas tienen frente al Estado y las empresas privadas. La comisión explica ésta a partir de la discriminación y la marginación. Si bien esta situación es cierta, no se le da la atención debida al hecho que a lo largo de la historia republicana la Amazonía importó por sus recursos naturales, y vieron a sus habitantes como mera fuerza de trabajo a quienes, en muchos casos, los convirtieron en esclavos para extraer esos recursos que enriquecieron a otros. Ni el sector privado de ese entonces ni el Estado se convirtieron en una presencia indeseable.
El informe podía ser un importante paso en la demanda de un tipo de relación distinta que, de lejos, va más allá de la recomendación planteada en el informe, que solicita que las compañías extractivas lleguen a un acuerdo sistemático con los pobladores nativos para la obtención de beneficios sociales.
Del mismo modo resulta totalmente insuficiente a estas alturas mencionar que el Ejecutivo debió consultar los decretos legislativos, que fueron la gota que desbordó el vaso. Si bien eso es cierto, y ha sido señalado antes por los más diversos grupos políticos, es insuficiente. En la medida que lo que se halla en el fondo del conflicto es el de la representación de los pueblos indígenas en el Estado. Como ya otros han planteado, se requiere una reforma del Estado que considere la presencia de los pueblos indígenas amazónicos en los espacios donde se toman las decisiones. No es suficiente la consulta, para que el Estado pueda expresar los intereses de estos Pueblos y asumir los retos económicos, sociales y ambientales que plantea la Amazonía.
Tampoco se dice atiende el problema que causa la política de concesiones que ha permitido otorgar al sector privado el 70% de la Amazonía, muchas veces superponiéndose con reservas naturales, lagunas, etc. Lo más curioso es que esta política va a generar problemas también entre empresas privadas como demuestra el potencial conflicto que existe entre la empresa minera china Zhou Gang y una empresa que quiere instalar una refinería, ya que a esta última le habrían otorgado permiso para un área concesionada a la primera en el departamento de Ica.
El Segundo, avanzar en la reconciliación del Estado con los pueblos indígenas. El informe está lejos de lograr eso y menos aún las declaraciones públicas de la ex ministra Pinilla y de Manuel Bernales. Más bien, ha colaborado a reforzar la distancia entre ambos al sindicarlos como los responsables de los hechos, y afirmar que agentes externos (parlamentarios nacionalistas, SUTEP, y sectores de la iglesia católica) en vez de servir de mediadores, los azuzaron.
Como afirma una nota de prensa del Grupo “Otra Mirada” no se trata si los indígenas son buenos o malos, se trata de reconocerlos como ciudadanos, con derechos y con deberes; como personas que son capaces de tomar sus propias decisiones, sean estas acertadas o no.
No creemos que los indígenas sean buenos o malos por naturaleza, como algunos pretenden atribuir a quienes expresamos nuestro desacuerdo con lo que viene aconteciendo. Deben ser identificados los asesinos de los policías y ser juzgados como manda la ley. Pero de igual modo debe procederse con quienes mataron a los nativos y pobladores de Bagua.
Pero es evidente que esta no es la posición gubernamental, al afirmar sin pruebas que entre los nativos existían paramilitares, o que grupos seudo izquierdistas estuvieron involucrados en los sucesos.
El Presidente García hace un tiempo pidió perdón en nombre del Estado por el trato que han recibido a lo largo de la historia las poblaciones afro peruanas. Nos parece acertado esto, aunque no queda claro qué impacto práctico tiene en el desempeño del gobierno respecto a la situación en la que viven actualmente.
El Presidente, como cabeza del gobierno, debería también pedir perdón por lo acontecido en Bagua y del olvido histórico de los pueblos amazónicos. Debería pedir perdón por que el fue quien eligió a los ministros que tuvieron en sus manos este conflicto y están involucrados de una u otra manera en el desenlace de los hechos.
Pero la comisión a nuestro entender “pasa por agua tibia” las políticas gubernamentales para la amazonía y las responsabilidades de miembros del Ejecutivo.
Como escribe Rocío Silva Santisteban en su columna OKUPA del diario La República “En sociedades de democracias precarias los políticos hacen uso de esa delicada línea entre lo falso y lo verdadero para convertirla en un borde borroso y mugriento”.
El informe ha sido cuestionado por las organizaciones indígenas (AIDESEP y CONAP) y la Asamblea de Gobiernos Regionales, cuyo representante era Manuel Bernales, ha decidido no respaldarlo y ha expresado que no está de acuerdo con el contenido del mismo. Las organizaciones nativas exigen que la investigación continúe y que se elabore un informe independiente.
Avatar sin duda idealiza a los nativos de Pandora, pero muestra que es posible el diálogo entre personas de distintas civilizaciones, como también que existen grandes intereses que llevan a algunos hasta la posibilidad hacer uso de la violencia para satisfacerlos. Trabajemos para que esto último no sea una opción en el Perú
Bagua y Avatar
Previsiones económicas para este año
Por: Pedro Francke
Publicado hoy 29/01/2010 en el diario El Tiempo
Empezando el año, siempre es bueno pensar un poco acerca de qué podría pasar en la economía peruana. Claro que los economistas no tenemos, últimamente, muy buena fama en lo que a previsiones se refiere, habida cuenta de lo sorpresiva que resultó para la gran mayoría la crisis internacional. Aún sin terremotos como ese, tratar de adivinar como será el futuro es siempre un ejercicio arriesgado; al fin y al cabo, la economía no es, sino resultado de lo que los humanos hagamos a lo largo del tiempo, y nadie puede saber qué harán los demás, y muchas veces ni siquiera uno mismo, dentro de tres o nueve meses.
A pesar de eso, tomamos el riesgo y lanzamos algunas ideas de lo que podría suceder en la economía peruana el 2010.
Campaña electoral aprista = más gasto público. No habiendo riesgo de inflación (como afirma el Banco Central de Rerserva), la cancha está servida para que Alan y el Apra desaten una farra fiscal, es decir, un déficit público excesivo por razones electorales. ¿Podrá Meche Aráoz resistir estas presiones? Difícil, pero posible. Lo que sí es inamovible es que el mayor gasto público estará en manos de dirigentes apristas, con recorte de presupuesto a los municipios y el uso de Núcleos Ejecutores, de tal manera de tratar de lograr los mejores resultados pata el Apra en las elecciones de este año y el próximo.
Apetitos: ponme donde hay. En el 2010 no sólo habrá interés del gobierno en contratar gente con carné e inaugurar obras con el fin de conseguir votos. Para muchos allegados al régimen, es el “ahora o nunca”, la última oportunidad para enriquecerse desde el Estado. Sucedió así en 1989, al final del anterior gobierno aprista, y es muy probable que esos apetitos leoninos vuelvan a desatarse en esta oportunidad. Tras un 2009 lleno de casos de corrupción que llegan hasta altas esferas del Gobierno, con impunidad para fujimoristas y apristas, y con Contraloría controlada, la cena parece estar servida.
Inversiones mineras como sea. Hoy, junto a la corrupción en obras y licitaciones públicas, hay mucho pero mucho dinero en permitir que se hagan inversiones privadas cuestionadas como Majaz, se vuelvan a postergar compromisos ambientales como en La Oroya y en aceptar exoneraciones tributarias como la que ha obtenido Antamina que se ahorrará más de 200 millones de dólares en impuestos por la inversión en su ampliación. En la zona de Majaz ya van 7 muertos, y la presión se intensificará el 2010; el grupo Romero tiene un contrato suscrito que le reportará fuertes ganancias, pero que se hará realidad solamente si los chinos logran permiso del gobierno para sacar adelante esa mina. La empresa china dueña de Majaz tiene además una cláusula especial y única en el TLC firmado con China para defender su inversión.
Mundo incierto. El FMI pronostica que la economía mundial puede crecer 3% el 2010. Pero hay todavía mucha incertidumbre y varios expertos consideran que puede haber una nueva caída en la economía mundial este año. No sólo el dinamismo mundial puede flaquear. Nouriel Roubini, el economista hoy famoso por haber predicho la crisis reciente, anota que los precios de las materias primas están sobrevaluados debido a una burbuja especulativa. Si esta estalla, y precios como el de los minerales caen abruptamente, el golpe a la economía peruana será fuerte.
Nueva Ministra, continuismo neoliberal. En la orientación del mode lo económico, si hay algún cambio será la profundización de las privatizaciones y de la entrega de nuestros recursos minerales; recordemos nomás el rol de la Sra. Aráoz en el conflicto de Bagua, defendiendo los Decretos legislativos del “perro del hortelano” bajo el argumento que sin ellos se caía el TLC con Estados Unidos – lo que resultó ser falso. Ni pensar en que se repongan derechos laborales, se defienda a los consumidores o de plantee una reforma tributaria. Sólo habrá flexibilidad para aquellos sectores que logren generar conflictos fuertes que pueden generar amplio malestar social y desgaste electoral al gobierno aprista, como la reciente huelga de los transportistas que han arrancado al Ministerio de Economía 200 millones de soles.
Crecimiento: de regular a bajo. Mejor no confiarse en la inversión privada en un año electoral; los empresarios muchas veces prefieren asegurarse quién será el próximo gobernante antes de arriesgar fuertes sumas de dinero en una inversión. Pero con más gasto público, que debe acelerarse por razones electorales, y con una economía internacional en recuperación aunque sea lenta, la economía peruana puede reanudar su crecimiento. Junto a la minería y la construcción, cierto dinamismo del mercado interno puede jalar (un poco) a la industria. Pero no hay que esperar un crecimiento del 8% o 10% como llegamos a tener, imprudentemente, en años anteriores; con mucha suerte llegaríamos a la mitad de eso.
Empleo: recuperación insuficiente. Si las cosas van bien, podremos ver una mejora en el empleo en el segundo semestre, pero difícilmente antes: el empleo sigue al crecimiento económico pero unos meses después. Pero si la economía crece digamos 3%, el empleo puede crecer un 2% o menos, cuando la oferta de mano de obra, la cantidad de gente buscando trabajo, aumenta en más que esa cantidad. De tal manera que no va a ser más fácil encontrar un puesto de trabajo, sino igual o más difícil.
Salarios igual de bajos. En cuanto a los salarios, estos se han mantenido estancados, con o sin crecimiento económico, a diferencia de lo sucedido en otros países vecinos. Mientras los trabajadores no tengan nuevamente derecho a organizarse en sindicatos y negociar pliegos de reclamos, y el gobierno no apoye con algún aumento del salario mínimo, no parece que las cosas vayan a mejorar.
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Piura: región con potencialidades únicas (agrícola, agro industrial, agro exportadora, ganadera y turística)
Entre los ecosistemas con que cuenta Piura, uno de vital importancia, es el Páramo Andino, que tiene como una de sus funciones garantizar el acceso al agua para una buena parte de los piuranos. El Páramo Andino representa las fuentes principales de agua para la región de Piura, al ubicarse en las zonas altas de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, por encima de los 2800 metros sobre el nivel de mar (msnm).
Por su localización geográfica se caracteriza por las cabeceras de cuenca y continuas precipitaciones por ello almacena los recursos hídricos esenciales para la vida y genera una biodiversidad de especies endémicas (únicas) y es por ello que se considera un ecosistema frágil y valioso.
La población de la sierra de Piura cumple un rol fundamental de protección de estas importantes fuentes de agua, garantizando así que este importante recurso llegue a la costa piurana, permitiendo el acceso para consumo humano y para el desarrollo de importantes actividades económicas como la agricultura.
Piura es una de las regiones más importante del país en cuanto a agro exportación. La producción de mango se concentra en los valles costeros de la zona norte, siendo Piura la principal región productora (valles de San Lorenzo, Chulucanas, Tambogrande y Sullana) concentrando alrededor del 68% del total nacional. Otros cultivos exportables de Piura son el limón, la páprika, el fríjol caupí, la palta, el plátano, el fríjol de palo, el café orgánico, panela granulada y el banano orgánico.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), en el 2008 la producción de piña aumentó 250% con relación al año pasado; la maracuyá en 153%; el ajo en 93.3%; el café en 71.9%, el banano en 40% y la papa en 40.4%.
Piura aporta el 70% del volumen de mango exportado. La industria de exportación de mango y limón genera más de un millón y medio de jornales directos al año. En las plantas de empaque trabajan más de 3,000 mil personas.
El café orgánico es uno de los más valorados en el mundo, por su delicado aroma y calidad, uno de los lugares de producción sostenible es el distrito de Carmen de la Frontera en Huancabamba.
Además es el principal productor de ganado caprino del país, cuenta con más de 386 mil cabezas de esta especie. Los productores son alrededor de 20 mil en la región y esta actividad beneficia cerca de 100 mil personas, la mayor producción se ubica en las provincias de Ayabaca y Sullana.
Piura, es una región con potencialidades únicas, por ello se debería establecer un Plan de Desarrollo Regional con una visión de futuro, organizando sus potenciales económicas, teniendo en cuenta los asuntos ambientales y la conservación de los páramos y los bosques de neblina que hacen de la región mayoritariamente agrícola, agro industrial, agro exportadora, ganadera y turística.
“Estamos esperando que haya justicia”
Cleofé Neyra Neyra (48 años), fue presidenta de Rondas Femeninas de Mujeres de Huancabamba. Torturada y ultrajada el 2005 por miembros de la Policía y agentes de seguridad de Forza, empresa que brindaba servicios a Río Blanco (ex Majaz).
Hace cuatro años y 5 meses Cleofé Neyra participó en una marcha pacífica hacia las instalaciones del campamento minero Río Blanco (ex Majaz). Ella y sus compañeros caminaron 4 días para llegar al campamento minero, sin embargo no presagiaron que tanto la Policía Nacional como los integrantes de la entonces empresa Forza (que brindaba seguridad a la empresa minera), los interceptarían para ser torturados y golpeados salvajemente durante 3 días.
El 01 de agosto de 2005, cerca de 5,000 ronderos de la sierra de Piura (Yanta, Huancabamba, Ayabaca) y de Cajamarca (Jaén y San Ignacio), fueron reprimidos por parte de la Policía y los miembros de Forza. Fueron atacados desde un helicóptero de la policía con bombas lacrimógenas y disparos de bala, y en tierra fueron acorralados, 28 comuneros fueron detenidos, posteriormente secuestrados y vejados. Melanio García tras intentar fugar del ataque fue herido mortalmente de un disparo en el cuello.
Cleofé Neyra nos relata que no solo fue atada durante tres días, pisada y manoseada por los Policías, sino que cuando fue liberada y trasladada fue agredida por la Fiscal de Huancabamba, quien la señaló como terrorista y la arrastró de los cabellos sin piedad.
Visitamos Huancabamba por los sucesos del 02 de diciembre del año pasado, donde miembros de la PNP mataron a 2 comuneros e hirieron de bala a 6- es decir por segunda vez la Policía en vez de brindar seguridad a los pobladores de la zona, los ataca vilmente.
Sobre estos hechos Cleofé sostiene que en la sierra de Piura no existe la justicia. “Para ellos nosotros no tenemos derechos, desde la masacre de diciembre tengo miedo hasta de salir, ni siquiera en casa me siento segura, porque a mí me amenazan que me van a matar”, señala.
“Yo tengo tres juicios, pero ahí estoy firmando con libertad restringida, mensualmente firmo; por el caso de Río Blanco, he sido denunciada por terrorismo”. “Nosotros somos defensores del ambiente, somos dirigentes, por eso las amenazas permanentes, amenazas que no paran”.
“Nosotros solo estamos esperando que haya justicia”, sostiene Cleofé. “Solamente Dios es testigo de la injusticia que existe acá en Huancabamba y no solo acá sino en todos los lugares donde el Estado quiere imponer minería, sin interesarle los derechos de su población. Acá (Huancabamba) es una zona turística, es una zona que produce, como usted ve el maíz como produce acá y nosotros vivimos de nuestras tierras que sembramos para poder sostenernos”, sostiene Cleofé Neyra.
MZR/ Agua, tierra y vida.
Rechazamos la violencia y lamentamos la muerte de personas inocentes
Por: Julia Cuadros
Fuente: El Tiempo
18/11/2009
Los acontecimientos del pasado 1 de noviembre en el Campamente Henry´s Hills en El Carmen de la Frontera, nos dejan con una sensación de dolor y frustración. Nuevamente en Huancabamba se viven hechos de violencia, y como siempre los más afectados son los ciudadanos de a pie. El lamentable saldo de 3 personas muertas es un hecho que no debe quedar en la impunidad. Desde aquí hacemos público nuestro rechazo a todo tipo de violencia, venga de donde venga. Por ello es que exigimos la constitución de una Comisión Investigadora del Congreso de la República que garantice seriedad, agilidad, transparencia y justicia en la identificación de los autores de estos hechos luctuosos; asimismo saludamos la intervención de la Defensoría del Pueblo para garantizar un accionar probo de las autoridades competentes.
Muchas son las hipótesis que se están barajando; sin embargo, consideramos que está fuera de orden que las autoridades o funcionarios se estén pronunciando públicamente, adelantando opinión y afectando la honra de las personas. Definitivamente no puede deducirse que según el tipo de armas que se hayan utilizado se pueda sospechar que fueron las rondas campesinas quienes atacaron el campamento. Es una irresponsabilidad hacerlo.
Hace 20 meses quien escribe junto a otras 34 autoridades, funcionarios, dirigentes comuneros y ronderos, fuimos acusados falsamente de terrorismo y otros delitos, por una organización creada ad-hoc para este fin. Tuvo que pasar un año y medio para que la denuncia fuera archivada y esa decisión fuera consentida. Al igual que en esa oportunidad, en que se nos denunció sin pruebas, y se dañó nuestra imagen, se sembró la duda y se nos calumnió; se nos perjudicó, puso en zozobra a nuestras familias, puso en riesgo nuestra seguridad como ciudadanos. Hoy se intenta hacer algo parecido, cuando se lanzan acusaciones infundadas contra los dirigentes de las comunidades y las rondas, con el agravante de que las personas que están siendo detenidas y luego puestas en libertad, están siendo amedrentadas y maltratadas con la finalidad de que señalen responsables, cuando ya sabemos que una declaración obtenida bajo coacción es ilegal y no es confiable.
Nos preguntamos a quién favorece un acto de esta naturaleza. Lamentablemente las fuerzas del orden están actuando sin respetar los derechos humanos de las personas que son detenidas, las que son maltratadas física, verbal y psicológicamente. Un acto de violencia así, hace más vulnerables a los pobladores de El Carmen de la Frontera, los expone a maltratos y a la violación de sus derechos, pero además este es un hecho con el que se pretende desacreditar frente a la opinión pública a los y las dirigentes de la comunidad campesina de Segunda y Cajas, a las Rondas Campesinas y otras organizaciones de la población huancabambina. No es la primera vez que se violan los derechos de la población de la frontera norte. El Caso Río Blanco ha mostrado más de una vez claras vulneraciones a los derechos de los comuneros, como es el caso de la tortura a 28 campesinos que participaron en la primera marcha al campamento minero, caso por el cual la Alta Corte de Inglaterra ha congelado los activos de Monterrico Metals, matriz inglesa de la Empresa Minera Río Blanco Copper, a fin de garantizar las indemnizaciones a las víctimas de tortura y a los familiares de los dos comuneros fallecidos durante las marchas.
La Presidencia del Consejo de Ministros se reúne con todos menos con los directamente afectados, y se adelanta opinión sobre la necesidad de instalar una base militar en la zona, acción a la que se suman los empresarios mineros que están dispuestos a apoyar logísticamente estas acciones para garantizar la tranquilidad en las zonas donde existen conflictos. El Estado no puede dejar de lado su rol de garante de los derechos de la población en aras de proteger la inversión privada.
Los conflictos hay que abordarlos, transformarlos, atenderlos, no ponerles bases militares. En el caso de Río Blanco la mesa de diálogo se ha frustrado en numerosas oportunidades y con esta nueva gestión de la PCM se ha traslado al Ministerio de Energía y Minas. Las autoridades locales, comunidades y rondas campesinas, frentes de defensa, que forman parte del Frente para el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, continúan insistiendo en la reanudación de un diálogo legítimo que aborde los temas clave de la agenda del Caso Río Blanco: la ilegal presencia de la empresa minera en los territorios de las comunidades (por ello es que la empresa Río Blanco Copper ha tenido que desistir hasta en dos oportunidad de ampliar la fase de exploración, ya que el propio MINEM le ha observado la necesidad de que presenten los permisos legales de las comunidades involucradas, documentos que no han podido presentar), la necesidad de realizar una evaluación ambiental estratégica, que trascienda los impactos de un proyecto minero y evalúe los impactos acumulativos de varios proyectos mineros, como se viene configurando en la frontera norte con el nuevo distrito minero.
Lamentablemente quien sale beneficiada con este suceso violento es la propia empresa Río Blanco Copper, situación que podría hacer perder de vista a la opinión pública que la empresa no cuenta con los permisos legales de las comunidades, situación avalada por el MINEM quien con un trámite administrativo ha autorizado su permanencia en la zona por dos años más para actividades de rehabilitación; vulnerando el derecho a la propiedad de las comunidades campesinas que hasta la fecha no han dado su autorización para que la empresa ocupe sus territorios. ¿Puede un trámite administrativo reemplazar la voluntad y vulnerar los derechos de las comunidades campesinas? Hace 2 años, el 16 de septiembre de 2007, la población y las comunidades, con el liderazgo de sus autoridades municipales se pronunciaron en contra de esa vulneración de derechos.
Los sucesos en la sierra de Piura y qué hacer
Por: José De Echave
Fuente: Coordinadora Nacional de Radio
10/11/2009
Debemos comenzar señalando que lamentamos profundamente lo ocurrido en la Sierra de Piura, en la zona de influencia del proyecto minero Río Blanco, hechos que han provocado la pérdida de vidas humanas. Rechazamos el uso de la violencia, venga de donde venga y estamos convencidos que este y cualquier otro conflicto debe encontrar la vía de solución a través de mecanismos de diálogo y participación democrática de los afectados.
Sin embargo, lo ocurrido obliga a encontrar salidas lo antes posible. En ese sentido, consideramos que se deberían tomar las siguientes iniciativas:
- Promover una comisión que investigue cuanto antes los sucesos e identifique responsabilidades. La comisión debería estar integrada por personalidades como el Padre Gastón Garatea, el Obispo de Chulucanas, Monseñor Turley y representantes de la Defensoría del Pueblo. Es importante conocer la verdad.
- Sería un error ceder ante las propuestas que buscan azuzar y generar mayor polarización. La propuesta de crear una base militar es un gravísimo error y solo logrará ahondar el clima de tensión que ya se vive en la zona. Por el contrario, se necesita retomar un clima de paz.
- Una alternativa es retomar cuanto antes el proceso de diálogo en torno al caso y construir una agenda legítima que recoja los puntos de controversia. No se debe olvidar que existen serios cuestionamiento a la legalidad de la presencia de la empresa en la zona. Por lo tanto, un primer punto del proceso de diálogo sería abordar el tema de la legalidad.
- Otro tema clave de la agenda está relacionado con aspectos ambientales. La conversión de la zona, en todo un nuevo distrito minero, preocupa a alcaldes, comunidades y demás organizaciones sociales.
- Para evaluar los impactos, se ha propuesto la posibilidad de realizar una evaluación ambiental estratégica: una evaluación independiente que además tome en cuenta estudios previos realizados por el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAMPE) o el Análisis Regional de la Prioridades Biogeográficas para la Conservación de la Biodiversidad en América Latina y el Caribe de la World Wildlife Fund, podrían ser de mucha utilidad.
Estos puntos los planteamos como sugerencias para intentar crear un mejor clima e ir identificando algunos temas claves de la agenda. Ojala que en los próximos días se puedan dar los pasos necesarios para instalar de manera definitiva un proceso de diálogo.
Un ejemplo de justicia
Por: Fernando Romero
Fuente: El Tiempo
28/10/2009
Llama favorablemente la atención que una corte británica haya ratificado el congelamiento de por lo menos cinco millones de libras en activos (alrededor de 8 millones de dólares) de la empresa minera Monterrico Metals, ante la solicitud de los abogados que representan a un grupo de ronderos y ronderas que, según la denuncia fue torturado física y psicológicamente por policías presentes en el campamento con la anuencia de funcionarios de la mencionada empresa. La demanda sostiene además que un rondero habría muerto desangrado luego de 36 horas de agonía, debido a la falta de atención.
Como señala la abogada Emma Gómez en un artículo sobre el tema “El fallo de la corte británica ha hecho primar el principio que las multinacionales son jurídicamente responsables por las violaciones de derechos humanos que sucedan en sus actividades en el extranjero.”
La medida busca asegurar que al final del proceso, si la empresa resultara culpable de los cargos, existan los recursos necesarios para cubrir la compensación que la corte establezca.
Decíamos que nos llama la atención ya que en el Perú no es común que los tribunales tomen decisiones favorables para quienes tienen menos poder político o económico; más aún si son personas involucradas en protestas dirigidas a defender sus derechos ante empresas que cuentan con el respaldo del gobierno de turno.
Sin caer en la idealización del sistema de justicia británico, en este caso queda claro que éste puso por delante a cualquier otra consideración el interés por garantizar las condiciones para que el proceso no sólo cumpla con las formalidades, sino que las víctimas puedan ser efectivamente resarcidas.
No cabe duda que este proceso es de suma importancia ya que, antes de haber culminado, viene sentando precedentes que debería llevar a que las empresas transnacionales (y ojala también las nacionales) tengan mucho más cuidado en el respeto de los derechos humanos de las personas que se hallan en los ámbitos en los que desarrollan sus actividades.
La ofensiva contra AIDESEP
A diferencia de lo que vemos en el desempeño de la justicia británica para el caso Majaz, en el Perú la justicia quiere ser utilizada, por un sector del ejecutivo, para amedrentar a los líderes y organizaciones indígenas que encabezaron la lucha amazónica, que consiguió derogar algunos de los decretos legislativos del perro del hortelano y obligó al premier Yehude Simon, a instaurar un proceso de diálogo, como una manera de reducir la desaprobación nacional e internacional que el gobierno recibió por su desempeño en Bagua.
A los juicios abiertos, apenas producidas los lamentables sucesos de Bagua, contra cientos de dirigentes como Alberto Pizango y Santiago Manuín, acusándolos de ser los autores intelectuales de la muerte de los efectivos de la policía; se suma ahora la denuncia formulada por un juez de Yurimaguas contra el Apu Bladimiro Tapayuri Murayari, coordinador de una de las mesas que se constituyeron para efectivizar el proceso de diálogo. La decisión de juez impone además restricciones a su desplazamiento. Es claro que esta medida además de ser una amenaza, se convierte en un obstáculo para que este dirigente siga participando en la coordinación de la mesa a su cargo.
La confirmación que se trataría de una ofensiva gubernamental, contra el movimiento social que supuso el mayor escollo a las políticas de Alan García sobre la entrega sin condiciones de los recursos naturales a la gran inversión, es la solicitud del Ministerio de Justicia, por intermedio de su procuradora, para la disolución de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) porque “esta organización viene infringiendo flagrantemente sus propios principios al venir realizando acciones que contravienen el orden público y el estado de derecho”.
¿Cómo entender esta decisión cuando AIDESEP participa activamente en el proceso de diálogo y sus dirigentes coordinan varias de las mesas constituidas con representantes de diversos organismos públicos? ¿Promover la disolución de la más importante organización indígena y perseguir a sus dirigentes no es una manera de bloquear el diálogo y pretender imponer nuevamente el punto de vista que el presidente García representa y que fue derrotado anteriormente? ¿Este tipo de iniciativas no son las que generan inestabilidad y alimentan el conflicto en la medida que incumplen los compromisos que el gobierno asumió?
En este momento la solicitud está en manos del Ministerio Público. ¿La declarará sin fundamento o cederá ante el poder político?
Malas prácticas que no se deben repetir
Por: Julia Cuadros
Fuente: El Tiempo
21/10/2009
La justicia tarda pero llega es una frase por demás conocida solo que en el caso peruano se debería agregar, la justicia llega pero desde fuera. En efecto, la noticia del congelamiento definitivo de 8 millones de dólares para garantizar el resarcimiento a los campesinos secuestrados y torturados en el año 2005 es por demás positiva y marca un precedente importante en materia de casos de vulneración de derechos humanos por parte de empresas trasnacionales.
Para nadie es una novedad que el caso Río Blanco es emblemático: por la firme defensa de la población de Huancabamba y Ayavaca de un modelo de desarrollo sostenible, basado en la agricultura y el ecoturismo, por la defensa de sus territorios ocupados ilegalmente desde el año 2003 por la empresa minera Río Blanco, porque estamos ante la posibilidad de un distrito minero que cambiaría toda la dinámica social, económica, ambiental y cultural de la región Piura.
El caso es emblemático además porque la lucha de las poblaciones se ha visto manchada por actos que han vulnerado sus derechos humanos. Todos recordamos las terribles imágenes de los campesinos secuestrados y torturados en el año 2005 a manos de fuerzas policiales y la empresa de seguridad privada Forza que le prestaba servicios a Minera Río Blanco.
Estos hechos han dado curso a una acción legal en el poder judicial peruano, para responsabilizar a los autores inmediatos y directos pero además ha permitido una acción en las propias cortes británicas, a fin de buscar un justo resarcimiento por parte de la empresa Monterrico Metals matriz de la empresa minera Río Blanco.
Esta semana una importante noticia llegó de Inglaterra. El congelamiento definitivo de casi 8 millones de dólares de las cuentas de la empresa Monterrico Metals, propietaria de Minera Río Blanco Copper en el Perú, puede convertirse en un importante precedente para casos de vulneración de derechos humanos por empresas multinacionales.
En efecto, el congelamiento de las cuentas se da en salvaguarda de la reparación civil a favor de los ciudadanos peruanos que fueron secuestrados y torturados el año 2005 por las fuerzas policiales y la empresa de seguridad privada Forza que le prestaba servicios a Minera Río Blanco.
El fallo de la corte británica ha hecho primar el principio que las multinacionales son jurídicamente responsables por las violaciones de derechos humanos que sucedan en sus actividades en el extranjero. En efecto, un tema que ha sido recurrente en los últimos años es la afectación de los derechos humanos por parte de empresas multinacionales y la falta de un marco legal internacional vinculante que permita sancionarlas.
El fallo busca garantizar un resarcimiento efectivo a los ciudadanos peruanos que fueron secuestrados y torturados. Esta decisión se da en un contexto muy importante ya que en abril de este año se publicó el Informe de John Ruggie, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la consulta global sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales.
En el informe de Ruggie, titulado “La empresa y los derechos humanos: la puesta en práctica del marco proteger, respetar y remediar”, se plantea como interrogante: ¿En un contexto de crisis económica es pertinente proponer el tema de los derechos humanos y las empresas transnacionales?
La respuesta es un sí contundente por tres razones: i) en tiempos de crisis los derechos peligran más; ii) la existencia de un “entorno permisivo”, que provocó la crisis económica, puede generar un peor comportamiento de las empresas hacia los derechos humanos; por lo que el fortalecimiento del régimen internacional de derechos humanos contra los abusos de las empresas contribuirá a la transición universalmente deseada hacia una economía mundial más incluyente y sostenible, y se beneficiará de ella, y iii) el marco "proteger, respetar y remediar" identifica medidas concretas para alcanzar estos objetivos.
Es determinante que los gobiernos introduzcan en sus políticas y normativas específicas el tema de los derechos humanos, sobre todo en relación directa con las prácticas empresariales, buscando fortalecer su accionar en la materia. Y en el caso de las empresas, lo importante es que tomen una verdadera conciencia para que sus prácticas -y no solo sus discursos- sean efectivamente respetuosas de los derechos de las poblaciones vecinas, sus trabajadores y el entorno.
El acceso a una reparación eficaz, judicial o no judicial, es un elemento esencial que permitirá que los individuos y las comunidades reivindiquen sus derechos. Este es un objetivo básico del régimen de los derechos humanos.
Vemos entonces que la problemática empresas multinacionales y derechos humanos se encuentra plenamente vigente y una decisión como la asumida por la corte británica en el caso Río Blanco muestra una tendencia importante y marca un hito importante: las empresas deben asumir las responsabilidades por las acciones que realicen en territorios extranjeros. Además un fallo de esta naturaleza debe servir como ejemplo para otras empresas mineras del país que se han visto involucradas en actos que afectan los derechos de las poblaciones vecinas a sus operaciones. El mensaje es claro: no debe haber lugar para la impunidad.
Las consultas ciudadanas
Por: José De Echave
Fuente: Coordinadora Nacional de Radio
13/10/2009
Hace un par de semanas fue organizada una nueva consulta ciudadana en torno a un proyecto minero en nuestro país. En esta ocasión fueron varios distritos en la provincia arequipeña de Islay.
Como ha ocurrido en otros lugares del país, la población de esta provincia está preocupada por el avance de la minería en varios de sus distritos: el proyecto principal es Tía María de Southern Peru, aunque hay una larga lista de otras concesiones y empresas mineras que ya ocupan más del 50% de toda la provincia de Islay.
Lo cierto es que esto no solo pasa en el Perú. En diferentes países, los conflictos generados en torno a la actividad minera han provocado reacciones similares. Las demandas de las diferentes organizaciones de pobladores se orientan principalmente a generar nuevos y mayores mecanismos de participación ciudadana y la posibilidad de influenciar en la toma de decisiones sobre los proyectos que se desarrollan en sus tierras.
En medio de marcos legales que son percibidos como adversos a sus intereses y restrictivos en cuanto a la generación de verdaderos mecanismos de participación ciudadana, se han comenzado a generar algunas iniciativas relevantes que si bien no llegan a modificar las reglas de juego imperantes, si han logrado incidir en el desarrollo de algunos proyectos específicos; es el caso de las denominadas consultas vecinales. En América Latina, la primera consulta fue la de Tambogrande en Piura1, luego la de Esquel en Argentina2 y la de Sipacapa en Guatemala3; Majaz/Río Blanco también Piura, algunas más en América Central y ahora la de Islay en Arequipa.
En el caso del proyecto minero de Tambogrande, la polémica giró en torno a la coexistencia entre minería y agricultura, el desplazamiento de un sector importante de la zona urbana del distrito y el desvío del río principal de la zona. La municipalidad distrital de Tambogrande decidió convocar a una consulta y el resultado fue contundente NO al proyecto minero.
En Esquel en la provincia de Chubut, nada menos que en plena Patagonia Argentina, las autoridades municipales y las principales organizaciones de la población organizaron un plebiscito el 23 de marzo de 2003 buscando preservar de actividades extractivas un ecosistema importante: el 81% de la población votó en contra del proyecto aurífero que pretendía desarrollar la empresa canadiense Meridian Gold.
En el caso de Guatemala, el 18 de junio de 2005, vecinos del municipio de Sipacapa en el departamento de San Marcos, votaron en contra del proyecto de oro y plata que pretende desarrollar la empresa Montana Exploradora. El proyecto afectaba poblaciones indígenas de ese país.
Todas estas iniciativas de consulta, al margen de sus particularidades, han generado debates similares: si las consultas tienen efecto vinculante o no; las implicancias del Convenio 169, que casi todos los gobiernos de la región han firmado; la legislación minera y la participación ciudadana, etc. Y el debate continúa.
En el Perú, luego de los sucesos de Bagua, una Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo, luego de analizar la situación, instó el año pasado al gobierno peruano a avanzar inmediatamente en el diseño de mecanismos apropiados de participación y consulta de los pueblos indígenas. También lo exhortó a que se consulte a los pueblos antes de la adopción de las medidas que puedan afectar sus derechos.
Todo indica que el tema de la consulta y la creación de nuevos mecanismos de participación ciudadana seguirán siendo evaluados en la mayoría de países que cuentan con una presencia relevante de industrias extractivas y en donde las poblaciones demandan nuevos mecanismos innovadores orientados a generar una verdadera participación ciudadana. El Perú no es la excepción.
DES - Integrando el Desarrollo
Por: Julia Cuadros
Fuente: El Tiempo
27/08/2009
Hace algunas semanas el ministro del ambiente Antonio Brack declaró que los piuranos debían solucionar el problema en torno al caso Río Blanco y que la minería podía fácilmente convivir con la agricultura. Es una lástima que nuestro ministro se pronuncie sobre este tema y no por ejemplo sobre las experiencias exitosas de negocios que existen en Piura. Experiencias como las de CEPICAFÉ, cuya producción además de café, como su nombre lo indica, también incluye productos como la panela, el cacao y las mermeladas de fruta.
Esta es una experiencia que da trabajo a 6600 productores, que además tiene una política de contratación a los hijos de los productores en la plantas de procesamiento. Su principal preocupación ha sido desde un inicio el bienestar del productor y por ende, tienen la certificación de comercio justo. No satisfechos con ello y conscientes de las demandas del mercado internacional actual, tienen una línea de producción orgánica que cuenta con certificación. Todo un ejemplo de negocios que involucran a la población, que permiten mejorar su calidad de vida y que además se dan en armonía con el medio ambiente, alcanzando grandes niveles de exportación.
Es una lástima que Antonio Brack no recuerde sus declaraciones de hace algunos años en las que señalaba que “el Siglo XXI va a ser el siglo de los productos orgánicos y naturales (…) y que “el futuro del la agricultura peruana está en buscar esos mercados”.
Así como CEPICAFÉ, Piura tiene otras experiencias igual de valiosas como las de CEPIBO (banano orgánico) o APROMALPI (mango), que muestran un modelo de desarrollo exitoso y sostenible. Estos modelos pueden ser puestos en riesgo en caso se concreten algunos proyectos mineros en la región. En efecto, las certificaciones orgánicas alcanzadas después de mucho esfuerzo se pueden perder. Además, no debemos olvidar que el agua con la que se abastecen las zonas media y baja de Piura en donde se desarrollan estos cultivos, proviene de las zonas altas en las que se pretende desarrollar el proyecto minero Río Blanco.
Ojalá nuestro ministro pueda hacer memoria y recordar que en algún momento sostuvo que “Lo primero que tiene que hacer el Estado antes de otorgar una concesión minera a un privado es hacer una evaluación de cuál es la situación allí y de cuál es la actividad más rentable en esa zona, si la minería o la agricultura”. ¿Se puede poner en riesgo un modelo de desarrollo basado en la agricultura orgánica y en la agro exportación por una actividad no renovable, que solo se verá limitada al empleo de mano de obra especializada?
Definitivamente la actividad minera resulta importante para muchas regiones del país y el caso piurano es particular, en tanto tiene un modelo de desarrollo exitoso y de largo plazo, que beneficia a mucha gente.
El proyecto minero Río Blanco no sólo presenta deficiencias en materia ambiental, como lo reconoció el mismo Brack en una entrevista de mayo de 2006 en la que señaló “Majaz está en una zona delicadísima porque es la naciente de varios ríos y puede contaminar el río Huancabamba y el Chinchipe”; el caso Río Blanco va más allá pues tiene problemas en material legal y social. La Empresa Minera Río Blanco Copper no cuenta con los permisos legales de las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayavaca) para ocupar sus territorios, territorios en los que se pretende desarrollar el proyecto.
Sumado a ello, la presencia de la empresa ha generado una serie de problemas: constitución de comités de desarrollo para ganar la aceptación de la población, organizaciones sociales paralelas que presentan denuncias contras los líderes de la zona, entre las que debemos destacar la infundada denuncia por terrorismo archivada definitivamente, la creación de una ronda paralela que busca desestabilizar a la ronda legítima, actor de vital importancia en este conflicto. La población resiste y seguirá resistiendo a estas estrategias ilegítimas que están buscando dividir a la población.
Una última estrategia ha sido la creación de la ONG INTEGRANDO. En efecto y por más que el propio gerente de INTEGRANDO, señor Marco Tulio Vargas Trelles niegue la relación de su organización con el proyecto minero Río Blanco, ya son varias las oportunidades en las que se han mostrado los documentos que acreditan este vínculo. La relación no resulta compleja: INTEGRANDO recibe apoyo de ALICORP, empresa del grupo Romero, quien en la actualidad tiene, a través de su empresa Agropecuaria Las Huaringas, una opción de compra del 20% de acciones de Monterrico Metals, matriz del proyecto Río Blanco.
Este hecho puede ser fácilmente verificado en la propia web de la matriz y también ha sido confirmado mediante las declaraciones de Pedro José Vargas Lamela, comandante en retiro de la Policía Nacional que reveló en una entrevista radial que fue contratado por la ONG INTEGRANDO para hacer trabajos de inteligencia y seguimiento a las autoridades y dirigentes locales de Huancabamba y Ayavaca en Piura, que se oponen al proyecto minero Río Blanco de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (antes Minera Majaz).
Todos estos problemas, unieron a los líderes de los caseríos, comunidades y rondas de Huancabamba en una movilización masiva el día 24 de agosto de 2009, movilización en la que exigieron el retiro de INTEGRANDO de la zona, decisión que no ha sido respetada por esta última.
¿Por qué no resulta tan evidente en este caso que la población de Huancabamba y Ayavaca si tiene derecho a ser consultado sobre el modelo de desarrollo que desean seguir? ¿Por qué resulta más evidente en casos en los que vecinos de un distrito limeño reclaman por la tala indiscriminada de los árboles de su comuna? ¿No tiene acaso una comunidad el derecho a determinar qué actividades pueden realizarse en su territorio? ¿No es acaso lógico que puedan levantar su voz de protesta contra una empresa que sigue creando estrategias para lograr un resquebrajamiento social que les permita desarrollar un proyecto con serios cuestionamientos legales, sociales y ambientales?
Ustedes tienen la palabra.
Incremento de las concesiones mineras en la región Piura
Por: Julia Cuadros
Fuente: El Tiempo
29/07/2009
Necesaria revisión de la política nacional de concesiones mineras.
A fines del mes de Junio, CooperAcción adquirió información sobre Concesiones Mineras en el INGEMMET, organismo encargado, entre otras funciones, de otorgar los títulos y registrar las concesiones mineras en el Perú. Con preocupación nos hemos percatado que el número de hectáreas concesionadas en la Región Piura se ha incrementado de 25.4% a 26.2% entre Enero y Junio del presente año; lo que a nivel regional es un incremento relativamente poco significativo, este incremento es más visible en las provincias de la sierra de Piura. El 35.3% de la provincia de Ayavaca se encuentra bajo concesión minera, mientras que el 28% del territorio de la provincia de Huancabamba está en la misma situación.
Esta situación nos hace reflexionar sobre las intenciones de convertir Piura en una nueva región minera. Hace algunos meses habíamos advertido que en Piura se estaban configurando 4 distritos mineros: el del distrito de Suyo en Ayavaca, el del distrito de El Carmen de la Frontera donde se encuentra el proyecto minero Río Blanco; el del distrito de Tambogrande en Piura en donde la empresa minera Buenaventura ha adquirido las concesiones de la empresa Manhattan; y por último el del distrito de Sechura donde se encuentran los yacimientos de Bayóvar de minería no metálica.
Sin embargo en la última información a la que hemos tenido acceso, dos nuevas empresas mineras: la transnacional norteamericana Newton, copropietaria de la empresa minera Yanacocha es titular de 19,071 hectáreas ocupa el segundo lugar según el tamaño de la concesión minera en la provincia de Ayavaca; mientras que la empresa canadiense Barrick Misquichilca, quien ha venido desarrollando actividades en las regiones Lambayeque y La Libertad, ocupa el primer lugar con 24,507 hectáreas en la provincia de Huancabamba.
Las empresas en manos de ciudadanos chinos o de capitales chinos como White Rocks International SAC, SMRL New Huancabamba 4, Junefield Mining SAC, Minera Mayarí y Minera Majaz S.A (hoy Minera Río Blanco Copper) siguen en tamaño a las anteriormente mencionadas.
PRINCIPALES TITULARES DE CONCESIONES MINERAS
PROVINCIA DE AYABACA HA
MINERA ATE S.A.C. 23051.2
NEWMONT PERU S.R.L. 19071.7
S.M.R.L. NEW HUANCABAMBA 4 13350.2
JUNEFIELD MINING S.A.C 9539.1
COMPAÑIA MINERA MAYARI S.A.C. 5845.4
PRINCIPALES TITULARES DE CONCESIONES MINERAS
PROVINCIA DE HUANCABAMBA HA
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 24507.9
WHITE ROCKS INTERNATIONAL S.A.C. 21898.9
COMPAÑIA MINERA MAYARI S.A.C. 15839.2
S.M.R.L. NEW HUANCABAMBA 4 9019.1
GMX MINERAALS SOCIEDAD ANONIMA 8647.3
LUIS VARGAS BARBIERI 8042.0
MINERA MAJAZ S.A. 5888.0
JUNEFIELD MINING S.A.C 5404.1
A los capitales chinos ahora se agregan capitales canadienses y norteamericanos, mostrando así el interés de estas empresas mineras por iniciar actividades en la región. La pregunta que nos hacemos es si la población de Piura está dispuesta a cambiar su modelo de desarrollo, que a la fecha se ha basado en actividades agropecuarias, de agro exportación, producción orgánica y turismo. Y ésta, creemos, es una pregunta válida, en la medida en que las intenciones de realizar minería afectarán las nacientes de los ríos y los páramos andinos donde se produce el agua que consume Piura; afectarán el esfuerzo realizado desde el Estado y desde la empresa privada para hacer del desierto unos valles altamente productivos, a través de la inversión realizada en los reservorios de San Lorenzo y Poechos.
El conflicto socio ambiental por el proyecto minero Río Blanco se convierte así en la piedra angular de una decisión de carácter estratégico. Todos los otros proyectos mineros están a la espera de que Río Blanco se eche a andar para iniciar sus propias operaciones.
La legislación nacional, al igual que muchas legislaciones en el mundo señala que el subsuelo es de propiedad estatal; sin embargo; también señala que para realizar cualquier tipo de actividad sobre el suelo las empresas deben contar con la autorización de los propietarios de los terrenos superficiales. Esta política es causa, la más de las veces, de los conflictos entre los propietarios de las tierras y las empresas mineras; en la medida en que las decisiones se toman en forma centralizada, sin tomar en cuenta que esos territorios se encuentran habitados por personas, por familias, y que están dentro de las circunscripciones de los municipios distritales y provinciales. La propia legislación nacional establece que los gobiernos locales tienen la obligación de liderar los procesos de planificación concertada del desarrollo y del presupuesto participativo, donde la población organizada, los sectores públicos y privados, con las autoridades a la cabeza se ponen de acuerdo en un modelo, una orientación de su desarrollo, e invierten los recursos de sus presupuestos para hacer realidad su visión de futuro.
A ello debemos agregar que las empresas mineras consideran que por contar con un título de concesión tienen derecho a ingresar a los territorios concesionados, sin pedir la autorización de los legítimos propietarios; contraviniendo la legislación pertinente que promoviendo la inversión privada en las tierras de comunidades campesinas y nativas, protegen los derechos de estas poblaciones.
Esta situación nos hace reflexionar sobre la necesidad de hacer una revisión seria y rigurosa de la política de concesiones mineras, que tome en cuenta los diversos factores que convergen en una decisión de esta naturaleza. No sólo se trata de no otorgar concesiones en Áreas Naturales Protegidas, Santuarios, o Áreas no aptas para el otorgamiento de concesiones mineras, cuyo catastro aún no ha sido hecho público por el Ministerio de Energía y Minas a través del INGEMMET, aunque hace muchos años que el sistema existe. También se trata de tomar en cuenta las decisiones que los gobiernos locales y regionales, que por mandato de la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de regionalización, han iniciado desde hace varios años procesos de desarrollo concertados entre diversos actores, con una importante inversión económica pública y privada y con apoyo en muchos casos de la cooperación internacional o de organismos financieros internacionales a través de préstamos. De igual modo se trata de incluir zonas de protección o no aptas para el otorgamiento de concesiones como son los páramos andinos o las nacientes de cuencas.
Se trata de actuar en los dos niveles, en el nivel local generando información y tomando decisión para proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales, ordenando y gestionando sus territorios, de tal manera de garantizar el desarrollo de las actuales y futuras generaciones, y fortaleciendo la gobernabilidad democrática local y regional. Y en el nivel nacional modificando y mejorando la legislación sobre concesiones mineras.
Caso Rio Blanco ¿Retomando viejas estrategias?
Por: Julia Cuadros
Fuente: El Tiempo
24/06/2009
El hecho de que, en el conflicto en torno al proyecto Río Blanco, no hayan más noticias sobre consultas o torturas: ¿Significa que nada esté pasando en Huancabamba y Ayabaca? Nada más lejos de la verdad pues, desde el año 2003, año en el que la empresa minera Río Blanco (ex minera Majaz) empezó sus actividades de exploración en la zona, nada ha vuelto a ser igual en estas localidades.
En efecto, ¿cómo algo puede seguir igual si una empresa ocupa ilegalmente tierras de comunidades campesinas, si ya en la fase de exploración ha generado impactos ambientales, si a raíz de las manifestaciones hay 2 muertos y 29 torturados, si se promovió una denuncia por terrorismo contra los líderes y defensores de los derechos humanos, si la mayoría de líderes viene siendo denunciados? Ante situaciones de esta naturaleza, nada puede seguir igual.
La empresa minera Río Blanco, luego de desistirse del procedimiento para ampliar sus actividades de exploración, asumió una actitud de repliegue. Cerró sus oficinas en Piura, en Ayabaca y en El Carmen de la Frontera. Pero ¿Esto significa que la empresa ya no está presente en la zona y que la situación de tensión permanente ha desaparecido? Pues no.
Al analizar las estrategias que ha desarrollando la empresa minera Río Blanco (ex Minera Majaz), uno puede identificar 3 etapas muy marcadas:
1- Una primera en la que era la propia Minera Majaz la que lideraba los actos de violencia y enfrentamiento en contra de la población, como fue reconocido por la propia empresa mediante un comunicado público en el que pidió disculpas a la población;
2- En un segundo momento, la estrategia varió, la empresa optó por la creación de organizaciones paralelas que cumplieran el rol de provocar a la población y de buscar acallar los reclamos de la misma, así se constituyó el “Frente por la Unidad de Segunda y Cajas”, organización que fue la que denunció por terrorismo y otros delitos a 35 líderes y defensores de los derechos humanos y ambientales; denuncia que careció de fundamentos y que fue finalmente archivada y;
3- En un tercer momento, la estrategia cambió. Se dio el repliegue de la empresa minera en la zona de influencia del proyecto minero; pues el grupo chino Zijin, accionista mayoritario de Monterrico Metals, matriz de Río Blanco, no busca apresurar el proyecto, más aún en un escenario de crisis financiera, en el que el precio del cobre ha caído de manera sustancial. Asimismo, por segunda vez, tuvieron que desistir del procedimiento que buscaba ampliar la exploración, al no poder levantar un gran número de observaciones, entre las que destaca el no contar con los permisos legales de las comunidades campesinas.
Pero este repliegue de la empresa, no implica que la misma no esté en la zona. Efectivamente, la tercera estrategia apuntó a crear la ONG INTEGRANDO, asociación que está relacionada con ALICORP, empresa del Grupo Romero y por ende, con el proyecto Río Blanco, ya que ha suscrito una Opción de Compra del 20% de las acciones de la empresa Monterrico Metals, cuyo propietario es el Consorcio Zijin. La población ha rechazado la presencia de esta ONG, que reúne a personas del frente paralelo antes mencionado. Estas personas vienen provocando constantemente a la población, y el pasado viernes 5 de junio, atacaron a miembros de la comunidad campesina de Segunda y Cajas en Huancabamba.
Retomando viejas estrategias.
En la actualidad, la estrategia de la empresa vuelve a tomar otro giro: dado que la ONG INTEGRANDO no ha sido capaz de lograr la aceptación de la población, se ha retomado la segunda estrategia antes descrita: crear organizaciones sociales paralelas. Así, se ha creado una Central de Rondas Campesinas de la provincia de Huancabamba paralela, que carece de toda representatividad.
En efecto, los representantes de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de la Provincia de Huancabamba fueron elegidos democráticamente el 7 de julio del 2008 y ratificados en el Congreso Extraordinario del 05 de abril del presente año, que tuvo como veedor al máximo representante de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas – Perú Dr. Daniel Idrogo Benavides. Esta directiva está encabezada por don Juan Alfonso Huayama Guerrero. Pese a los intentos de esta nueva organización paralela por desacreditar a los representantes de la Central Única de Rondas, la directiva que preside don Alfonso Huayama fue ratificada.
A pesar de ello, esta organización paralela logró reunirse el viernes 19 de junio con el propio vicepresidente del Gobierno Regional de Piura, para retomar el trabajo de la Mesa de Diálogo del proyecto Río Blanco. Resulta inaudito que el Gobierno Regional avale a una organización que no tiene representatividad alguna y que lo que busca es debilitar a la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de la Provincia de Huancabamba, organización que se ha mostrado incólume a las estrategias de la empresa. ¿Qué es lo que pretende el Gobierno Regional con esta actitud? No está acaso obligado a verificar que las organizaciones con las que se reúne representen efectivamente a la población, y en este caso particular, a las rondas campesinas de Huancabamba? La reunión sostenida carece de toda validez y no es más que un intento que buscar acelerar el desarrollo de un proyecto que carece de toda viabilidad social y ambiental.
Pareciera que no está pasando nada, sin embargo las organizaciones y las
poblaciones de Huancabamba vienen enfrentando día a día presiones que
afectan su vida cotidiana, en una tensión permanente y en alerta continua
frente a las pretensiones de la empresa minera y sus diferentes
estrategias.
El imperativo de retomar el diálogo en el caso Rio Blanco
Por: Julia Cuadros
Fuente: El Tiempo
23/06/2009
Han pasado cuatro años desde que las poblaciones de Huancabamba, Ayavaca, Jaén y San Ignacio se movilizaron hacia la zona de Río Blanco para exigir el retiro de la Empresa Minera Majaz, hoy Río Blanco Copper. En el camino quedaron los comuneros Reemberto Herrera y Melanio García, quienes con su vida hicieron testimonio del sentir de las comunidades campesinas. Este año se cumplió el segundo aniversario de la exitosa Consulta Vecinal en Ayavaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera. Son cuatro años en los que pobladores y pobladoras, ronderos y ronderas, comuneros y comuneras de Ayavaca y Huancabamba vienen luchando día a día para que se respete su opción a un desarrollo equitativo y sostenible, basado en actividades agropecuarias, de agroexportación y turismo, y se protejan los bosques y los páramos andinos de donde proviene el agua para Piura.
¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que se solucione, de una vez por todas, esta situación de tensión e incertidumbre? No entendemos cómo la vida puede seguir, así como está, en la sierra de Piura. Sus pobladores y pobladoras viven en permanente zozobra, con temor a ser agredidos, viendo cómo una empresa minera que se encuentra ilegalmente en su territorio, utiliza subterfugios y estrategias malintencionadas con la finalidad de quebrar un movimiento ciudadano que ha logrado la solidaridad y el apoyo tanto en el Perú como en el extranjero.
Hace unas semanas, personal contratado por CooperAcción fue amenazado por un sujeto que funge de periodista, quien rastrilló su arma de fuego y agresivamente señaló que nos podía matar y que no le iba a pasar nada porque nosotros éramos unos “terroristas” (sic). Tuvimos que solicitar los buenos oficios de la Defensoría del Pueblo y apersonar a un abogado para que la policía recibiera la denuncia y tomara la declaración de los agraviados, ya que según ellos tenían que asistir a una ceremonia al parecer más importante que tomar la manifestación policial. Nos imaginamos cómo las autoridades tratan a las personas humildes, del campo, que son denunciadas ya no sólo por la empresa minera, sino también por trabajadores de la ONG Integrando; y nos imaginamos también a aquellas personas que quieren denunciar los agravios de los que son víctimas, son maltratadas por las autoridades quienes les dicen frases como “que ya irán después a recoger los cadáveres”. No hay derecho.
Qué garantías pueden existir en un lugar donde el propio Gobernador pertenece al autodenominado “Frente por la Unidad de Segunda y Cajas” que denunció a 35 autoridades y líderes comunales por delito de terrorismo; denuncia que fue archivada definitivamente por la V Fiscalía de Piura, por carecer de fundamentos y porque era una gran mentira.
La población necesita vivir en paz, con tranquilidad, sin tener que estar en permanente tensión. Dedicarse a sus actividades productivas, hacer vida social y en familia, y no tener que estar cuidándose y recelando de sus propios vecinos y familiares.
Los medios de comunicación deben cumplir su rol de informar a la población, ser lo más objetivos posible, no caer en la tentación de la prensa amarilla por tratar de vender más; no dejarse manipular por los que tienen el poder económico para hacerlo. Aportar a la prevención de conflictos, buscando la construcción de consensos sobre la base de un diálogo transparente.
Esta situación tiene que terminar. Tiene que primar el Estado de Derecho. Los trasgresores de la ley tienen que ser sancionados. Las autoridades tienen que garantizar la paz, la estabilidad y la gobernabilidad de sus circunscripciones. La administración pública tiene que cumplir su papel y el Estado tiene que cumplir su rol de garante de los derechos de la población.
Por ello es que apoyamos la decisión de Frente para el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú de reunirse con las autoridades regionales y nacionales con la finalidad de que se reinicie el diálogo frustrado con la renuncia del ex premier Yehude Simon. Esta semana los dirigentes y dirigentas del Frente estarán en Piura y en Lima visitando las instituciones públicas, a fin de que en el plazo más corto posible se retome el diálogo con los legítimos interlocutores de la población y las comunidades.
Llamamos la atención a las autoridades a no dejarse sorprender por falsas organizaciones que pretender irrogarse la representación de las poblaciones de Ayavaca y Huancabamba. Esperamos que se reinstale la Mesa de Diálogo, se acuerde una agenda de trabajo y se avance hacia la solución definitiva del conflicto en el caso Río Blanco.
Saludamos a la población de Huancabamba y Ayavaca por no caer en la provocación de grupos interesados en generar situaciones de violencia para obligar a las fuerzas del orden a intervenir; como lo demostraron los Ronderos de Huancabamba en la movilización del 24 de agosto pasado.
Cambio climático, Páramos y minería
Por: Julia Cuadros
Fuente: El Tiempo
04/05/2009
El Perú está considerado como el tercer país más vulnerable del mundo frente al cambio climático, luego de Bangladesh y Honduras. El cambio climático ya no es una posibilidad, sino una realidad palpable. El aumento de la temperatura mundial se debe principalmente a la producción y consumo de combustibles fósiles como el petróleo, actividades y procesos industriales que emiten gases de efecto invernadero, por ejemplo dióxido de carbono, metano y óxido nitroso; prácticas agropecuarias que erosionan el suelo, también el cambio de uso del suelo y deforestación. El Perú aporta el 0.4% de emisiones de gas de efecto invernadero, de los cuales el 47% se da por el uso del suelo y el cambio de uso, 19% por prácticas agrícolas inadecuadas, 21% por producción de energía, 7% por procesos industriales y 6% por disposición inadecuada de desechos.La actividad minera, en particular la de tajo abierto, es una de las actividades económicas que más insumos, energía y materiales requiere. Asimismo es una de las industrias que mayor cantidad de desechos produce. La actividad minero metalúrgica es responsable del 13% de las emisiones de dióxido de azufre, consume entre el 7 y 10 % de la energía mundial, mucha de la cual es de origen termoeléctrica, mientras que aporta menos del 1% del producto bruto mundial y emplea a menos del 0.5 % de la mano de obra del planeta.
Los impactos del cambio climático los estamos viviendo los últimos años; se han producido eventos climáticos extremo como olas de frío, heladas intensas, olas de calor, inundaciones, han variado los regímenes de lluvias, se han producido sequías prolongadas, el Fenómeno El Niño se presenta en forma más recurrente y severa, están retrocediendo los glaciales. Si a ello agregamos actividades humanas como el drenaje de humedales, ya sea por acción de la población o por acción de las empresas mineras, prácticas inadecuadas como sobre pastoreo, quema de pastizales, deforestación, ampliación de fronteras agrícolas; así como aspectos como el fraccionamiento de la propiedad y debilidad de las organizaciones sociales.
Esta situación está llevando a que el agua escasee, se erosionen los suelos y se incremente la desertificación.
Sin embargo al interior de nuestro país existente regiones que son más vulnerables que otras al Cambio Climático, como lo es Piura.
Es sumamente preocupante que un contexto como el descrito, se tomen medidas que son insuficientes y se diseñen políticas públicas que no abordan los temas de fondo. Si revisamos el catastro de concesiones mineras a nivel nacional, podremos darnos cuenta que la minería se encuentra mayoritariamente asentada en cabeceras de cuenca, en zonas productoras de agua, lagunas altoandinas y valles trasandinos, presionando sobre ecosistemas frágiles que producen, recolectan y distribuyen el agua como son los páramos andinos ubicados en los departamentos de Piura y Cajamarca.
Entre los efectos concretos que el cambio climático viene produciendo tenemos el aumento de la inseguridad alimentaria, la degradación de la bio y agro diversidad, la presencia de nuevas plagas y enfermedades que afectan los cultivos, el incremento de los conflictos por el uso del agua, entre otros.
Frente a los desafíos, riesgos y vulnerabilidad existentes, los instrumentos de evaluación de impactos ambientales y las políticas de protección y prevención de riesgos en minería no están actualizados dado que no se diseñan políticas, objetivos y estrategias específicas que aborden los temas de fondo.
Así lo podemos constatar en el documento de la Política Nacional del Ambiente que estuvo en consulta pública hasta marzo pasado; al caracterizar inadecuadamente la situación ambiental del país y el rol que la minería viene desempeñando en la degradación, por ejemplo, de las cuencas hidrográficas. Otro instrumento clave para enfrentar el cambio climático es el ordenamiento del territorio, normativa que estos momentos se encuentra en debate en el Ministerio del Ambiente.
Asimismo, luego de promulgada la nueva Ley de Recursos Hídricos, cuyo reglamento debe aprobarse en los próximos días, nos preocupa si se incorporará la protección de las fuentes de agua, así como la inclusión en las prioridades de uso a la naturaleza como usuaria de agua para su reproducción y sostenibilidad.
Los páramos andinos son ecosistemas de importancia estratégica ya que prestan imprescindibles servicios ambientales en particular de captación y distribución de agua. En el Perú los páramos se encuentran en los departamentos de Piura y Cajamarca. Los páramos prestan servicios ambientales estratégicos no sólo a las comunidades o poblaciones rurales aledañas, sino también a los habitantes de las ciudades que utilizan sus aguas. Ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Quito, Cuenca, Loja, Cajamarca y Piura se abastecen del agua que producen los páramos.
El páramo brinda servicios hidrológicos a las zonas bajas de las cuencas. El volumen total producido por el páramo es alto, resultado de la lluvia, de contar con una vegetación que capta neblina y que consume poco agua. En el caso de Piura los páramos están ubicados en las cumbres de la Cordillera de los Andes, en los distritos de El Carmen de la Frontera (Huancabamba) y Ayavaca y Pacaipampa (Ayavaca)
La expansión de la minería en Perú viene comprometiendo el ecosistema páramo – jalca (como también se le conoce). En Piura el 44.5% de los páramos está bajo concesión minera. De darse la actividad minera, se vería comprometida tanto la calidad como la cantidad y disponibilidad del agua. La costa de Piura bebe el agua que se produce en los páramos y las alturas.
Sin importar la escala de intervención, sea una sola gran mina, o muchas minas pequeñas, la minería es una actividad de grandes y delicados impactos. Se podría apelar a balance costo/beneficio; sin embargo este balance es deficitario. Los costos ambientales, sociales e incluso económicos pueden ser mayores en comparación a los beneficios coyunturales en términos de las variables macroeconómicas del país en el largo plazo.
La minería no debe darse en el páramo; por el contrario se debe promover políticas públicas y normativa específica que excluya la minería de estos ecosistemas estratégicos y vulnerables.
Ello implica que debe formar parte de la política de Estado definir en qué zonas se puede hacer minería y qué zonas no se debe hacer minería. En concordancia con ello deberá modificarse la política de concesiones, que sólo restringe la autorización de concesiones en áreas naturales protegidas del Sistema Nacional, obviando que existen espacios como los páramos, de interés regional y local que también deben ser protegidos; y por ello, la aprobación de concesiones no debe darse en forma automática.
Así, como tareas más precisas proponemos zonificar y georeferenciar los ecosistemas frágiles, en particular los páramos. Implementar la Zonificación Ecológica Económica – ZEE y Planes de Ordenamiento Territorial que con sustento técnico formen parte de los procesos de planificación y presupuestos participativos; incluir en los planes de desarrollo, locales, regionales y nacionales, la protección e intangibilidad de los páramos, en atención al carácter estratégico y de servicios ambientales que los ecosistemas prestan.
Desde la sociedad civil organizada debemos fortalecer las organizaciones y las capacidades de los actores locales, gobiernos locales, comunidades campesinas, mujeres y jóvenes, brindándoles información oportuna y confiable para la mejor toma de decisiones, promover la zonificación desde el nivel comunal y distrital; generar participativamente y difundir información como son los inventarios de recursos naturales, inventarios de recursos hídricos (calidad y cantidad), entre otros.
Minería y Conflicto social
Fuente: Diario El Tiempo
01/04/2009
El día martes pasado se presentó en Lima el libro “Minería y Conflicto Social”;fruto de una investigación que , a partir de la investigación de seis casos emblemáticos de conflictos mineros, se avanza en una mejor compresión de su naturaleza y devenir y se proponen orientaciones dirigidas a hacer que la minería en el Perú, presente en algunos territorios y ausente en otros, sea efectivamente un aporte para que el país pueda aprovechar equitativa, sostenible y democráticamente sus recursos naturales.
Para la mencionada presentación se realizó un panel en el que Bruno Revesz a nombre de las organizaciones que promovieron la investigación explicó a grandes rasgos el contenido de la misma; luego se dio inicio a un panel conformado por Rolando Luque de la Defensoría del Pueblo, Pablo de la Flor, alto funcionario de la empresa minera Antamina y José De Echave quien a nombre de los seis autores respondió a las preguntas de los comentaristas. La discusión que se desarrolló sirvió para identificar los puntos de coincidencia y diferencia de los antes mencionados. Reseñamos aquellos que nos parecen los más saltantes.
La ausencia del Estado
La principal coincidencia que encontramos es la que tiene que ver con la ausencia del Estado en los territorios donde se desarrolla la mayoría de conflictos estudiados. Ausencia que en algunos casos es más bien debilidad de los gobiernos locales y regionales para poder hacer un uso rápido y efectivo de los recursos del canon y de las regalías mineras abonada por los procedimientos y condicionalidades que el gobierno nacional establece para el uso de los mismos.
Sin embargo, la discusión permitió enriquecer esta mirada y entender que esa ausencia del Estado tiene que ver especialmente con su dificultad o resistencia para entender que las condiciones en las que se desarrolla la minería en el Perú han cambiado significativamente con respecto al momento en el que se establecieron las políticas dirigidas a fomentar la inversión en el sector.
Esto se debe, no sólo por el boom de los precios de los minerales en la última década que llevó a que buena parte del territorio nacional se halle concesionado, sino por el hecho que un número mayor de ciudadanos, organizaciones y comunidades hacen sentir sus puntos de vista acerca del rol de la minería en el Perú, tanto en lo relacionado al aporte económico de las empresas al fisco, como por el cuestionamiento al tipo de relaciones que éstas establecen con las poblaciones del entorno, y a la débil atención que muchas empresas y el Estado dan a los impactos socio ambientales que la actividad minera genera.
En otras palabras, a diferencia de décadas pasadas, en “la cancha” no solo están las empresas mineras con la luz verde del Estado, sino que en ésta han ido haciéndose presentes otros actores que hacen que las reglas de juego establecidas originalmente no respondan a la naturaleza de los partidos que en adelante hay que jugar. Como si esto no fuera suficiente, el cambio climático se convierte en un serio e ineludible proceso que no puede dejarse de lado a la hora de formular esas nuevas reglas de juego.
¿Qué está a la base de los conflictos?
Un punto en el que se hacen más evidentes las diferencias es el relacionado a qué es lo que produce el conflicto.
Para Pablo de la Flor existiría una relación directa entre el boom del alza del precio de los minerales y el incremento d e la conflictividad social. Desde su perspectiva, las razones del conflicto tendrían que ver básicamente con el afán de las personas y de las comunidades por obtener la mayor tajada posible de beneficios económicos provenientes de la explotación minera. Desde esta perspectiva, el alza del precio de los minerales incrementó las expectativas e hizo de las poblaciones más exigentes con las empresas y el estado. Desde este punto de vista no habría otras razones que la disputa por el acceso a los beneficios económicos de la actividad minera.
Si bien esta es una de la razones que explica los conflictos como el acontecido en Tintaya el año 2005 o entre Tacna y Moquegua por la distribución del canon minero más recientemente, no da cuenta de casos como el de Tambogrande y Majaz en Piura en los que lo que estaba en discusión eran otros asuntos relacionados más bien a opciones de las personas por determinadas formas de vida y por actividades productivas distintas a la minería. .
Desde esa lógica “economicista” la defensa que las comunidades y productores agrarios realizan del medio ambiente y del uso racional de los recursos no sería sino una suerte de estrategia para obtener en el futuro más altas compensaciones de parte de las empresas mineras. De este modo se reduce de manera simplista los intereses de las personas y de las comunidades a la obtención de la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible.
Los conflictos ¿causa y consecuencia?
La pregunta es importante, ya que define a la forma de tratar los conflictos. Desde lo hasta aquí dicho, los conflictos son una consecuencia de un Estado que funciona ineficientemente o que se resiste, junto a un sector de empresas, a modificar las reglas de juego existentes que no corresponden a la situación de la actividad minera y de los actores relacionados directa o indirectamente a ella.
Por tanto si se busca enfrentar los conflictos de manera democrática se requiere por lo menos:
• Políticas dirigidas a fortalecer la gestión regional y local, decisión más urgente aún si tenemos en cuenta que en el futuro los recursos del canon tenderán a reducirse por lo que se requerirá mejorar significativamente la eficacia y calidad del gasto público.
• Decisión gubernamental para promover una política de ordenamiento territorial que teniendo en cuenta el cambio climático, permita ordenar de mejor manera las decisiones sobre el uso de los recursos naturales, promoviendo que sobre la base de estas políticas las demás decisiones sean en lo posible de carácter regional y ojala, algún día, de carácter macroregional.
• Decisión gubernamental y empresarial para asumir la demanda que los ciudadanos y las comunidades plantean de ser activos involucrados en las decisiones relacionadas a la actividad minera.
¿Es posible que los conflictos desaparezcan?
Coincido con los autores de la publicación motivo de este artículo cuando afirman que los conflictos: “… se darán en la medida en que existan intereses contradictorios, en tanto hayan disputas por poder y visiones contrapuestas respecto a modos de vida, estilos de desarrollo, etc. Lo que pretendemos es que los conflictos y, de darse, también las protestas, se puedan encauzar institucional y pacíficamente. De lo que se trata es que la negociación y las disputas políticas puedan darse abierta y democráticamente, sin imposiciones ni inequidades. Para esto, lo que aquí se propone es ubicar los conflictos en un nuevo entorno institucional, en un terreno común donde los actores involucrados puedan tener cabida, y donde todos sientan que sus intereses son tomados en cuenta”
Denuncia a defensores del medio ambiente: ¿Una nueva estrategia?
Por: José De Echave
Fuente: Coordinadora Nacional de Radio
10/02/2009
La Dirección de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (DININCRI) de la Policía Nacional, ha abierto una investigación contra la comunicadora Maria Isabel Ferreira, de la ONG LABOR, por presunto delito contra la fe pública y falsedad genérica vía Internet, en agravio de la empresa Doe Run Perú (DRP).
Son varios los años que Maria Isabel Ferreira viene trabajando siguiendo el grave caso de contaminación ambiental que afecta la salud de la población de la localidad de La Oroya. Con su trabajo y el de varios profesionales e instituciones, se ha podido poner en evidencia los reiterados incumplimientos de la empresa DRP en la ejecución de sus compromisos de inversiones ambientales y la grave situación que enfrenta los pobladores de esa localidad. Hoy en día está reconocida como una de las 10 localidades más contaminadas del planeta.
Es preocupante que DRP opte por una estrategia que busca intimidar el trabajo profesional que realiza Maria Isabel Ferreira y no se preocupe en cumplir en serio con sus obligaciones ambientales.
Además, este caso muestra una tendencia preocupante en el comportamiento de algunas empresas, mineras y metalúrgicas, que buscan acallar con denuncias similares a líderes, representantes y miembros de organizaciones civiles que realizan labores de seguimiento y fiscalización. Recordemos que hace algunos meses, una agrupación de pobladores, cercana a la empresa Minera Río Blanco -que opera en la región de Piura-, denunció a 35 líderes y miembros de organizaciones sociales por el delito de terrorismo -sin mayor sustento-, en un claro intento por intimidarlos y debilitar sus iniciativas.
No nos cabe la menor duda que esta iniciativa no prosperará y que Maria Isabel y el equipo técnico que trabaja en este caso, continuarán con su importante labor. Hasta la próxima semana.
Reinicio de los diálogos en el Caso Majaz
Por: Julia Cuadros
Fuente: El Tiempo
11/03/2009
Los permisos legales y los vacíos en la normatividad.
Han hecho falta 2 comuneros fallecidos, 28 torturados, 35 acusados de terrorismo y más de 300 dirigentes, autoridades, funcionarios municipales, especialistas, miembros del equipo técnico, defensores del medio ambiente, procesados judicialmente, dos procesos de diálogo frustrados, una exitosa consulta vecinal y luego 4 meses de gestiones ante la Presidencia del Consejo de Ministros, para que se abran nuevamente las puertas de diálogo entre el Estado y el Frente para el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP) que agrupa a las comunidades campesinas, gobiernos locales y organizaciones defensoras del medio ambiente y que encabeza la lucha por el derechos de las poblaciones involucradas a decidir sobre su propio modelo de desarrollo.
En una loable actitud, el Presidente del Consejo de Ministros, Dr. Yehude Simon, recibió a los dirigentes del Frente que asistieron acompañados por el equipo técnico.
Uno de los acuerdos principales de la reunión fue la presencia de una comisión de la Unidad de Conflictos de la PCM, quien visitará en los próximos días las provincias de Ayavaca y Huancabamba en Piura, y San Ignacio en Cajamarca, para entrevistar a los actores directamente afectados por el conflicto alrededor del proyecto minero Río Blanco y las intenciones de implementar un distrito minero en la sierra de Piura y en la provincia de San Ignacio en Cajamarca.
El Presidente del Consejo de Ministros ha señalado que si se demuestra que la empresa minera no cuenta con los permisos legales de las comunidades campesinas, no habrá nada que discutir con ella. Como recordamos, tanto la Defensoría del Pueblo (noviembre 2006), como la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afrodescendientes, Ecología y Medio Ambiente del Congreso de la República (2008) emitieron sendos informes que dan cuenta que la empresa minera no cuenta con los permisos legales de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas de Huancabamba y Yanta de Ayavaca.
Incluso las dos comunidades afectadas han denunciado penalmente a los funcionarios de la empresa por el delito de usurpación de tierras; en el caso de la comunidad de Yanta, el proceso judicial se ha iniciado luego que el Fiscal acusara por delito de usurpación agravada contra la comunidad de Yanta, fraude procesal contra la Administración Pública y delito contra la ecología en agravio del Estado; y en el caso de la comunidad de Segunda y Cajas, se encuentra en proceso de investigación fiscal, estando por realizarse la inspección ocular en los próximos días.
Esta situación también ha sido considerada por el Ministerio de Energía y Minas – MINEM, con motivo de las dos últimas solicitudes para ampliar la etapa de exploración presentadas por la Empresa Minera Majaz en el 2007 y luego por la Empresa Minera Río Blanco en septiembre de 2008. La empresa minera desistió de ambas solicitudes, debido a que no ha podido levantar las observaciones señaladas por el MINEM, entre las que se encuentran justamente la observación presentada tanto por las autoridades y comunidades como por la Red Muqui y expertos internacionales, de que esta empresa minera, ahora en manos del consorcio chino Zijin no cuenta con la autorización según la legislación peruana para realizar actividades en los territorios de las comunidades.
Sin embargo, a pesar de las declaraciones de los funcionarios de la empresa chino-británica de que no realizarán actividades en la zona, el procedimiento administrativo continúa su curso, ya que existe un serio vacío en la legislación minera, al no existir una instancia del Estado que verifique si la documentación presentada, donde supuestamente las comunidades dan su autorización a la empresa minera para realizar operaciones en su territorio, se ajusta a la ley.
Solamente está lo dispuesto en el “Art. 7° del Reglamento Ambiental para Actividades de Exploración Minera, aprobado por DS N° 020-2008-EM que señala que el titular tendrá que contar con los permisos de Uso del Terreno Superficial para iniciar actividades de exploración”; tal como lo señala el Informe N° 1417-2008/MEM-AAM/WBF/WAL/JPF, referido al Estudio de Impacto Ambiental Semi detallado presentado por la empresa minera Río Blanco para la ampliación de la fase de exploración.
Igualmente este informe señala que la empresa debe tomar “en consideración que el Art. 15° del mencionado Reglamento y literal c) del artículo 23° del Reglamento de Procedimientos Mineros de la Ley General de Minería, establecen la obligación del titular minero a contar con la autorización de uso del terreno superficial, además de la certificación ambiental, para el inicio de sus operaciones, ya que de darse el caso, si la DGAAM emitiera una resolución que aprobara el EIAsd del proyecto de exploración minera Río Blanco Programa de exploración 2008-2010, esta no otorgaría al titular minero el derecho a usar, poseer, disfrutar, disponer o ejercer cualquier otro derecho sobre terrenos superficiales de propiedad de terceros, los cuales se rigen por la legislación de la materia. El incumplimiento de dicha obligación es materia de sanción…”
¿Quién verifica si la empresa cuenta con los permisos legales, y quién sanciona? Son preguntas clave que deben responderse. ¿En qué momento del trámite administrativo el MINEM se da “cuenta” que la empresa no está cumpliendo con la legislación?
¿Quién tiene que demostrar que la empresa cuenta o no cuenta con los permisos de los propietarios de los terrenos superficiales, para que en caso de incumplimiento sea motivo de sanción, según lo señalado por el propio ministerio?
Esta situación que se aprecia en el caso del proyecto minero Río Blanco trasciende el caso de Majaz y tiene serias implicancias a nivel nacional. Muchos de los conflictos socioambientales en curso tienen este tema como una de sus causas más visibles.
Se requiere modificar sustancialmente la legislación, y para ser coherentes transferir las funciones de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y fiscalización a la autoridad ambiental.
¿Qué pasa con el proyecto Río Blanco?
Por: José De Echave
Fuente: Coordinadora Nacional de Radio
03/02/2009
La semana pasada una noticia, sobre el cuestionado proyecto Río Blanco, ha llamado la atención. La empresa de origen chino, Río Blanco Copper S.A., se desistió del procedimiento de aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd), ante la imposibilidad de levantar las observaciones hechas al mismo y cuyo plazo vencía el 23 de enero de 2009.
Cabe recordar que la empresa había presentado esta solicitud para ampliar sus actividades de exploración hasta el año 2,010. Ante la solicitud, un informe de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía Minas (informe 1417-2008-MEM/AAM/WBF/WAL/SPF), emitió una serie de observaciones que la empresa debía levantar.
Entre las observaciones presentadas figuraban el cuestionamiento a la titularidad de Río Blanco sobre las concesiones Cirrosis I, II y V, así como la validez de los permisos de uso de terreno superficial. Es decir, que hasta la fecha, la minera no ha pedido acreditar la legalidad de su presencia en la zona.
No debemos olvidar que la Dirección General de Asuntos Ambientales emitió un autodirectorial la 0032-2009/MEMAAM-, donde negó el pedido de prórroga de 70 días que había solicitado la empresa minera para poder levantar las observaciones.
El desistimiento planteado por la empresa nuevamente pone en evidencia las irregularidades del proyecto, así como su incapacidad para aclarar todas las dudas que existen en torno a la viabilidad del proyecto. Hay que tener en cuenta que esta situación se presenta precisamente cuando se ha mostrado que el grupo chino Zijin -titular de las concesiones de Río Blanco y Mayarí S.A.C.- intenta crear un distrito minero de carácter transfronterizo.
Debemos tener en cuenta que este es el segundo intento que hace la empresa Río Blanco de ampliar sus exploraciones. El 12 de junio de 2006, Minera Majaz (ahora Minera Río Blanco Copper S.A.), también solicitó la modificación del Estudio o Evaluación Ambiental (EA), para ampliar el plazo de la Evaluación Ambiental, de noviembre de 2006 a junio de 2008, así como ampliar sus actividades. En esa ocasión también se desistió frente a los cuestionamientos que se presentaron.
Ahora, en el actual contexto, ¿qué significa un nuevo desistimiento? Quizás que la empresa ha decidido sacar el pie del acelerador y cambiar de estrategia. Ante los embates de la crisis internacional, pero también por la férrea oposición al proyecto de las poblaciones vecinas, el escándalo de las fotos que confirman las torturas a pobladores, ronderos y hasta periodistas; la estrategia de la empresa china parece ser que apuntase a esperar mejores tiempos y que “las aguas se calmen”. Habrá que ver como se diseñan los próximos capítulos de este conflicto minero emblemático.
Majaz: Se confirma interés gubernamental por promover un Distrito Minero
Por: Fernando Romero
Fuente: Diario El Tiempo
28/01/2009
¿Y el impacto en el desarrollo regional y la institucionalizad democrática?
El 27 de diciembre del 2008 se publicó en El Peruano el Decreto Supremo 024-2008-DE, declarando de interés público la inversión privada en actividades mineras en la zona de frontera en la región Piura, autorizando por este medio 35 concesiones mineras al Consorcio Zijin. Con esta disposición no solo se haría más evidente la decisión del Ejecutivo por fortalecer su alianza estratégica con las inversiones y el gobierno chinos para la explotación de recursos mineros, sino que se confirmaría, de concretarse estos proyectos en Piura, la conformación de un gran Distrito Minero, que tendría además conexión con inversiones similares en territorio ecuatoriano. Por la envergadura del mismo, sus posibles impactos en las demás actividades económicas de la región, en la biodiversidad, en la provisión de los recursos hídricos y en el ambiente no habrían sido debidamente analizados por el Estado peruano.
Hace ya cerca de dos años el Peru Support Group (PSG), una organización británica de ciudadanos interesados en el Perú, elaboró un informe sobre el proyecto Río Blanco , a través de una delegación de profesionales de alto nivel que visitó Carmen de la Frontera y entrevistó en Piura y Lima a una serie de personas involucradas con el mismo. El informe cobra actualidad en la medida que uno de sus aspectos más saltantes fue su llamada de alerta respecto a la posibilidad del establecimiento de un distrito minero en las provincias de Huancabamba y Ayabaca.
A continuación buscaré hacer una síntesis de algunos de los temás más importantes del informe, relacionados con la decisión del gobierno peruano de autorizar estas 35 concesiones.
1. La decisión que se tome sobre el Proyecto Río Blanco tendrá un impacto de largo plazo en el desarrollo regional de Piura y de regiones colindantes
El informe del PSG sostiene que, a diferencia de Cajamarca donde las decisiones más importantes relacionadas respecto al rol de la minería en la economía regional ya habían sido tomadas, en el caso de Piura aún existía la oportunidad de considerar diversas opciones de desarrollo y considerar previamente sobre el posible impacto futuro de esas decisiones.
El informe sostenía que “Sea que el Proyecto Río Blanco siga adelante o no, y cómo lo haga, influirá mucho en la definición de la naturaleza que tendrá desarrollo regional en Piura. Sea que el proyecto Río Blanco siga adelante o no, tendrá una influencia significativa en cuánto y cuán rápidamente el MINEM (Ministerio de Energía y Minas) y el sector minero podrán abrir una frontera de expansión en el norte del Perú” (p.67).
Parte del impacto identificado, y al cuál se debió prestar mayor atención antes de tomar la decisión contemplada en el DS 024-2008 esta relacionado a los recursos hídricos. El informe del PSG al respecto sostiene que si el proyecto Río Blanco “y otras concesiones adyacentes son efectivamente convertidas en proyectos, esto afectaría la cabecera de las aguas que se dirigen tanto hacia el Pacífico como hacia el Atlántico..” afectando a un número de poblaciones mucho mayor que aquellas circundantes al original Proyecto Majaz.
El informe añade, “Si la empresa (en ese entonces Monterrico Metals) tiene razón en que el proyecto (Río Blanco) liderará un desarrollo minero mucho más amplio en la región, el impacto ambiental será mucho más grande y es extremadamente probable que afecte la calidad y cantidad del agua que llega a la vertiente occidental de los Andes de Piura. La delegación no está en posibilidad de evaluar los efectos probables de tal distrito minero dado que no existe un diseño respecto al cual evaluarlos. Sin embargo, existen razones para creer que podrían ser reales y potencialmente significativos.” (p. 71)
Sugiere además que esto impactos deberían ser examinados “...desde una perspectiva estratégica, con calma, tiempo y sobre la base de muchas más información (y más legítima) de la que existe actualmente. Se trata de una decisión que debe ser tomada con cuidado y humildad...”
2. La población afectada constata la inoperancia de los mecanismos democráticos y desconfía de las instituciones públicas
El informe plantea, luego de describir las diversas acciones tomadas por las comunidades de Segunda y Cajas y de Yanta para hacer respetar sus derechos, que el caso Majaz muestra, “dramáticamente- cómo la protesta no violenta y el proceso democrático han decepcionado completamente a las poblaciones locales. Las quejas formales presentadas por las comunidades de Segunda y Cajas y Yanta, en las que insistieron en que sus asambleas no otorgaron su permiso a al empresa para estar en sus tierras, no dio lugar a un cambio o a una respuesta alguna por parte de la compañía o del MINEM (...). Las fuerzas de la ley y el orden y el sistema judicial han defendido los intereses de la empresa, pero no los de la población local. Y la población local ha sido mantenida durante mucho tiempo a oscuras respecto a un proyecto que está desarrollándose en sus tierras y que es presentado por la propia empresa en círculos nacionales e internacionales como, potencialmente, la más grande mina de cobre del Perú y la segunda de América Latina”.
Lo acontecido durante estos dos años no ha hecho sino confirmar varias de las preocupaciones expuestas por las comunidades y autoridades locales, por la delegación de profesionales británicos y por expertos peruanos. Podríamos concluir ante esta evidencia que la cerrazón gubernamental es inmune a las diversas señales y manifestaciones de preocupación, alarma y protesta. Sin embargo, el nuevo escenario internacional abre una opción para revisar nuestros paradigmas y relativizar el argumento que coloca el motor de le economía en la exportación y en la venta a cualquier costo de nuestros recursos. Ese mismo escenario puede ayudarnos a darle un lugar más estratégico a nuestra biodiversidad y nuestros ecosistemas en el desarrollo regional y en la reproducción de la vida en el planeta. Aun es posible decidir de manera democrática qué tipo de desarrollo regional es el que Piura desea.