Las consultas ciudadanas

Por: José De Echave
Fuente: Coordinadora Nacional de Radio
13/10/2009

Hace un par de semanas fue organizada una nueva consulta ciudadana en torno a un proyecto minero en nuestro país. En esta ocasión fueron varios distritos en la provincia arequipeña de Islay.

Como ha ocurrido en otros lugares del país, la población de esta provincia está preocupada por el avance de la minería en varios de sus distritos: el proyecto principal es Tía María de Southern Peru, aunque hay una larga lista de otras concesiones y empresas mineras que ya ocupan más del 50% de toda la provincia de Islay.

Lo cierto es que esto no solo pasa en el Perú. En diferentes países, los conflictos generados en torno a la actividad minera han provocado reacciones similares. Las demandas de las diferentes organizaciones de pobladores se orientan principalmente a generar nuevos y mayores mecanismos de participación ciudadana y la posibilidad de influenciar en la toma de decisiones sobre los proyectos que se desarrollan en sus tierras.

En medio de marcos legales que son percibidos como adversos a sus intereses y restrictivos en cuanto a la generación de verdaderos mecanismos de participación ciudadana, se han comenzado a generar algunas iniciativas relevantes que si bien no llegan a modificar las reglas de juego imperantes, si han logrado incidir en el desarrollo de algunos proyectos específicos; es el caso de las denominadas consultas vecinales. En América Latina, la primera consulta fue la de Tambogrande en Piura1, luego la de Esquel en Argentina2 y la de Sipacapa en Guatemala3; Majaz/Río Blanco también Piura, algunas más en América Central y ahora la de Islay en Arequipa.

En el caso del proyecto minero de Tambogrande, la polémica giró en torno a la coexistencia entre minería y agricultura, el desplazamiento de un sector importante de la zona urbana del distrito y el desvío del río principal de la zona. La municipalidad distrital de Tambogrande decidió convocar a una consulta y el resultado fue contundente NO al proyecto minero.

En Esquel en la provincia de Chubut, nada menos que en plena Patagonia Argentina, las autoridades municipales y las principales organizaciones de la población organizaron un plebiscito el 23 de marzo de 2003 buscando preservar de actividades extractivas un ecosistema importante: el 81% de la población votó en contra del proyecto aurífero que pretendía desarrollar la empresa canadiense Meridian Gold.

En el caso de Guatemala, el 18 de junio de 2005, vecinos del municipio de Sipacapa en el departamento de San Marcos, votaron en contra del proyecto de oro y plata que pretende desarrollar la empresa Montana Exploradora. El proyecto afectaba poblaciones indígenas de ese país.
Todas estas iniciativas de consulta, al margen de sus particularidades, han generado debates similares: si las consultas tienen efecto vinculante o no; las implicancias del Convenio 169, que casi todos los gobiernos de la región han firmado; la legislación minera y la participación ciudadana, etc. Y el debate continúa.

En el Perú, luego de los sucesos de Bagua, una Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo, luego de analizar la situación, instó el año pasado al gobierno peruano a avanzar inmediatamente en el diseño de mecanismos apropiados de participación y consulta de los pueblos indígenas. También lo exhortó a que se consulte a los pueblos antes de la adopción de las medidas que puedan afectar sus derechos.

Todo indica que el tema de la consulta y la creación de nuevos mecanismos de participación ciudadana seguirán siendo evaluados en la mayoría de países que cuentan con una presencia relevante de industrias extractivas y en donde las poblaciones demandan nuevos mecanismos innovadores orientados a generar una verdadera participación ciudadana. El Perú no es la excepción.