Un ejemplo de justicia

Por: Fernando Romero
Fuente: El Tiempo
28/10/2009

Llama favorablemente la atención que una corte británica haya ratificado el congelamiento de por lo menos cinco millones de libras en activos (alrededor de 8 millones de dólares) de la empresa minera Monterrico Metals, ante la solicitud de los abogados que representan a un grupo de ronderos y ronderas que, según la denuncia fue torturado física y psicológicamente por policías presentes en el campamento con la anuencia de funcionarios de la mencionada empresa. La demanda sostiene además que un rondero habría muerto desangrado luego de 36 horas de agonía, debido a la falta de atención.

Como señala la abogada Emma Gómez en un artículo sobre el tema “El fallo de la corte británica ha hecho primar el principio que las multinacionales son jurídicamente responsables por las violaciones de derechos humanos que sucedan en sus actividades en el extranjero.”

La medida busca asegurar que al final del proceso, si la empresa resultara culpable de los cargos, existan los recursos necesarios para cubrir la compensación que la corte establezca.
Decíamos que nos llama la atención ya que en el Perú no es común que los tribunales tomen decisiones favorables para quienes tienen menos poder político o económico; más aún si son personas involucradas en protestas dirigidas a defender sus derechos ante empresas que cuentan con el respaldo del gobierno de turno.

Sin caer en la idealización del sistema de justicia británico, en este caso queda claro que éste puso por delante a cualquier otra consideración el interés por garantizar las condiciones para que el proceso no sólo cumpla con las formalidades, sino que las víctimas puedan ser efectivamente resarcidas.

No cabe duda que este proceso es de suma importancia ya que, antes de haber culminado, viene sentando precedentes que debería llevar a que las empresas transnacionales (y ojala también las nacionales) tengan mucho más cuidado en el respeto de los derechos humanos de las personas que se hallan en los ámbitos en los que desarrollan sus actividades.

La ofensiva contra AIDESEP

A diferencia de lo que vemos en el desempeño de la justicia británica para el caso Majaz, en el Perú la justicia quiere ser utilizada, por un sector del ejecutivo, para amedrentar a los líderes y organizaciones indígenas que encabezaron la lucha amazónica, que consiguió derogar algunos de los decretos legislativos del perro del hortelano y obligó al premier Yehude Simon, a instaurar un proceso de diálogo, como una manera de reducir la desaprobación nacional e internacional que el gobierno recibió por su desempeño en Bagua.

A los juicios abiertos, apenas producidas los lamentables sucesos de Bagua, contra cientos de dirigentes como Alberto Pizango y Santiago Manuín, acusándolos de ser los autores intelectuales de la muerte de los efectivos de la policía; se suma ahora la denuncia formulada por un juez de Yurimaguas contra el Apu Bladimiro Tapayuri Murayari, coordinador de una de las mesas que se constituyeron para efectivizar el proceso de diálogo. La decisión de juez impone además restricciones a su desplazamiento. Es claro que esta medida además de ser una amenaza, se convierte en un obstáculo para que este dirigente siga participando en la coordinación de la mesa a su cargo.

La confirmación que se trataría de una ofensiva gubernamental, contra el movimiento social que supuso el mayor escollo a las políticas de Alan García sobre la entrega sin condiciones de los recursos naturales a la gran inversión, es la solicitud del Ministerio de Justicia, por intermedio de su procuradora, para la disolución de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) porque “esta organización viene infringiendo flagrantemente sus propios principios al venir realizando acciones que contravienen el orden público y el estado de derecho”.

¿Cómo entender esta decisión cuando AIDESEP participa activamente en el proceso de diálogo y sus dirigentes coordinan varias de las mesas constituidas con representantes de diversos organismos públicos? ¿Promover la disolución de la más importante organización indígena y perseguir a sus dirigentes no es una manera de bloquear el diálogo y pretender imponer nuevamente el punto de vista que el presidente García representa y que fue derrotado anteriormente? ¿Este tipo de iniciativas no son las que generan inestabilidad y alimentan el conflicto en la medida que incumplen los compromisos que el gobierno asumió?

En este momento la solicitud está en manos del Ministerio Público. ¿La declarará sin fundamento o cederá ante el poder político?