Rechazamos la violencia y lamentamos la muerte de personas inocentes

Por: Julia Cuadros
Fuente: El Tiempo
18/11/2009

Los acontecimientos del pasado 1 de noviembre en el Campamente Henry´s Hills en El Carmen de la Frontera, nos dejan con una sensación de dolor y frustración. Nuevamente en Huancabamba se viven hechos de violencia, y como siempre los más afectados son los ciudadanos de a pie. El lamentable saldo de 3 personas muertas es un hecho que no debe quedar en la impunidad. Desde aquí hacemos público nuestro rechazo a todo tipo de violencia, venga de donde venga. Por ello es que exigimos la constitución de una Comisión Investigadora del Congreso de la República que garantice seriedad, agilidad, transparencia y justicia en la identificación de los autores de estos hechos luctuosos; asimismo saludamos la intervención de la Defensoría del Pueblo para garantizar un accionar probo de las autoridades competentes.

Muchas son las hipótesis que se están barajando; sin embargo, consideramos que está fuera de orden que las autoridades o funcionarios se estén pronunciando públicamente, adelantando opinión y afectando la honra de las personas. Definitivamente no puede deducirse que según el tipo de armas que se hayan utilizado se pueda sospechar que fueron las rondas campesinas quienes atacaron el campamento. Es una irresponsabilidad hacerlo.

Hace 20 meses quien escribe junto a otras 34 autoridades, funcionarios, dirigentes comuneros y ronderos, fuimos acusados falsamente de terrorismo y otros delitos, por una organización creada ad-hoc para este fin. Tuvo que pasar un año y medio para que la denuncia fuera archivada y esa decisión fuera consentida. Al igual que en esa oportunidad, en que se nos denunció sin pruebas, y se dañó nuestra imagen, se sembró la duda y se nos calumnió; se nos perjudicó, puso en zozobra a nuestras familias, puso en riesgo nuestra seguridad como ciudadanos. Hoy se intenta hacer algo parecido, cuando se lanzan acusaciones infundadas contra los dirigentes de las comunidades y las rondas, con el agravante de que las personas que están siendo detenidas y luego puestas en libertad, están siendo amedrentadas y maltratadas con la finalidad de que señalen responsables, cuando ya sabemos que una declaración obtenida bajo coacción es ilegal y no es confiable.

Nos preguntamos a quién favorece un acto de esta naturaleza. Lamentablemente las fuerzas del orden están actuando sin respetar los derechos humanos de las personas que son detenidas, las que son maltratadas física, verbal y psicológicamente. Un acto de violencia así, hace más vulnerables a los pobladores de El Carmen de la Frontera, los expone a maltratos y a la violación de sus derechos, pero además este es un hecho con el que se pretende desacreditar frente a la opinión pública a los y las dirigentes de la comunidad campesina de Segunda y Cajas, a las Rondas Campesinas y otras organizaciones de la población huancabambina. No es la primera vez que se violan los derechos de la población de la frontera norte. El Caso Río Blanco ha mostrado más de una vez claras vulneraciones a los derechos de los comuneros, como es el caso de la tortura a 28 campesinos que participaron en la primera marcha al campamento minero, caso por el cual la Alta Corte de Inglaterra ha congelado los activos de Monterrico Metals, matriz inglesa de la Empresa Minera Río Blanco Copper, a fin de garantizar las indemnizaciones a las víctimas de tortura y a los familiares de los dos comuneros fallecidos durante las marchas.

La Presidencia del Consejo de Ministros se reúne con todos menos con los directamente afectados, y se adelanta opinión sobre la necesidad de instalar una base militar en la zona, acción a la que se suman los empresarios mineros que están dispuestos a apoyar logísticamente estas acciones para garantizar la tranquilidad en las zonas donde existen conflictos. El Estado no puede dejar de lado su rol de garante de los derechos de la población en aras de proteger la inversión privada.

Los conflictos hay que abordarlos, transformarlos, atenderlos, no ponerles bases militares. En el caso de Río Blanco la mesa de diálogo se ha frustrado en numerosas oportunidades y con esta nueva gestión de la PCM se ha traslado al Ministerio de Energía y Minas. Las autoridades locales, comunidades y rondas campesinas, frentes de defensa, que forman parte del Frente para el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, continúan insistiendo en la reanudación de un diálogo legítimo que aborde los temas clave de la agenda del Caso Río Blanco: la ilegal presencia de la empresa minera en los territorios de las comunidades (por ello es que la empresa Río Blanco Copper ha tenido que desistir hasta en dos oportunidad de ampliar la fase de exploración, ya que el propio MINEM le ha observado la necesidad de que presenten los permisos legales de las comunidades involucradas, documentos que no han podido presentar), la necesidad de realizar una evaluación ambiental estratégica, que trascienda los impactos de un proyecto minero y evalúe los impactos acumulativos de varios proyectos mineros, como se viene configurando en la frontera norte con el nuevo distrito minero.

Lamentablemente quien sale beneficiada con este suceso violento es la propia empresa Río Blanco Copper, situación que podría hacer perder de vista a la opinión pública que la empresa no cuenta con los permisos legales de las comunidades, situación avalada por el MINEM quien con un trámite administrativo ha autorizado su permanencia en la zona por dos años más para actividades de rehabilitación; vulnerando el derecho a la propiedad de las comunidades campesinas que hasta la fecha no han dado su autorización para que la empresa ocupe sus territorios. ¿Puede un trámite administrativo reemplazar la voluntad y vulnerar los derechos de las comunidades campesinas? Hace 2 años, el 16 de septiembre de 2007, la población y las comunidades, con el liderazgo de sus autoridades municipales se pronunciaron en contra de esa vulneración de derechos.