Majaz: Se confirma interés gubernamental por promover un Distrito Minero

Por: Fernando Romero
Fuente: Diario El Tiempo
28/01/2009

¿Y el impacto en el desarrollo regional y la institucionalizad democrática?

El 27 de diciembre del 2008 se publicó en El Peruano el Decreto Supremo 024-2008-DE, declarando de interés público la inversión privada en actividades mineras en la zona de frontera en la región Piura, autorizando por este medio 35 concesiones mineras al Consorcio Zijin. Con esta disposición no solo se haría más evidente la decisión del Ejecutivo por fortalecer su alianza estratégica con las inversiones y el gobierno chinos para la explotación de recursos mineros, sino que se confirmaría, de concretarse estos proyectos en Piura, la conformación de un gran Distrito Minero, que tendría además conexión con inversiones similares en territorio ecuatoriano. Por la envergadura del mismo, sus posibles impactos en las demás actividades económicas de la región, en la biodiversidad, en la provisión de los recursos hídricos y en el ambiente no habrían sido debidamente analizados por el Estado peruano.

Hace ya cerca de dos años el Peru Support Group (PSG), una organización británica de ciudadanos interesados en el Perú, elaboró un informe sobre el proyecto Río Blanco , a través de una delegación de profesionales de alto nivel que visitó Carmen de la Frontera y entrevistó en Piura y Lima a una serie de personas involucradas con el mismo. El informe cobra actualidad en la medida que uno de sus aspectos más saltantes fue su llamada de alerta respecto a la posibilidad del establecimiento de un distrito minero en las provincias de Huancabamba y Ayabaca.

A continuación buscaré hacer una síntesis de algunos de los temás más importantes del informe, relacionados con la decisión del gobierno peruano de autorizar estas 35 concesiones.

1. La decisión que se tome sobre el Proyecto Río Blanco tendrá un impacto de largo plazo en el desarrollo regional de Piura y de regiones colindantes

El informe del PSG sostiene que, a diferencia de Cajamarca donde las decisiones más importantes relacionadas respecto al rol de la minería en la economía regional ya habían sido tomadas, en el caso de Piura aún existía la oportunidad de considerar diversas opciones de desarrollo y considerar previamente sobre el posible impacto futuro de esas decisiones.

El informe sostenía que “Sea que el Proyecto Río Blanco siga adelante o no, y cómo lo haga, influirá mucho en la definición de la naturaleza que tendrá desarrollo regional en Piura. Sea que el proyecto Río Blanco siga adelante o no, tendrá una influencia significativa en cuánto y cuán rápidamente el MINEM (Ministerio de Energía y Minas) y el sector minero podrán abrir una frontera de expansión en el norte del Perú” (p.67).

Parte del impacto identificado, y al cuál se debió prestar mayor atención antes de tomar la decisión contemplada en el DS 024-2008 esta relacionado a los recursos hídricos. El informe del PSG al respecto sostiene que si el proyecto Río Blanco “y otras concesiones adyacentes son efectivamente convertidas en proyectos, esto afectaría la cabecera de las aguas que se dirigen tanto hacia el Pacífico como hacia el Atlántico..” afectando a un número de poblaciones mucho mayor que aquellas circundantes al original Proyecto Majaz.

El informe añade, “Si la empresa (en ese entonces Monterrico Metals) tiene razón en que el proyecto (Río Blanco) liderará un desarrollo minero mucho más amplio en la región, el impacto ambiental será mucho más grande y es extremadamente probable que afecte la calidad y cantidad del agua que llega a la vertiente occidental de los Andes de Piura. La delegación no está en posibilidad de evaluar los efectos probables de tal distrito minero dado que no existe un diseño respecto al cual evaluarlos. Sin embargo, existen razones para creer que podrían ser reales y potencialmente significativos.” (p. 71)

Sugiere además que esto impactos deberían ser examinados “...desde una perspectiva estratégica, con calma, tiempo y sobre la base de muchas más información (y más legítima) de la que existe actualmente. Se trata de una decisión que debe ser tomada con cuidado y humildad...”


2. La población afectada constata la inoperancia de los mecanismos democráticos y desconfía de las instituciones públicas

El informe plantea, luego de describir las diversas acciones tomadas por las comunidades de Segunda y Cajas y de Yanta para hacer respetar sus derechos, que el caso Majaz muestra, “dramáticamente- cómo la protesta no violenta y el proceso democrático han decepcionado completamente a las poblaciones locales. Las quejas formales presentadas por las comunidades de Segunda y Cajas y Yanta, en las que insistieron en que sus asambleas no otorgaron su permiso a al empresa para estar en sus tierras, no dio lugar a un cambio o a una respuesta alguna por parte de la compañía o del MINEM (...). Las fuerzas de la ley y el orden y el sistema judicial han defendido los intereses de la empresa, pero no los de la población local. Y la población local ha sido mantenida durante mucho tiempo a oscuras respecto a un proyecto que está desarrollándose en sus tierras y que es presentado por la propia empresa en círculos nacionales e internacionales como, potencialmente, la más grande mina de cobre del Perú y la segunda de América Latina”.

Lo acontecido durante estos dos años no ha hecho sino confirmar varias de las preocupaciones expuestas por las comunidades y autoridades locales, por la delegación de profesionales británicos y por expertos peruanos. Podríamos concluir ante esta evidencia que la cerrazón gubernamental es inmune a las diversas señales y manifestaciones de preocupación, alarma y protesta. Sin embargo, el nuevo escenario internacional abre una opción para revisar nuestros paradigmas y relativizar el argumento que coloca el motor de le economía en la exportación y en la venta a cualquier costo de nuestros recursos. Ese mismo escenario puede ayudarnos a darle un lugar más estratégico a nuestra biodiversidad y nuestros ecosistemas en el desarrollo regional y en la reproducción de la vida en el planeta. Aun es posible decidir de manera democrática qué tipo de desarrollo regional es el que Piura desea.