Incremento de las concesiones mineras en la región Piura

Por: Julia Cuadros
Fuente: El Tiempo
29/07/2009

Necesaria revisión de la política nacional de concesiones mineras.


A fines del mes de Junio, CooperAcción adquirió información sobre Concesiones Mineras en el INGEMMET, organismo encargado, entre otras funciones, de otorgar los títulos y registrar las concesiones mineras en el Perú. Con preocupación nos hemos percatado que el número de hectáreas concesionadas en la Región Piura se ha incrementado de 25.4% a 26.2% entre Enero y Junio del presente año; lo que a nivel regional es un incremento relativamente poco significativo, este incremento es más visible en las provincias de la sierra de Piura. El 35.3% de la provincia de Ayavaca se encuentra bajo concesión minera, mientras que el 28% del territorio de la provincia de Huancabamba está en la misma situación.

Esta situación nos hace reflexionar sobre las intenciones de convertir Piura en una nueva región minera. Hace algunos meses habíamos advertido que en Piura se estaban configurando 4 distritos mineros: el del distrito de Suyo en Ayavaca, el del distrito de El Carmen de la Frontera donde se encuentra el proyecto minero Río Blanco; el del distrito de Tambogrande en Piura en donde la empresa minera Buenaventura ha adquirido las concesiones de la empresa Manhattan; y por último el del distrito de Sechura donde se encuentran los yacimientos de Bayóvar de minería no metálica.

Sin embargo en la última información a la que hemos tenido acceso, dos nuevas empresas mineras: la transnacional norteamericana Newton, copropietaria de la empresa minera Yanacocha es titular de 19,071 hectáreas ocupa el segundo lugar según el tamaño de la concesión minera en la provincia de Ayavaca; mientras que la empresa canadiense Barrick Misquichilca, quien ha venido desarrollando actividades en las regiones Lambayeque y La Libertad, ocupa el primer lugar con 24,507 hectáreas en la provincia de Huancabamba.

Las empresas en manos de ciudadanos chinos o de capitales chinos como White Rocks International SAC, SMRL New Huancabamba 4, Junefield Mining SAC, Minera Mayarí y Minera Majaz S.A (hoy Minera Río Blanco Copper) siguen en tamaño a las anteriormente mencionadas.

PRINCIPALES TITULARES DE CONCESIONES MINERAS
PROVINCIA DE AYABACA HA
MINERA ATE S.A.C. 23051.2
NEWMONT PERU S.R.L. 19071.7
S.M.R.L. NEW HUANCABAMBA 4 13350.2
JUNEFIELD MINING S.A.C 9539.1
COMPAÑIA MINERA MAYARI S.A.C. 5845.4

PRINCIPALES TITULARES DE CONCESIONES MINERAS
PROVINCIA DE HUANCABAMBA HA
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 24507.9
WHITE ROCKS INTERNATIONAL S.A.C. 21898.9
COMPAÑIA MINERA MAYARI S.A.C. 15839.2
S.M.R.L. NEW HUANCABAMBA 4 9019.1
GMX MINERAALS SOCIEDAD ANONIMA 8647.3
LUIS VARGAS BARBIERI 8042.0
MINERA MAJAZ S.A. 5888.0
JUNEFIELD MINING S.A.C 5404.1

A los capitales chinos ahora se agregan capitales canadienses y norteamericanos, mostrando así el interés de estas empresas mineras por iniciar actividades en la región. La pregunta que nos hacemos es si la población de Piura está dispuesta a cambiar su modelo de desarrollo, que a la fecha se ha basado en actividades agropecuarias, de agro exportación, producción orgánica y turismo. Y ésta, creemos, es una pregunta válida, en la medida en que las intenciones de realizar minería afectarán las nacientes de los ríos y los páramos andinos donde se produce el agua que consume Piura; afectarán el esfuerzo realizado desde el Estado y desde la empresa privada para hacer del desierto unos valles altamente productivos, a través de la inversión realizada en los reservorios de San Lorenzo y Poechos.

El conflicto socio ambiental por el proyecto minero Río Blanco se convierte así en la piedra angular de una decisión de carácter estratégico. Todos los otros proyectos mineros están a la espera de que Río Blanco se eche a andar para iniciar sus propias operaciones.

La legislación nacional, al igual que muchas legislaciones en el mundo señala que el subsuelo es de propiedad estatal; sin embargo; también señala que para realizar cualquier tipo de actividad sobre el suelo las empresas deben contar con la autorización de los propietarios de los terrenos superficiales. Esta política es causa, la más de las veces, de los conflictos entre los propietarios de las tierras y las empresas mineras; en la medida en que las decisiones se toman en forma centralizada, sin tomar en cuenta que esos territorios se encuentran habitados por personas, por familias, y que están dentro de las circunscripciones de los municipios distritales y provinciales. La propia legislación nacional establece que los gobiernos locales tienen la obligación de liderar los procesos de planificación concertada del desarrollo y del presupuesto participativo, donde la población organizada, los sectores públicos y privados, con las autoridades a la cabeza se ponen de acuerdo en un modelo, una orientación de su desarrollo, e invierten los recursos de sus presupuestos para hacer realidad su visión de futuro.

A ello debemos agregar que las empresas mineras consideran que por contar con un título de concesión tienen derecho a ingresar a los territorios concesionados, sin pedir la autorización de los legítimos propietarios; contraviniendo la legislación pertinente que promoviendo la inversión privada en las tierras de comunidades campesinas y nativas, protegen los derechos de estas poblaciones.

Esta situación nos hace reflexionar sobre la necesidad de hacer una revisión seria y rigurosa de la política de concesiones mineras, que tome en cuenta los diversos factores que convergen en una decisión de esta naturaleza. No sólo se trata de no otorgar concesiones en Áreas Naturales Protegidas, Santuarios, o Áreas no aptas para el otorgamiento de concesiones mineras, cuyo catastro aún no ha sido hecho público por el Ministerio de Energía y Minas a través del INGEMMET, aunque hace muchos años que el sistema existe. También se trata de tomar en cuenta las decisiones que los gobiernos locales y regionales, que por mandato de la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de regionalización, han iniciado desde hace varios años procesos de desarrollo concertados entre diversos actores, con una importante inversión económica pública y privada y con apoyo en muchos casos de la cooperación internacional o de organismos financieros internacionales a través de préstamos. De igual modo se trata de incluir zonas de protección o no aptas para el otorgamiento de concesiones como son los páramos andinos o las nacientes de cuencas.

Se trata de actuar en los dos niveles, en el nivel local generando información y tomando decisión para proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales, ordenando y gestionando sus territorios, de tal manera de garantizar el desarrollo de las actuales y futuras generaciones, y fortaleciendo la gobernabilidad democrática local y regional. Y en el nivel nacional modificando y mejorando la legislación sobre concesiones mineras.